Situación migratoria en Chile

Señor Director: 

La situación actual de nuestra región ha provocado un notable aumento de la migración de personas, particularmente desde Venezuela y Colombia hacia Chile. Es importante resaltar que la mayoría de los inmigrantes son personas trabajadoras y respetuosas de las leyes, lo que contribuye positivamente a la sociedad chilena. Sin embargo, no podemos ignorar que también existe una minoría involucrada en actividades criminales, lo que genera preocupación, profunda desconfianza entre la población local y un debate muy complejo en la opinión pública. 

Recientemente, hemos sido testigos de casos lamentables que ponen de relieve esta cuestión. Por ejemplo, en los últimos días se han reportado incidentes como el asesinato de una adolescente colombiana en pleno centro de Santiago Centro luego de una fiesta un lunes por la mañana, y el feminicidio de una joven colombiana a manos de su pareja, quien luego se dio a la fuga. Además, hemos sido testigos de situaciones insólitas como la ocupación de viviendas en Cerro Chuño en Arica por facciones del Tren de Aragua venezolano, y agresiones a pasajeros de transporte público en Antofagasta por parte de un ciudadano colombiano. La banda de motociclistas venezolanos de la comuna de Providencia, a la que el alcalde Mathhei afirmó que “expulsaría junto con sus familias”, podría llevar a la politización de este issue (la inmigración), bastante común entre los grupos radicales de derecha en Europa y que son tomados por la derecha mainstream, según la literatura especializada. Estos casos, junto con otros similares, demuestran que existe un problema grave que requiere atención y soluciones urgentes por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, y que al parecer el plan del gobierno no está dando los resultados esperados. En este sentido, también puede ser apropiado buscar ayuda del actual director de Migraciones, Sr. Luis Thayer. De hecho, esta misma criminalidad afecta a los propios extranjeros. Por ejemplo, el Tren de Aragua secuestra y extorsiona a compatriotas venezolanos.

Es comprensible que estos actos criminales generen miedo y desconfianza entre la población, lo que puede conducir a un aumento sin precedentes de la xenofobia en nuestro país. Estos crímenes mencionados aparecen casi a diario en los noticieros en horario de máxima audiencia y, lamentablemente, algunos casos de alto perfil involucran a personas de las nacionalidades mencionadas. Sin embargo, es crucial entender que estos actos son perpetrados por una pequeña fracción de inmigrantes y no representan a la totalidad de la comunidad migrante, que también enfrenta numerosos desafíos en nuestro país, particularmente de naturaleza económica. Debemos abstenernos de estigmatizar a todos los inmigrantes de estos países basándose en las acciones de unos pocos.

Además, es necesario abordar la falta de voluntad política para salvaguardar nuestras fronteras y expulsar a inmigrantes que cometen delitos graves (como es el caso de los delincuentes chilenos deportados de Europa por diversos delitos). Algo ha realizado el gobierno junto con la PDI que, según la información de la página de Migraciones (4 de octubre de 2023), anunció la expulsión de 30 personas por delitos cometidos en el país, de las cuales 28 eran ciudadanos colombianos y 2 haitianos. Esto no implica estigmatizar a todos los inmigrantes, sino implementar medidas legales y justas para garantizar la seguridad de nuestra sociedad. Es inaceptable que Chile sea visto como un lugar donde se pueden cometer crímenes atroces con impunidad. Por lo tanto, es valioso contar con un sistema eficiente que permita identificar y sancionar a las personas que violan nuestras leyes.

Es crucial abordar de manera responsable y justa los temas relacionados con la criminalidad venezolana y colombiana en Chile, evitando estereotipos o generalizaciones que puedan fomentar la xenofobia. Además, es necesario que las autoridades implementen medidas concretas para proteger nuestras fronteras y expulsar a los inmigrantes que cometen delitos graves, sin vulnerar los derechos de quienes buscan una vida mejor. Esta es una tarea compleja pero indispensable para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad diversa.