¿Necesita Chile una tercera policía?

Chile vive una angustiosa crisis de seguridad que nos obliga a considerar caminos de salida audaces, incluso planteándonos la posibilidad de crear un nuevo cuerpo policial distinto a Carabineros y la PDI.

Sobre las policías, una pregunta esencial es si ellas –especialmente sus mandos directivos– deben ocuparse de su propia actualización acerca de los nuevos fenómenos delictivos y adaptar su fuerza de tarea a esos objetivos, o si lisa y llanamente deben esperar a que el gobierno de turno –según las percepciones, encuestas y temperatura política del momento– les entregue las directrices de modernización o ajustes internos.

Una respuesta la encontramos en la historia, en particular en el Museo Histórico de Carabineros, que nos muestra con bastante claridad, y tal como publiqué hace menos de un año en el libro Perdiendo el Control, que si hay algo que caracteriza a las instituciones precursoras tanto de Carabineros como de la PDI a lo largo de los siglos es su capacidad de adaptación a las emergentes y siempre cambiantes expresiones del crimen. Así es como desde los “Dragones de la Reina”, pasando por el “Cuerpo de Serenos” hasta la “Policía Fiscal”, siempre ha primado en los contingentes policiales una inclinación hacia el cambio y a poder responder de manera eficaz a fenómenos que mutan constantemente y que requieren nuevas respuestas, ya sean estas administrativas, formativas, tácticas, tecnológicas o de armamento.

Deberíamos, entonces, confiar más en la capacidad de adaptación de las policías que en aquellos “líderes” que, mostrando un camino simplista y populista, recorren los medios de comunicación pregonando lo que tienen que hacer, incluso instrumentalizándolas a su favor. Asimismo, es razonable cuestionarse si las herramientas y el mandato con el que cuentan ambas instituciones les permitirán adaptarse a las formas contemporáneas del delito en Chile, cada vez más violentas y en algunos casos importadas de otras latitudes, con fenómenos como el sicariato, el secuestro y la extorsión, de los cuales prácticamente no conocimos en nuestra historia pasada, salvo en las páginas más oscuras del terrorismo de Estado.

Una segunda pregunta clave es si la llamada “modernización” de las policías pretendida por el gobierno anterior tuvo reales consecuencias. Lo cierto es que solamente se despachó una ley: la Nº 21.427 (que moderniza la gestión y fortalece la probidad), que cuenta con aspectos importantes como un mayor control civil, medidas de transparencia en la rendición de gastos y los planes estratégicos; pero que lamentablemente fue planteada con un efecto espejo para Carabineros y la Policía de Investigaciones, como si ambas instituciones fueran idénticas, desconociendo sus diferentes tamaños, los momentos y las condiciones en los que cada una actúa. Cabe recordar que, a partir de la reforma procesal penal, las labores de ambas policías se han tendido a diferenciar, con un marcado énfasis investigativo en la PDI y uno preventivo en Carabineros, aunque este proceso de especialización mantiene algunas zonas grises, por ejemplo, en su relación con el Ministerio Público, en tanto que los fiscales pueden acudir indistintamente a cualquiera de ellas para algunas diligencias.

En esta pretendida modernización, un aspecto completamente al debe es la formación y el reentrenamiento policial, algo indispensable y de lo cual poco se habla. En dicho ámbito basta con mencionar que si bien la mayoría de las escuelas policiales –especialmente aquellas donde se forma la oficialidad– cuentan con importantes niveles de acreditación institucional, no ocurre lo mismo con la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro (ESFOCAR), en la que se forma un gran porcentaje del contingente de Orden y Seguridad que vemos en las calles arriesgando incluso sus propias vidas. Esta escuela, al igual que el Centro de Capacitación Profesional de la PDI, recién podrá acceder al reconocimiento oficial tras el cumplimiento de algunos requisitos dispuestos en la Ley Nº21.427, siendo este un paso previo para siquiera aspirar a la acreditación. Mientras tanto, del total del presupuesto de la policía uniformada para 2023, solo el 6,7% está destinado a las áreas formativas.

Otras naciones, en determinados momentos críticos, han llegado a la conclusión de que requieren unidades policiales especiales con funciones potenciadas y un desarrollo táctico particular. Así surgieron, en la década del 70, los equipos SWAT (Special Weapons And Tactics) en Estados Unidos, para responder a situaciones de alto riesgo tras la proliferación de armamento entre la población civil, o el Grupo Especial de Operaciones, unidad de élite del Cuerpo Nacional de Policía de España.

