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Libertad de información

por 5 abril, 2022

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Hace algunos días, la Superintendencia de Pensiones instruyó a AFP Habitat suspender la difusión de la campaña publicitaria “Yo estoy en Habitat”, en medios de comunicación social y prensa, lo que incluye televisión, radio, sitios de internet y redes sociales. Días después, y luego de bajar la campaña, la administradora de fondos anunció un recurso de reposición en contra de la orden de la superintendencia, y argumentó que "la campaña informativa se ajusta a la normativa legal, reglamentaria y administrativa vigente, ya que las administradoras no pueden verse impedidas de ejercer su derecho a informar libremente y sin censura aquellas materias relativas a la seguridad y propiedad de los fondos y derechos de los afiliados".

La suspensión de la campaña —y los argumentos de quienes percibieron en este episodio una decisión correcta— descansan sobre un supuesto que no es inofensivo. ¿Por qué alguien hallaría que una pieza publicitaria que expone datos —en este caso de una encuestadora que nada tiene que ver con la AFP— podría ser perjudicial? La orden de impedir la difusión se funda en una desconfianza hacia el criterio de los espectadores. Existe, en algunos grupos, la creencia de que las personas no tienen la capacidad de discernir en cuanto a lo que les es conveniente. Un aviso publicitario, en consecuencia, podría engañarlas, embaucarlas.

El problema que no ven quienes sostienen esta convicción —la que impide que los chilenos accedan a cierta información, por, en el fondo, encontrarla peligrosa— es que, si no se reconoce la capacidad de discernir de cada ciudadano, sencillamente todo se derrumba. No hay democracia si algunos creen que quien está al frente no puede elaborar un buen juicio; no hay mercado si otros piensan que toda empresa intentará engañar al vecino y, con tal de cuidarlo, lo presionan para dejar de ver ciertos anuncios o seguir ciertas cuentas; no hay discusión, tampoco, si unos se erigen como quienes tienen la capacidad para detectar este tipo de ‘engaños’. Evitar que la población pueda acceder a una pieza publicitaria, en el fondo, constituye una falta de reconocimiento hacia el otro, pero es, sobre todo, una falta de respeto.

La libertad de información, que además se encuentra amparada en nuestra Constitución Política, debe garantizar que todos los actores, desde la coordinadora No + AFP hasta las mismas administradoras de los fondos, puedan contribuir al debate. Los ciudadanos, en su fuero interno, y con la mayor cantidad de información disponible, tendrán que ser quienes den su veredicto.



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