Opinión
Crédito: Agencia Uno
Como en la mayoría de los países de la OECD, la propuesta del Gobierno se propone construir un sistema mixto de pensiones, financiado con las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, pero complementado con sistemas solidarios, que en nuestro caso es la PGU con cargo al erario público. Del 6% a cargo del empleador, solo el 1.8%, en la propuesta del Gobierno, iría a mejorar las pensiones de los actuales pensionados y pensionadas; mientras el restante 4.8% se registra a favor de quien lo haga en el futuro. Mejorar las pensiones de miseria de nuestras actuales pensionadas y pensionadas, es lo que corresponde hacer. La reforma propuesta por el Gobierno del Presidente Boric representa un importante avance y en eso no tenemos que perdernos.
La semana pasada ingresó al Congreso Nacional la propuesta de reforma previsional elaborada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Sin siquiera haberla conocido en detalle, los sectores alineados con los intereses de las AFP, tal como ya lo hicieran con la propuesta de reforma tributaria, demoraron poco en torpedearla. Como “d’habitude”, demoraron menos en camuflar su apego al lucro acusando a los demás de “ideologismo”.
¿Pero qué es exactamente lo que irrita a la derecha chilena de la reforma? ¿Le irrita su “defensa” a los intereses de los cotizantes, que hace el Gobierno con su propuesta de pensiones? ¿Le irrita la gradualidad de la propuesta, porque quisiera ir mucho más rápido a lo propuesto por el Gobierno? ¿Le irrita que el Gobierno no haya considerado el temor ciudadano a perder la propiedad individual de las cuentas, como fuera la principal fake news del pasado proceso constituyente?
Lo que verdaderamente le irrita, es que la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno significa avanzar en resolver los graves problemas sociales que le ha generado el mercado de los derechos sociales a importantes sectores de nuestra población. Y en el caso de las pensiones, particularmente a las mujeres.
Lo que irrita a la derecha chilena, en el fondo, es que la propuesta del Gobierno propone un sistema mixto de pensiones, un aumento de la solidaridad y un rol mucho más activo del Estado en esta materia. Estos tres pilares son los que resumen la gran y profunda diferencia entre los dos modelos de país que sigue sin resolverse y cuyas consecuencias siguen pagando los que menos tienen. Pero, de ese modo, a paso lento y seguro, continúa deteriorándose la convivencia nacional como comunidad política.
La propuesta de pensiones del Gobierno claramente no resuelve todo el conjunto de distorsiones que ha introducido en las relaciones sociales el neoliberalismo, pero es un enorme paso adelante, porque, más allá del legítimo derecho de toda persona y sector social a abrazar alguna creencia o ideología y, por supuesto, el derecho a defender intereses, el cuestionamiento que le hacemos al orden neoliberal implementado en Chile, padre de las AFP, es que, como en ninguna otra parte del planeta, llevó sus postulados más allá incluso de las ideas originales de quienes concibieron el achicamiento del Estado, la existencia de mercados desregulados y la exacerbación del individualismo como nunca antes en la historia del capitalismo industrial, a niveles tan profundos y corrosivos para la convivencia, en el que, además y en nuestro caso, destruyó el tejido social de la Nación.
Si las ideas más recalcitrantes de Hayek, ejecutadas a rajatabla por la Thatcher en Inglaterra y en los EE.UU. por Reagan, han dejado sus huellas nefastas en estos países en la forma de debilitamiento de los bienes públicos, de este otro lado del mundo las mismas ideas, pero de la mano de Milton Friedman, la dictadura cívico-militar de Pinochet y los Chicago boys, sirvieron para imponernos por la fuerza el experimento social más agresivo y disociador que se haya implementado en país alguno, salvo en Chile. El símbolo de lo que en su momento se rotuló como las “7 modernizaciones” y que constituyen el inicio del predominio del mercado sobre las relaciones sociales, son las actuales AFP.
