Investigación
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“La familia notarial”: fiscal judicial desclasifica la corrupción “a vista y paciencia de todos”
Carla Troncoso declaró ante el Ministerio Público y contó detalles de lo que descubrió al investigar al interior del Poder Judicial sobre el caso de Sergio Yáber: lobby, corrupción, decisiones adoptadas a puerta cerrada y movimientos de dinero que no tienen ninguna explicación.
Una declaración que destaca por su crudeza y por revelar una serie de antecedentes sobre la forma en que opera el mundo de las notarías y conservadores prestó en marzo de este año ante la Fiscalía de Valparaíso la fiscal judicial de San Miguel, Carla Troncoso Bustamante, quien explicó en dicha instancia la investigación interna que le correspondió efectuar, debido a las relaciones de integrantes de ese tribunal con el suspendido Conservador de Raíces (CBR) de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, actualmente imputado por haber triangulado pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en una de las tantas aristas derivadas del caso Hermosilla.
Ante la fiscal del Ministerio Público Paola Castiglione –quien es parte del equipo que investiga el tráfico de influencias y otros delitos en el Poder Judicial–, Troncoso partió explicando el contexto detrás del nombramiento de Sergio Yáber (a quien se refieren como “SYL” en el documento): “No puede soslayarse el hecho que SYL es hijo de notario y que históricamente hasta ahora hay una fuerte vinculación entre la ‘familia notarial’ y la ‘familia judicial’, es un intercambio que se favorece por relaciones de contacto”, explicó, precisando que el hecho de que “un hijo de notario siga el oficio de su padre” implica que Yáber “conocía las claves sociales de este sistema de nombramiento”.
En efecto, el padre del imputado, Sergio Yáber Simón, fue notario en Iquique y a su vez el hermano de Yáber Lozano, Francisco, fue notario en Juan Fernández y Chillán.
El propio Sergio Yáber Lozano ingresó muy joven al rubro, uno de los mejor pagados del sistema público chileno, pues a los 27 años asumió como notario interno de Valparaíso, por dos meses, pero luego (el año 2000, cuando solo tenía 28 años) fue nombrado en una notaría de “en una ciudad importante como Coquimbo, saltándose el paso por una simple comuna”, detalló, aludiendo a que en Chile existen tres categorías de notarías y que lo habitual es que quienes hacen carrera en ese mundo comiencen en notarías emplazadas en comunas pequeñas, para luego asumir en ciudades más grandes, que son capital de Provincia, sin tener Corte de Apelaciones (como Osorno, Linares o Los Ángeles), para finalmente llegar a las de tercera categoría, en comunas que son asiento de una Corte de Apelaciones, como Santiago, San Miguel, Valparaíso, Concepción o Coquimbo.
Fue justamente en sus años de notario en Coquimbo que Yáber consolidó una fuerte amistad con el hoy removido ministro de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó Antonio Ulloa Márquez, a quien Yáber le prestaba un departamento en La Serena.
En 2018 falleció el anterior notario de Puente Alto, Gonzalo Martin Iglesias, un hombre que también pertenecía a “la familia notarial” y a la “familia judicial”, como lo constató un reportaje de Bío Bío, que explicaba en 2017 que el fallecido notario era primo del titular de la 15ª Notaría de Santiago y presidente del gremio, Alfredo Martin Illanes, e hijo del exministro de la Corte Suprema y exsenador designado Ricardo Martin Díaz.
A la postulación por el cupo que se abrió tras la muerte de Martin llegaron más de 150 interesados iniciales, pues se trata de un Conservador de Bienes Raíces y notaría “consolidado, con funcionamiento en una zona de expansión inmobiliaria y con competencia hasta Cajón del Maipo, parcelas, minas, aguas, por lo que era muy atractivo desde un punto de vista económico”, detalló Troncoso.
Lo anterior se refrenda por los antecedentes revelados por la Unidad de Investigación de El Mostrador relativos a los ingresos de Yáber detallados en su declaración de renta 2023: 3 mil 270 millones de pesos; es decir, un ingreso promedio mensual de más de 272 millones de pesos, por los cuales debía pagar cerca de 35 millones de pesos mensuales solo en impuestos.
Obviamente, el dinero no le escaseaba. Según se ha determinado en la arista principal del caso Muñeca Bielorrusa, Yáber depositó 1 millón de pesos mensuales a Antonio Ulloa, por 74 meses. Como dijo Troncoso, mientras se realizaban esos pagos, Yáber postuló al Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago, en 2022, sin que Ulloa se inhabilitara de votar a favor de él.
Yáber además regaló un pasaje de avión al hijo del senador de Coquimbo Matías Walker y ahora se supo que, además, le entregó otros 10 millones de pesos, respecto de cuyo origen el parlamentario no ha querido referirse.