A nivel territorial, en naciones federadas existen diferentes fuerzas policiales de acuerdo al territorio que ellas cubren. En Canadá, por ejemplo, la Real Policía Montada ejerce como policía nacional, coexistiendo con otras provinciales y locales; mientras en España –que cuenta con diferentes policías a nivel nacional, autonómico y local– las fuerzas con tuición sobre la totalidad del Estado son dos: el Cuerpo Nacional de Policía que ya mencionamos, de naturaleza civil; y la Guardia Civil, de naturaleza militar, siendo uno de sus roles el garantizar la seguridad ciudadana colaborando con la Policía Nacional, pero considerando otras funciones exclusivas como el resguardo fiscal del Estado, la persecución del contrabando, la vigilancia del transporte en las vías interurbanas, vigilancia de fronteras y costas, o la custodia de puertos y aeropuertos.

En tanto, en Chile, las recientes declaraciones del general Enrique Monrás, director de Orden y Seguridad de Carabineros, sobre la dificultad para disponer contingente en los estadios de fútbol en partidos de alta convocatoria, abren muy bien la discusión sobre la necesidad de un reforzamiento de la capacidad policial del Estado y, también, del rol de la seguridad privada, otro debate pendiente.

De llegar a existir una nueva policía, además de Carabineros, la PDI y la policía marítima (si consideramos como policía a este cuerpo de la Armada), debería ser una más pequeña y especializada que las dos primeras, que actúe como un complemento de Carabineros, principalmente del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), en la que existen unidades muy bien entrenadas. Igualmente, la PDI cuenta con las Brigadas de Reacción Táctica, con trayectorias de formación continua, que siendo unidades especializadas actúan por orden de un fiscal una vez que el delito se ha producido. Es decir, son brigadas que no estarán nunca disponibles para resguardar el orden público en una manifestación ni tampoco para efectuar un allanamiento apenas se produjo la denuncia en un sitio donde la policía no sabe con certeza con qué se va a enfrentar.

Así, pienso que una tercera policía para casos de extrema violencia, que actúe con apego a los derechos humanos en situaciones límite muchas veces asociadas al fenómeno del narcotráfico instalado con fuerza en Chile, es una idea que apunta mejor hacia donde hoy están los problemas, al menos más que la de algunos alcaldes que han planteado la conformación de policías municipales. Mientras sigamos siendo un Estado unitario, no se justifica una diferenciación territorial de las fuerzas policiales, sino una en base a la especialización táctica.

El ejemplo de la Guardia Civil española puede ser interesante de explorar, en momentos en que cada vez se ha hecho más frecuente exigirles a las fuerzas militares el ejercicio de funciones de seguridad pública mediante “estados de excepción” –que ya poco tienen de excepcionales–, aunque en el caso chileno, y como ya hemos mencionado, debiera tratarse de un cuerpo menos extenso y con un entrenamiento muy diferenciado.

Ante la crisis de seguridad que enfrentamos y que sigue cobrando la vida de policías y civiles, es fundamental dejar atrás la inconducente discusión respecto de cuál gobierno apoya más a Carabineros o la PDI, y abrirnos a debates de fondo como este, reconociendo las falencias existentes y discutiendo si tendría sentido crear una tercera policía o, en su defecto, una nueva unidad táctica altamente empoderada y especializada al alero de alguna de las policías ya existentes.

El actual gobierno, que ha priorizado una entrega histórica de recursos e indumentaria para Carabineros, descuidando un poco la discusión sobre las reformas estructurales a las ramas policiales, no puede quedar ajeno a estas y otras dimensiones estratégicas sobre la seguridad pública en Chile.

La oposición, en tanto, debe abandonar el populismo estilo Bukele que en nada colabora a frenar el delito en una realidad tan diferente histórica y territorialmente como la chilena, y sentarse a la mesa de un diálogo sensato y con perspectiva de futuro sobre las atribuciones, déficits y desafíos de nuestras fuerzas policiales.

Solo así podremos avanzar hacia una verdadera actualización y reforzamiento de Carabineros y la PDI, y, quién sabe, eventualmente también de una tercera fuerza policial que venga a coadyuvar y suplir aquellas áreas donde hoy les estamos pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas.