Opinión
El Gobierno en su campaña propuso el impuesto a los superricos, hoy denominado como el impuesto al patrimonio, en inglés wealth tax o impuesto a la riqueza, impuesto que muy pocos países aplican. La propuesta del Gobierno es aplicar una tasa marginal de un 1% a las personas cuyo patrimonio supere los USD 5.0 millones y una tasa marginal de 1,8% para patrimonios sobre los USD 15 millones. Este proyecto considera los patrimonios que el contribuyente tenga en Chile y en el extranjero.
En 1996, doce países de la OECD tenían el impuesto a la riqueza, pero hoy en día solo cinco poseen este impuesto. Los países desarrollados que más ingresos perciben por este impuesto (como % del PIB) son: Suiza (1.0%), Noruega (0,45%), Islandia (0,3%), Francia (0,22%), Suecia (0,19%) y España (0,18%). Con este impuesto, Hacienda pretende recaudar 0,5% del PIB o unos USD 2.800 millones.
¿Es realista pretender recaudar 0.5% del PIB con este impuesto en Chile? Excluyendo a Suiza, si se cumple lo pronosticado por Hacienda, Chile sería el país con la mayor recaudación a nivel mundial con este tipo de impuesto, lo que parece es un poco utópico o pretencioso.
Hay que tener presente que la alta recaudación de Suiza se debe a que la gran mayoría de los contribuyentes suizos pagan este impuesto y no corresponde a un impuesto selectivo que en Chile solo pagarían los superricos (6.300 personas). La tasa de este impuesto la fijan los Cantones o Regiones, y estos son 26 en total. El impuesto se comienza a pagar con un patrimonio de solo 100.000 francos suizos, algo así como 90 millones de pesos. En el tramo entre los 200.000 y 500.000 francos suizos (entre 180 y 450 millones de pesos), de los 26 cantones, en solo 6 no se paga este impuesto, y la tasa de contribución varía entre 0,03% y 0,44%, siendo la media de 0,12%. Por sobre los 500.000 francos suizos, todos los cantones cobran el impuesto y su tasa media es de solo 0,26%. Las tasas más bajas para altos patrimonios (patrimonios sobre los 10 millones de francos suizos, o equivalente a USD 10 millones), la poseen los cantones de NW (Stans) con 0,14% y OW (Sarmen) con 0,15%, y el cantón con la mayor tasa es GE (Ginebra) con 0,94%, siendo la media de los 26 cantones de solo 0,46%. Por ende, cualquier cantón de Suiza posee tasas impositivas muy inferiores a las que se pretende imponer en Chile, de 1,8%, para personas de alto patrimonio.
Hay que tener en cuenta que el impuesto al patrimonio de Suiza también opera para los rangos de contribuyentes de ingresos bajos y medios, y en esta clase social su aplicación es principalmente sobre el valor de las viviendas, ya que corresponde al activo principal que esta clase social posee. En resumen, para las clases bajas y medias, este impuesto es equivalente a un pago adicional de contribuciones sobre el valor de las viviendas.
Noruega recauda el 0.45% del PIB, y el impuesto al patrimonio también es masivo como en Suiza. En este país, el impuesto se aplica a patrimonios sobre 1.5 millones de coronas noruegas (equivalente a unos 150 millones de pesos chilenos) para solteros y del doble para contribuyentes casados. La tasa es de 0,7% a nivel municipal y de 0,25% a nivel nacional. Al igual que en Suiza, la tasa impositiva de Noruega de 0,95% es inferior a las tasas de 1,8% que se pretende aplicar en Chile. Al ver las tasas impositivas de estos dos países, la racionalidad (teoría económica de movilidad de capital) nos sugiere mover los capitales a países sin impuesto al patrimonio, o en último caso a estos dos países.
En régimen, lo más probable es que este impuesto recaude solo la mitad de lo que pronostica Hacienda, o equivalente a USD 1.400 millones al año. Por otro lado, este impuesto va a tener efectos adversos considerables para la economía, por la fuga de capitales, una menor inversión, menor productividad total de los factores y menor crecimiento económico futuro. Dado lo anterior, no es coincidencia que la gran mayoría de los países del mundo no apliquen el impuesto a la riqueza. Lo anterior, también se ve reforzado por estudios económicos que demuestran que la elasticidad de los agentes económicos para mover el capital frente este tipo de impuesto es bastante alta (ver caso de Lucerna en Suiza).
