Opinión
La Corporación Chilena de la Madera, Corma, a través de su presidente, Juan José Ugarte, propuso la instauración de un toque de queda comunal en las zonas afectadas por el incendio, argumentando motivos de seguridad en casos de evacuación de las viviendas. Si bien existe un trabajo mancomunado que el Ejecutivo está realizando en terreno junto a diversas entidades con el propósito de dar conducción a las medidas que se están implementando para combatir la propagación de los siniestros, no es bajo ningún punto de vista recomendable que un organismo como la Corma, aprovechando la contingencia, se pronuncie sobre temas de seguridad pública, completamente ajenos a su área de desenvolvimiento.
Porque si de medidas de seguridad se trata en cuanto a prevenir delitos contra la propiedad privada, la propuesta de la Corma podría entonces aplicarse a cualquier situación cotidiana, convirtiendo el toque de queda -y el estado de excepción- en una condición permanente, pero al costo de seguir involucrando a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que no le corresponden, descuidando así las labores de defensa para las que son formadas.
Es preocupante la poca seriedad con que la Corma se refiere a los problemas de orden público (en realidad, reflejo de su impericia en este ámbito), y que el Gobierno, a través del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se muestre en disposición de evaluar la medida. Es que, por el contrario, a la Corma sobre lo que sí le correspondería pronunciarse es respecto al riesgo que implican las plantaciones de monocultivo en la propagación de los incendios, como lo deja en evidencia un informe del año 2020 a cargo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 titulado “Incendios en Chile: causas, impactos y resiliencia”.
Pero la discusión sobre un toque de queda comunal es parte de un derrotero punitivo que instrumentaliza los problemas de seguridad con fines puramente contingentes, desencadenando un abuso de los decretos de excepción, lo cual, a su vez, deja en evidencia la incapacidad de la política institucional de dar una respuesta estratégica, desde el Estado, ante los riesgos a los que la sociedad está expuesta en la actualidad.
Pese a que no constituye ninguna novedad que los incendios sean resultado de la acción humana, ya que de otra manera habría que atribuirlos a una suerte de generación espontánea, el poder mediático insiste en focalizar su cobertura en la búsqueda de responsabilidades individuales, con el único propósito -según pareciera- de azúzar una conmoción que resulta completamente irreflexiva en relación con las causas estructurales de estos megaincendios. En ese plano la Corma, y Juan José Ugarte en específico, tienen mucho que aportar en el debate relativo al modelo forestal, considerando la evidencia científica que existe a disposición.
Si uno revisa en detalle el informe antes citado, podrá constatar que, ante la respuesta de la industria forestal sobre la generación de empleos que favorecen estas empresas, es precisamente esto lo que, entre otros factores, contribuye a configurar las denominadas áreas de interfaz urbano-rural, lugares que concentran gran cantidad de población (fenómeno asociado a la expansión urbana) en entornos donde se mezclan viviendas y formaciones vegetacionales con una alta presencia de plantación forestal. Es más, cerca del 60% de incendios -asegura el informe- se generan en estas áreas.
Si bien no se puede atribuir a la industria forestal la causa inmediata de los incendios, su incidencia en la propagación de las llamas es a estas alturas indiscutible, puesto que el monocultivo es altamente inflamable y sus especies deterioran la biodiversidad de los ecosistemas, siendo una de las condiciones asociadas a la sequía. Nos gustaría escuchar a Juan José Ugarte referirse a estos antecedentes y dejar la gestión del orden público a los organismos especializados en esa materia.
En ese sentido, la prevención de los megaincendios exigiría en lo inmediato una modificación del DL 701 para frenar los incentivos a la actividad forestal e impulsar un nuevo paradigma de planificación territorial, algo que el mundo político tiene en sus manos ad portas de un nuevo proceso constituyente, lo cual también contribuiría, en parte, a reparar el daño que el Estado chileno le ha hecho al Pueblo Nación Mapuche.
Por último, compartir algunos datos tomados del informe que fueron recogidos de las estadísticas de Conaf, sobre las causas de los incendios que algunos editores, de canales de televisión especialmente, debiesen tener en consideración. Es que por más que se estimule un relato de tipo penal que se concentra en los rasgos psicológicos de los individuos que provocan los incendios y en la exigencia de mano dura, en Chile -durante el periodo que abarca desde 1985 hasta 2018- del total de incendios, solo el 32% fueron causados intencionalmente, mientras que el 56% resultaron accidentales, así como hubo un 11% cuya causa es desconocida, y menos de un 1% se debió a causas naturales (rayos principalmente).
El recurso a la piromanía, con todo el sensacionalismo que esto implica (aunque tan solo un 8% se debe a este origen, el cual es predominante en las regiones de Valparaíso y Santiago, otra muestra del centralismo de los medios), y las acusaciones que recaen sobre obreros -como es el caso de los soldadores- confirma que la cobertura informativa tiene un claro sesgo de clase, en que los grupos de mayores ingresos en Chile que controlan los grandes consorcios comunicacionales, difunden un relato sobre estos hechos que no solo viola el debido preciso al exponer, sin ninguna contemplación por su intimidad, a los imputados como culpables (mientras se protege deliberadamente a rostros de televisión involucrados en actos delictuales), sino que difunde un enfoque frívolo frente a un problema de tanta importancia, impidiendo que sea pensado desde una perspectiva crítica, favoreciendo así la difusión de ideas como la de la Corma que, en definitiva, son propuestas que solo aportan a vender humo.
