Opinión
En un tiempo en que ya se acerca la toma de decisión más definitiva en relación con el próximo plebiscito de septiembre, quisiera proponer una argumentación por la cual estimo que los y las militantes y simpatizantes de la democracia cristiana, deberían optar claramente por el apruebo. Lo hago con la intención de invitar, precisamente a los que no suscriben esta opción, para que me acompañen en la lectura de estas líneas, al final de las cuales, ciertamente varios pueden mantener su posición, no obstante, guardo la esperanza que muchos otros inicien una nueva reflexión acerca del rol decisional que nos corresponde jugar en tan privilegiado episodio histórico. Si esto ocurre, este escrito ya habrá tenido sentido. El texto consta de 7 páginas, lo cual a más de alguien le puede resultar algo incómodo. No obstante, creo que se trata de un tema de la mayor importancia en la que ciertos antecedentes son imposibles de soslayar y, además, pienso que es imprescindible que quede por escrito lo que algunos DC pensamos y propusimos en este estelar momento que nos ha tocado vivir.
Metodológicamente, la argumentación contempla los siguientes siete pasos y/o preguntas:
1- ¿Cuál es la lectura y las implicancias de lo sucedido en octubre del 2019 que no podemos olvidar ni dejar de considerar?
El responder esta cuestión nos lleva a un “téngase presente” válido para la inmensa mayoría de los chilenos y que, por cierto, no puede ser ajeno al mundo DC.
Se trata de reafirmar que, sin duda, el hito político-institucional de carácter más formal que impulsa y “permite” retomar un camino hacia una nueva carta fundamental, es el llamado “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”, firmado por una clara mayoría transversal de los congresales en ejercicio (este es el nombre completo y verdadero de dicho acuerdo). No obstante, el antecedente clave desde el punto de vista sociológico-político y el condicionante decisivo de este proceso constituyente, está dado por el movimiento social que se despliega en diversos lugares del país, particularmente en Santiago, y a cuyas reivindicaciones y exigencias subyace una estructura de poder concentrada de la sociedad chilena y un pacto social de origen ilegítimo y obstáculo para cualquier transformación social. Estamos en presencia entonces del sujeto histórico de este movimiento, esto es, la ciudadanía y el pueblo de Chile.
Me parece que entre nosotros no hay que aclarar que, a propósito del movimiento social en comento, no nos estamos refiriendo a las expresiones violentistas inexplicables y absurdas que terminaron siendo verdaderas sabandijas del proceso, succionándole y despojándolo de su profunda causas y real sentido ante la opinión pública, con la consecuente aureola deimpopularidad que alcanzó a rodearle en algún momento.
No, lo que estamos sosteniendo es que nuestro país después de una primera etapa muy exitosa de la transición a la democracia bajo la llamada Concertación de Partidos por la Democracia y junto con iniciarse el nuevo siglo, comienza a evidenciar indicadores y rasgos que, tal cual lo han ilustrado diferentes fuentes y organismos, desde Naciones Unidas hasta instituciones y organismos nacionales, se aleja definitivamente de lo que para nosotros son cuestiones que remecen y contrarían nuestra razón de ser como organización política.
En publicaciones anteriores hemos entregado múltiples antecedentes y cifras que son evidencias de lo recientemente dicho. Ciertamente, me parecería muy extraño y sorprendente que algún militante o simpatizante DC pudiese desconocer o negar estos hechos.
Es precisamente en medio de esta realidad y sus consecuencias lamentables para la inmensa mayoría de los chilenos, particularmente las dos últimas décadas, que cabe preguntarnos ¿no nos parece que la dignidad de la persona humana, la justicia social, el bien común, la participación social, las relaciones equilibradas entre trabajo y capital, el salario ético y un medio ambiente saludable, entre otros, se mimetizaron o extraviaron en el camino?
2- En consideración a lo anterior, surge un clamor desde diferentes sectores y actores sociales en cuanto a la impostergable necesidad (y deber ético) de realizar cambios en nuestra sociedad. El símbolo de esta demanda es tener una nueva constitución.
