Opinión
El programa de gobierno del entonces candidato Gabriel Boric, hoy Presidente de la República (“Plan de Gobierno”, Apruebo Dignidad) señalaba que «Para un país dependiente del comercio internacional como Chile, el proceso de cambios en las cadenas globales de valor presenta una oportunidad para mejorar su participación aprovechando su red de acuerdos comerciales; por ello proponemos avanzar en la integración económico-comercial latinoamericana para facilitar la formación de cadenas regionales de valor… [… e …] … impulsaremos la inserción de las Pymes …” en cadenas globales y regionales (pág. 95; mi énfasis). Y ahora, ¿cómo lo haremos, Presidente Boric? ¿Quién debe tomar la iniciativa? ¿Será la ministra Urrejola en la Cancillería? ¿O Esteban Valenzuela en Agricultura?
Ya tenemos la ALADI que —entre sus principios generales— destaca el mandato de trabajar para la “convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano…” y que poco ha logrado en sus casi 42 años de existencia, luego de la firma del Tratado de Montevideo (1980). Si agregamos las incontables declaraciones y aclaraciones de gobernantes latinoamericanos, cabe preguntarse si vale la pena intentarlo nuevamente. Sí, opino que sí debemos intentar nuevamente un proyecto de integración regional, pero intentarlo seriamente. Creo que debemos hacerlo con medidas concretas al alcance de nuestros países, y no con meras declaraciones.
Propongo iniciar un nuevo proyecto de integración con un enfoque parcial —por ahora— y centrado en los temas agroalimentarios. Hay numerosas razones para ello. Para empezar, el comercio agroalimentario es el de mayor dinamismo en los países de la ALADI y esta actividad está presente en todas las economías de Latinoamérica. No obstante, al mismo tiempo, es un sector comercial en el que aún existen numerosas restricciones y/o barreras técnicas o burocráticas. Así, existe un campo enorme para la cooperación y para introducir mejoras. Acá, sobre la base de los acuerdos y el comercio existentes, hay una base real para actuar rápidamente y —una vez removidas las actuales barreras— pasar a un “mercado libre agrícola y alimentario” y luego a un “mercado común”.
Durante el período de 2017 al 2020, los miembros de la ALADI importaron desde la Asociación productos agrícolas y alimentos por un valor promedio de alrededor de los $26.096 millones de dólares anuales. Esta cifra representa más del 36% del total de las importaciones de ALADI de esos productos desde el mundo (Códigos HS01 – HS24, ONU – ITC). Por su parte, el equivalente en el porcentaje de las importaciones totales de los países de la ALADI es de solo alrededor el 14%. El comercio de productos agrícola y de alimentos en la ALADI es significativo y hay numerosos productos en que las compras al interior de la Asociación superan el 30%. Destacan en particular los alimentos del mar y las frutas, cuyas importaciones alcanzan valores cercanos al 50% de las importaciones totales. Y esta relación se puede fortalecer aún más.
En el caso de Chile, las importaciones de productos agrícola y de alimentos al interior de la Asociación alcanzan a un promedio de $4.182 millones dólares a durante el mismo período, y representan casi el 59% de nuestras compras totales de esos productos. Las carnes, frutas, cereales y tabaco superan por mucho ese porcentaje. Al mismo tiempo, es importante destacar que casi la totalidad de nuestros principales socios comerciales en Sudamérica realizan compras de productos agroalimentarios muy cercanas a —o por encima— del 50% dentro de la región: Argentina 76.3%; Bolivia 84.1%; Brasil 53.1%; Ecuador 56.8%; Perú 49.6%; y Uruguay 79.0%. Colombia es la excepción con un no menos importante 35.8%.