Si actualmente unos USD 50.000 millones ya han abandonado el país por efecto de la inestabilidad institucional y por las expectativas de que este impuesto sea implementado y asumiendo un retorno del capital del orden de 13%, eso equivale a USD 6.500, y aplicando una tasa a la ganancia corporativa actual de 27%, se tiene la suma de USD 1.755 millones, monto que van a dejar de percibir las arcas fiscales anualmente y que supera los posibles beneficios de este impuesto generaría. Este simple cálculo estático ni siquiera considera efectos dinámicos de largo plazo para la economía, como es el pago de impuestos personales, ni su aporte al valor agregado (sueldos, salarios, rentas y otros), aumento de productividad (por innovación) y crecimiento económico futuro. De lo anterior, se puede concluir que este impuesto es una muy mala idea para Chile.
Para entender el efecto de una nueva regulación, no se aplica la teoría de decisión, sino hay que entender teoría de juego, o sea, hay que preocuparse de las interacciones de los agentes económicos y los efectos dinámicos que esta genera. En este caso, el regulado son las personas con altos patrimonios, y estos agentes desde hace mucho tiempo ya comenzaron a sacar los capitales del país, y están reorganizando su estructura de patrimonio en el extranjero en distintas formas organizacionales (por ejemplo, herencias adelantadas, fideicomisos ciegos o humanitarios, fundaciones, estructura fideicomiso-sociedad off-shore, holding-trade corp, etc.), en consecuencia, la recaudación por este impuesto probablemente va a ser muy baja, comparada con el daño que puede generar para la economía.
En un mundo globalizado, fiscalizar este impuesto es muy complejo, caro y va mucho más allá de las pretensiones de Hacienda. Hacienda parece muy optimista al argumentar que “con la cooperación internacional para el intercambio de información, hoy permite identificar de mejor manera la riqueza invertida en el exterior» (Carlos Alonso, La Tercera, 13 de agosto de 2022). En el mundo real, este intercambio de información es solo parcial, incompleta o nula. Por ejemplo, los reportes de Estados Unidos hacia otros países son muy limitados, sin perjuicio de que una gran mayoría de los países tienen que reportar a los EE.UU. Incluso su regulación permite formar corporaciones en varios estados (Michigan, Nevada y otros), y mantener la privacidad o desconocer la identidad de los accionistas de esa corporación. ¿De qué sirve el intercambio de información que espera Hacienda, si no existe información o no va a ser reportada?
La mayoría de los países han abandonado o rechazan este tipo de impuesto por varias razones.
Primero, este impuesto incentiva la fuga de capitales. Por ejemplo, una gran cantidad de millonarios dejaron Francia por este impuesto entre el 2000 y 2014. Francia recaudó por este impuesto solo USD 2.600 millones al año y la fuga de capitales fue de USD 125.000 millones entre 1998 y 2006.
Segundo, tal como lo reconoce la OECD, este impuesto no es un impuesto distributivo e incentiva la evasión y elusión.
Tercero, funciona principalmente para contribuyentes ricos en activos fijos (casas u otros) y que son pobres en dinero efectivo. Personas de altos patrimonios, por lo general son ricos en efectivo (inversiones en activos financieros) y pobres en activos fijos.
Cuarto, los costos de fiscalización, monitoreo y de recolección de este impuesto son altísimos, y lo peor es que aumenta la burocracia estatal significativamente.
Quinto, al reducirse la inversión, se reducen los incentivos a la innovación, lo que afecta adversamente la productividad y crecimiento de largo plazo.
Sexto, con este impuesto la recaudación es muy baja, y solo funciona parcialmente para tasas impositivas extremadamente bajas.
En conclusión, los riesgos de implementación de este impuesto no compensan los posibles beneficios o la baja recaudación. Tanto la evidencia empírica como la teoría económica sugieren que este tipo de impuesto no parece ser una buena idea para Chile. Ahora Hacienda y el Senado tienen la palabra.