En el caso de nuestro partido, acorde a su visión e inspiración, claramente debía identificarse con esta reivindicación. La situación nos interpelaba a algo que en ese momento resultaba casi como natural para nuestra vocación y principios partidarios: Chile requiere transformaciones socio-políticas, económicas y culturales. En paz, pero de manera asertiva, sin temores y sin rehuir las diferencias en torno a los proyectos de país, que son indiscutibles y en algunos casos insuperables. No podíamos seguir convirtiéndonos en los que algunos filósofos y políticos denominan democracias paliativas, en que la política pierde toda vitalidad, se exacerban los acuerdos y el analgésico por excelencia es negarse a las alternativas de sociedad y terminar adaptándose y cediendo ante la presión del sistema.
En otros tiempos y con circunstancias históricas obviamente diferentes, Eduardo Frei Montalva, enfrentando analógicamente la misma disyuntiva entre, por un lado, dejar que todo siguiera igual y solo administrar o, por otro lado, cambiar de verdad la sociedad dados los antecedentes inequívocos de injusticia social, optó por la “Revolución en Libertad” y realizó transformaciones sin precedentes en el país.
3- La legitimidad sociológica política e institucional de elaborar una nueva carta magna como un primer paso hacia los cambios, resulta indiscutible como resultado del plebiscito de octubre del 2020 en que un 78 % manifiesta, precisamente, querer una nueva constitución a través de una Convención Constitucional (79%).
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿es la mera aprobación de una nueva Constitución la solución ante los desafíos actuales del país? Por supuesto que no, menos al considerar que estamos hablando de una crisis que incluye al sistema político y a nuestra convivencia con todo lo que ello implica.
Un nuevo texto constitucional es un instrumento fundamental para iniciar un camino que lleve a cambiar la actual situación y que cree las condiciones para que esto pueda efectivamente llevarse a cabo. No es que el país va a cambiar y va a haber más justicia por el solo hecho de aprobarse el nuevo texto, pero sí es un inicio y paso imprescindible.
Por lo tanto, la nueva Constitución no es una condición suficiente pero sí absolutamente necesaria para que el país lleve a cabo un conjunto de transformaciones que nos vehiculen a una mejor sociedad; a una democracia participativa y con justicia social; hacia un Chile de la vida buena.
4- La pregunta en este punto de nuestra argumentación es: ¿cualquier nueva constitución va a responder al proceso experimentado por nuestra sociedad y al sentir de gran parte del país?. Claramente no y esto nos lleva al tema más debatido estas últimas semanas: ¿cómo ha sido el trabajo y, sobre todo, qué opinión nos merece el producto final del texto elaborado por los constituyentes que se va a plebiscitar?
Bueno, sobre cómo y quienes han llegado a formar parte de la Convención Constituyente, no es un tema en cuestión, ya que se aplicaron los procesos establecidos y la institucionalidad funcionó, por lo que cualquier descalificación o inhabilitación de parte nuestra, implicaría una flagrante contradicción ante uno de los principios fundantes de todademocracia.
Ahora bien, es evidente que, entre 154 personas dedicadas a una labor de este tipo, con procedencias y características tan disímiles, inexorablemente van a existir personajes que caerán en ciertos maximalismos y conductas poco propicias al mejor ambiente que requiere tan importante función. Esto, clara y lamentablemente ha sucedido al interior del grupo de constituyentes. No obstante, reconozcamos también que el país ha estado saturado de reportes distorsionados, aseveraciones fuera de contexto y versiones reñidas con la verdad, lo que ha dado lugar a una fatídica fórmula, según la cual, a mayor cantidad de información tergiversada y dispersa, mayor ha sido la desatención y falta de interés por una reflexión serena, acerca de lo que formal y realmente ha ido siendo aprobado por el plenario de dichoorganismo.
Lo que sí han demostrado los hechos es que, tendencialmente y a medida que el ejercicio y trabajo del grupo de “redactores” fue avanzando e independientemente de cualquier otra consideración, terminó por prevalecer una práctica más dialogante que ha permitido enriquecer el texto.