Pero los pueblos tienen memoria y no necesitan que nadie les recuerde sus tragedias. Quizá haya sido ese mal recuerdo de la época de los gobiernos de la Thatcher, que se tradujeron en cesantía y privaciones solo comparables al período de la guerra, lo que llevó a los mismos correligionarios de la conservadora Liz Truss a hacerse cargo del hondo repudio público a sus políticas económicas retrógradas, y que la llevaron hace tan solo unos pocos días a dimitir como primera ministra de Inglaterra. La libertad de los mercados que profesaba Hayek, en nuestro caso, nunca ha significado que el cotizante haya tenido la libertad de elegir entre un sistema público o privado de pensiones. En términos de resultados, sabemos a quienes ha favorecido.
Esa es justamente la irracionalidad que se propone corregir la propuesta de pensiones del Gobierno del Presidente Boric. Como en la mayoría de los países de la OECD, la propuesta del Gobierno se propone construir un sistema mixto de pensiones, financiado con las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, pero complementado con sistemas solidarios, que en nuestro caso es la PGU con cargo al erario público. Del 6% a cargo del empleador, solo el 1.8%, en la propuesta del Gobierno, iría a mejorar las pensiones de los actuales pensionados y pensionadas; mientras el restante 4.8% se registra a favor de quien lo haga en el futuro.
Mejorar las pensiones de miseria de nuestras actuales pensionadas y pensionadas, es lo que corresponde hacer. La reforma propuesta por el Gobierno del Presidente Boric representa un importante avance y en eso no tenemos que perdernos.
Pero en lo concreto hoy, el cuasiempate entre oficialismo-oposición en el Congreso coloca a la reforma de pensiones, como también ha sido el caso de la reforma tributaria, una valla difícil de superar porque la derecha, sin haber dado la cara en la campaña del plebiscito de salida, se ha apropiado para sí el 62% del resultado de la votación en dicho plebiscito y se aprovecha para la defensa de sus propios intereses y privilegios de quienes creyeron que votando Rechazo conseguirían aliviar su dramática situación causada por la pandemia, la inflación, los bajos salarios, el sobreendeudamiento y la informalidad en el empleo. Como lo dijera un conocido analista de la plaza, ¡la derecha le ha hecho al país el gran perro muerto de la historia!
En consecuencia, sacar adelante las dos citadas reformas para mejorar las pensiones de nuestras actuales y futuras pensionadas y pensionados, es el objetivo político primordial a acometer por las dos coaliciones de Gobierno reunidas este pasado domingo 6 de noviembre. Al respecto, y para terminar, permítaseme una breve opinión.
Si bien es positivo iniciar un camino común que permita fortalecer una institucionalidad que sea capaz de acoger, para su ordenamiento y procesamiento, las diferencias políticas e ideológicas a nivel de las dos coaliciones, que en lo posible evite empantanarse en disputas personalistas de poco valor ciudadano, es importante asumir que eso refiere a la “mecánica” de funcionamiento de AD y SD y resulta claramente insuficiente para abordar el tema prioritario y estratégico, cual es apuntar a fortalecer la base social de apoyo a las reformas propuestas por el Gobierno, de lo que se desprende la necesidad de convocar y consultar a las organizaciones sociales interesadas en estos mismos asuntos de alto interés público.
Por lo demás, y como síntesis de las experiencias de los últimos 30 años, de la revuelta social y la derrota del 4 de septiembre, sugieren la necesidad de avanzar en acortar e idealmente cerrar la brecha entre el así llamado “mundo político” versus el así llamado “mundo social”, situación que se ha vuelto prácticamente insalvable, en parte debido a la batería antipolítica del discurso de derecha y los populismos emergentes, pero por otra parte, también, debido a una práctica política autorreferente y ombliguista, cada vez más desacreditada y que solo tiene el efecto de ensanchar dicha brecha.
Un paso adelante, y en positivo, tendría que ser abordar este declarado proceso unitario, más allá de la dimensión electoral de la política, que claramente ya no es suficiente para avanzar ni mucho menos consolidar cambios democráticos profundos y sostenibles en el tiempo.