Estas cifras nos confirman que hay una muy importante interacción en el comercio agrícola y alimentario de América del Sur, y que existe una sólida base para avanzar y consolidar la integración económica. Si cooperamos para remover las barreras comerciales restantes, armonizar y estandarizar las regulaciones existentes, podremos avanzar a un mercado libre, y por qué no a un “Mercado Común Agroalimentario Sudamericano/Latinoamericano”. Creo que sí debemos intentarlo y que Chile debe tomar la iniciativa. Partamos organizando la cooperación para remover las barreras existentes y armonizar la aplicación de normas y estándares. Esto nos permitirá, en particular, la inserción de las regiones, de las medianas y pequeñas empresas, así como de las pymes rurales y las agriculturas campesinas al comercio regional. Con ello, además, facilitaremos la seguridad y soberanía alimentaria.
Como destacamos arriba, Chile ya juega un importante rol en América Latina como “socio importador” de productos agrícolas y de alimentos. Ahora debemos avanzar también en el ámbito de las exportaciones. Las cifras, aunque no menores, durante el mismo periodo alcanzan a $2.907 millones de dólares, que representan solo el 17% de nuestras exportaciones totales agroalimentarias. Durante varias décadas, los Estados Unidos fue nuestro principal socio comercial, particularmente en el sector agroalimentario. Hoy, China lo ha reemplazado y recibe más de un tercio del total de nuestras exportaciones y más del 21% de las de carnes, frutas y bebidas. Hoy, China es el principal importador de frutas chilenas. A su vez, durante los años de 2018 a 2020, nuestras exportaciones a Rusia, en promedio, superaron los $790 millones de dólares. Más del 80% de esas exportaciones eran productos agroalimentarios. No he escuchado nada de sanciones comerciales de nuestra parte a Rusia, pero bien podríamos redirigir una parte de esas exportaciones de alimentos a América Latina. Estaríamos más tranquilos y seguros. Ya lo he dicho en otras ocasiones: es muy riesgoso mantener este tipo de relación comercial con regímenes de corte autoritario, pues tienden a ser muy impredecibles.
Tengo la firme impresión de que ya tenemos una importante base para cooperar en el ámbito del comercio agroalimentario, pero ahora —al trabajar en el proyecto de integración comercial regional— también debemos hacerlo más inclusivo e incorporar a las regiones, las pymes, al campesinado y a los pueblos originarios. Los grandes beneficiarios de nuestro “exitoso” modelo exportador agroalimentario NO han sido las pymes. No puede continuar así, pero —lamentablemente— la institucionalidad actual hace virtualmente imposible su ingreso exitoso al campo internacional y —de lograrlo— la aplicación de complicadas normativas, las barreras técnicas y burocráticas restantes, dificultan un desempeño exitoso como exportadores.
Creemos, entonces, que es necesario no solo “abrir las puertas a la globalización” a este grupo de productores, sino que también capacitarlos, dotarlos de herramientas adecuadas, acercarlos al mercado, permitir el acceso a las cadenas de comercialización y, sobre todo, “nivelarles” la cancha para que puedan participar en igualdad de condiciones. A nivel nacional, es imprescindible reformar la institucionalidad que apoya a las pymes que intentan exportar, en particular las agroalimentarias, con el fin de que puedan ingresar al sistema. Al mismo tiempo, internacionalmente, debemos facilitar el cumplimiento de la normativa zoo y fitosanitaria, y de higiene e inocuidad alimentaria, mientras que facilitamos el acceso a la logística de exportación y estandarizamos los procedimientos aduaneros.
Es crítico también, quién toma la iniciativa y asume el liderazgo en este proyecto. Este es —en mi opinión— claramente un proyecto en el que deben estar presentes una SUBREI reformada, que incluya una nueva dirección general de Asuntos Agrícolas, Alimentos y de Recursos Naturales, a la par de las ya conocidas direcciones multilateral y bilateral, que esté en condiciones de negociar estos temas con éxito. Y también un Ministerio de Agricultura fortalecido y empoderado con una dirección de Asuntos Internacionales (o un nuevo servicio responsable de estos temas) que, dependiendo directamente del ministro, pueda representar las necesidades de la pymes rurales y la agricultura familiar campesina, en este proceso de creación de un mercado agroalimentario libre de barreras en América Latina /América del Sur.