Por lo demás y esto, aunque es obvio, no está de más recordarlo, no vamos a evaluar las conductas, aciertos, desatinos y/o extremismos de algunos constituyentes. Lo que vamos a aprobar o rechazar y sobre lo que nos corresponde pronunciarnos, es sobre los CONTENIDOS del texto definitivamente elaborado por la Convención Constitucional y acerca del cual el presidente de la República convocará a un plebiscito.
5- ¿Cuáles son las críticas y cuestionamientos más recurrentes por parte de aquellos que han declarado que van a rechazar y cómo y hasta qué punto estas tienen o no respuesta?
Ciertamente hay sectores y grupos claramente minoritarios de entre los que van a rechazar, que han mantenido una posición crítica abierta y con importantes contribuciones.
Sin embargo, y es aquí donde quisiera formular una de las tesis centrales de esta presentación, en el caso de gran parte de la derecha (particularmente la UDI) y de otros sectores que se sentían cómodos con el modelo neoliberal y que se “adaptaron”fácilmente a este, la razón de fondo, el verdadero motivo del por qué han optado por el rechazo, no se ha explicitado de manera clara, sincera y abierta, y para ello han buscado mimetizar y ocultar su verdadera posición, concentrándose en una crítica, entre alarmista y sin fundamentos, sobre temas específicos que los porfiados hechos han terminado por demostrar que sus contenidos eran equívocos, desinformados y en algunos casos definitivamente falsos.
Para fundamentar mis dichos, quiero hacer referencia a solo una parte del informe entregado por el politólogo Claudio Fuentes, titulado “Quién vota qué”, aparecida en la página electrónica Tercera Dosis del 24/05/2022, donde queda en evidencia que la UDI y sectores independientes, elegidos en su misma lista, rechazaron y se abstuvieron en la casi totalidad de los temas abordados, entre los que pueden mencionarse, solo como ejemplos: que el Estado defina la seguridad social financiada por trabajadores y empleadores; el sistema nacional de educación; derecho al cuidado de las personas; sanciones contra la colusión de empresas y abusos monopólicos; por la formación de una Agencia del Agua como organismo autónomo; por una Defensoría de la Naturaleza; por el concepto de Bienes Naturales Comunes. La defensoría de los derechos de la niñez y un nuevo sistema nacional de salud, obtuvieron solo un voto a favor de los 21 que tenía la UDI como colectivo en la convención.
Ahora bien, lo que sí ha sucedido es que, al irse conociendo el contenido real del escrito constitucional, los diferentes argumentos de la UDI y sus adláteres se han ido cayendo uno a uno y cual muñeca rusa (mamushka) que se va achicando, también sus dichos y los anuncios de grandes errores, desatinos y amenazas para el futuro de Chile de la nueva constitución, se han ido diluyendo y/o quedando en evidencia que no eran tales. Diferentes declaraciones de expertos de público conocimiento en las últimas semanas, lo han así establecido.
En un afán meramente ilustrativo y a modo de ejemplo de lo que estamos diciendo, haremos breve mención a tres de las críticas de los grupos del rechazo, con las que buscan mimetizar y desviar la atención de sus verdaderos motivos y razones para rechazar.
Sobre el tema de la plurinacionalidad, en la que sostienen que esto traería la escisión del Estado de Chile y pasaría a llevar principios fundamentales de la igualdad ante la ley, se constata que claramente esto no es así, ya que el Estado chileno, tal cual se dice en la nueva constitución, mantiene su status de indivisible, permitiendo la existencia de otras naciones y/o pueblos originarios dentro de una expresa unidad territorial, como existe en varias democracias del mundo (ver artículos 5 y 7). Del mismo modo, se establece una absoluta compatibilidad entre el sistema nacional de justicia y las jurisdicciones indígenas, sin quebrarse la igualdad ante la ley, ya que el nuevo texto expresa inequívocamente que será la Corte Suprema la que tendrá la facultad de revisar todo lo obrado por los tribunales del país incluida las jurisdicciones indígenas (ver artículo 329). Aún más, será la ley la que defina el ámbito de competencia de la jurisdicción indígena.
Sobre la afirmación algo ligera e irrespetuosa para con muchos constituyentes, según la cual se estaría ante una nueva constitución partisana e impuesta por la izquierda, basta leer sus incisos, con una mínima comprensión de lectura, para darse cuenta de que ello es una caricatura, pero de las malas. En días recientes, una persona tan respetable y competente como don Agustín Squella, miembro de la Convención, desestimó argumentos de este tipo y dejo en claro que ciertamente hubo determinados “episodios desagradables que se produjeron durante el proceso constituyente por actitudes y declaraciones destempladas de constituyentes que hicieron más alarde de sí mismo que del proceso en que estábamos”, Pero, en relación con el texto mismo aprobado “para nada refundacional. ¡Y por fortuna!. No iba a ser un texto maquillaje ni tampoco una reforma: solo podía ser transformador o revolucionario, y fue claramente lo primero” (Entrevista dada al diario El País el 18 de junio reciente). Sobran comentarios
Sobre el tema de la propiedad, se dijeron todo tipo de cosas, la mayoría dirigidas a instalar que la expropiación iba a ser un instrumento que contaría de variadas posibilidades de aplicarse, con lo que nadie podía estar muy tranquilo en cuanto a sus bienes. Se agregó a lo anterior, la inminente nacionalización de los ahorros previsionales.
No obstante, si leemos el texto definitivo, se observa que su contenido protege explícitamente los bienes y las especies de todos (ver artículo 78), con la salvedad de los que se denominan bienes comunes e inapropiables, que deben ser compartidos por todos los chilenos (un ejemplo de esto último podría ser lo referente al agua, en torno a cuyo uso y propiedad se ha hecho un tremendo abuso y ha incrementado las desigualdades). Y respecto a la nacionalización de los ahorros previsionales, si bien fue pensada en cierto momento por algunos constituyentes, fue claramente rechazada por el pleno y no aparece para nada en el texto constitucional, pero, aun así, se ha seguido insistiendo en decirlo.
No obstante, queda todavía por aclarar y está en el vacío una parte de la tesis suscrita en este punto, lo que se soluciona simplemente respondiendo la pregunta ¿Cuál es entonces la verdadera razón que subyace a este grupo de adherentes al rechazo?; ¿qué motivos son los que, en última instancia, los han animado y animan?
La historia y la sociología han demostrado una y otra vez que los cambios sociales son siempre controvertidos y cuentan con mayores o menores resistencias. En esto, es también recurrente la posición de quienes, tal cual lo caracterizó el economista Albert Hirschman, asumen la retórica reaccionaria y califican cualquier intento de transformación como una búsqueda que se descalifica a partir de tres principios: “las transformaciones lograrán exactamente lo contrario de lo que se pretende” (perversidad); “se intentarán hacer cambios y todo será inútil porque las cosas seguirán igual o peor” (futilidad) y “las modificaciones que se plantean implicarán consecuencias impredecibles con consecuencias lamentables para la sociedad” (riesgo). ¿Les suenan estas expresiones?
De una u otra manera, parte importante de los sectores del rechazo, después de una derrota significativa de su opción político-ideológica y de su proyecto de país en el plebiscito del 2020, han visto, dos años después, la posibilidad de ganar con el rechazo y retraer la situación a la constitución del 80, lo que les da tiempo y posibilidades de, vía un cierto gatopardismo, ceder y conceder algunas reformas menores con las fuerzas que tienen en el parlamento, pero manteniendo lo esencial de nuestra sociedad, el corazón del actual modelo, y no solo en lo socio-económico y político, sino también en lo cultural.
No hay que engañarse, diversos sectores han retomado la esperanza de que, con el triunfo del rechazo y la inmovilidad de las estructuras de poder, reafirmen sus influencias y privilegios, mientras una frustración colectiva, tarde o temprano, terminará por abrumar a la inmensa mayoría de los chilenos.
6- Pasando al siguiente punto de nuestra argumentación y en una secuencia obvia con el párrafo y pregunta anterior, emerge el último interrogante de este documento: ¿cuáles son, si es que existen, los componentes y/o definiciones plasmadas en el texto constitucional que sí responden a las expectativas de la ciudadanía, que invitan al apruebo y que inician o condicionan la posibilidad de conducir nuestra sociedad hacia una democracia justa y buena?
La respuesta a esta pregunta debería estar precedida por un supuesto que nos parece imprescindible: la imperiosa necesidad de leer el texto constitucional definitivo, de manera que nuestros diálogos se den a partir de lo que realmente dice el texto y no en base a lo que escuché o me contaron.
En lo que a nosotros respecta y habiendo hecho ya este ejercicio (con la publicación del Texto Armonizado), podemos afirmar categóricamente lo siguiente:
Ciertamente, y esto es un secreto a voces, el texto no es perfecto (¿qué texto lo es?) y sin duda requiere en el futuro inmediato o mediato de mejoras y algunos pulimientos que el poder legislativo y la ciudadanía podrán hacerle. Es parte de la construcción y perfeccionamiento de esta nueva democracia hacia la que queremos dirigirnos.
Sin embargo, sus contenidos incorporan de manera significativa las reivindicaciones que la ciudadanía planteó en su movimiento social de hace ya casi tres años, lo que, por cierto, no implica una solución automática a los problemas existentes, pero sí dan cuenta de normas y procedimientos que condicionan favorable y positivamente el que ello pueda comenzar a ser realidad.
Y lo más importante para nosotros como DC, el texto deja entrever la posibilidad de que se plasmen en nuestra sociedad muchos de los valores y principios que son parte de nuestro proyecto histórico como partido y que tienen que ver con la justicia social, la solidaridad, el bien común, la participación, el respeto por la dignidad de las personas y el medio ambiente, entre otros.
Es así como, lo recién afirmado se expresa y se encuentra representado de una u otra forma en los siguientes contenidos e incisos de la nueva constitución:
Corresponde ahora concluir nuestra presentación:
Si el movimiento social de octubre del 2019, efectivamente encarnaba necesidades sentidas por la gente y era el eco inconfundible de que la situación del país contrariaba nuestros valores definitorios y nuestra razón de ser como partido
Si se produce una consciencia nítidamente mayoritaria acerca de la necesidad de hacercambios estructurales en la sociedad
Si dicho acuerdo de transformar (no refundar) el país ameritaba y exigía como condición necesaria (no suficiente) el tener un nuevo pacto social, una nueva constitución
Si lo anterior es ratificado con una mayoría extraordinaria en el plebiscito de octubre del 2020, especificándose a la vez el procedimiento: Convención Constitucional
Si habiendo concluido el trabajo de esta Convención y considerando que los contenidos finales y verdaderos del nuevo texto constitucional satisfacen con creces las esperanzas ciudadanas de posibilitar una más profunda y mejor democracia
Si, y de manera muy importante, dichos contenidos dialogan reforzándose y hacen sentido con lo que la DC define como marco y definiciones fundamentales de un proyecto de sociedad
Si, finalmente tenemos claro que lo que se aprueba o rechaza, NO es la conducta y actitud de algunos convencionales, sino los contenidos del texto
ENTONCES, AFIRMAMOS TAXATIVAMENTE Y CON ENTUSIASMO, QUE UN MILITANTE O SIMPATIZANTE DEMOCRATACRISTIANO NO PODRÍA DEJAR DE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ESTE PROCESO Y ESTAR, SIN DUDARLO, CON LA OPCIÓN APRUEBO.
Las circunstancias no han dado la posibilidad de poner la mano en la rueda de la historia y, más allá de muchas consideraciones que se podrían hacer, la nueva constitución es un paso primordial para construir el Chile justo y de la vida buena a que aspiramos.
“Solo se está a la altura del destino, cuando se aceptan las condiciones del destino mismo”