Por cierto, no era lo único. Cuando fue nombrado en Puente Alto, invitó a Ulloa y su pareja, así como a Ángela Vivanco y su entonces pareja, Gonzalo Migueles, a un viaje por Argentina. Antes de ello le había “vendido” un automóvil Porsche de su propiedad a Vivanco y las coimas pagadas por la empresa de capitales chilenos y bielorrusos Belaz-Movitec fueron lavadas por medio de su integración al sistema formal en un mecanismo que implicó depósitos entre cuentas de Migueles, Yáber y Sergio Najle, notario de Chillán, que ahora también está suspendido y formalizado por lavado de activos.
El nombramiento
De acuerdo con la fiscal judicial, cuando Yáber postuló a Puente Alto, en medio del proceso, pidió derechamente ser trasladado allí, apelando a una situación de salud de su hijo. Ante ello, la Corte Suprema pidió un informe a la Corte de Apelaciones de San Miguel, cuyo pleno se manifestó negativamente al respecto, salvo por el voto favorable de dos ministros: Liliana Mera y Luis Sepúlveda Coronado.
Ante ello, el concurso siguió adelante y, de 83 postulantes que siguieron en este, Yáber quedó en el noveno puesto en el ranking. Leamos lo que dijo Troncoso al respecto: “Se opusieron más de 112 oponentes, por lo que el hecho que se concentrara la votación en tres o cuatro personas indica que había gestiones, un lobby intenso para conseguir votos, particularmente para aquellos que no estaban en los primeros lugares”.
De ese modo, en la primera votación del Pleno de la Corte de San Miguel fue electo Yáber, con los votos de los ministros Roberto Contreras, María Elgarrista, María Catepillán, Sylvia Pizarro, Carlos Farías, María Espina, Luis Sepúlveda y Dora Mondaca. Como ella misma relata, Catepillán posteriormente reconoció ser amiga de Antonio Ulloa. Varios de los ministros, además, estaban en edad de jubilación y de hecho ya se pensionaron, como sucede con Elgarrista, Sepúlveda y Mondaca.
Ello, a juicio de Troncoso, “quiere decir que tenía un apoyo muy sólido de ministros antiguos sin haber trabajado nunca en la jurisdicción. La terna es de julio de 2018 y en septiembre ya está nombrado, lo que es muy corto el tiempo para cualquier nombramiento, especialmente de un cargo a conservador”.
La fiscal relata que en 2018 hubo una reunión en La Serena, entre Migueles y Vivanco y Yáber, en la cual este se comprometió a darle trabajo a Gonzalo Migueles si era designado en Puente Alto, encuentro que “no tiene para mí otra explicación que la idea de formar vínculos estratégicos permanentes con ciertas personas que pueden favorecer en el futuro una carrera judicial”.
Nuestro hombre en Puente Alto
Sergio Yáber fue nombrado en Puente Alto en septiembre de 2018 y asumió en noviembre y, dice la testigo, “los empleados del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto sostienen que SYL llegó a asumir junto a Gonzalo Migueles, llegaron juntos”.
Tras ello, Yáber creó un departamento de Recursos Humanos “como una forma de justificar la contratación de Gonzalo Migueles e Isabel Ponce”. ¿Quién es ella? La esposa del exministro de la Corte de San Miguel Luis Sepúlveda Coronado, el mismo que votó a favor de las pretensiones de Yáber. Sepúlveda se jubiló en 2025 del Poder Judicial, diciendo, al despedirse, que “entré por vocación y me voy después de haber desarrollado una extensa carrera, sin arrepentimientos de nada”.
No obstante, la unidad de RRHH creada por Yáber era “completamente innecesaria”, aseguró Carla Troncoso, dado que siempre fue la contadora del lugar quien llevaba la gestión administrativa “y visto el magro resultado en las condiciones de trabajo de los empleados no fue una oficina que mejorara las condiciones laborales de los empleados”, aseveró, agregando que los antecedentes emitidos por la Inspección del Trabajo revelan “un porcentaje de conflictividad mayor en La Serena que en Puente Alto”.
Los empleados del Conservador de Puente Alto, además, no estaban conformes con la nueva jefatura y le dijeron que Yáber “estaba muy bien contactado, que tenía amistades con las que se encerraba en la oficina, y traía a los amigos a trabajar”. Además, indicaron que “Isabel Ponce fue presentada como la señora del ministro Luis Sepúlveda”.
Por contrato, Ponce estaba eximida de cumplir el mismo horario de los demás y de marcar asistencia y, además, ganaba más que los demás empleados. En la época del COVID, a casi todos se les redujo el sueldo, pero ello no afectó a Migueles ni a Ponce.
Frente a todo ello, Troncoso fue taxativa: “La contratación de Isabel Ponce para mí no tiene otra explicación que la retribución que pagó SYL a Sepúlveda por su votación, primero, a favor del traslado en mayo de 2018, y luego por su votación para la terna en julio de 2018”.
No fueron los únicos favorecidos, sin embargo. Según declaró, a la notaría también llegó a trabajar Pablo Barrena, conductor del Transantiago, sin preparación jurídica alguna, que era hermano de Claudio Barrena, “quien es compadre de SYL” y titular de la 10ª Notaría de San Miguel.
Otro empleado que aterrizó allí con Yáber fue Miguel Farías Pino, hermano del ministro del tribunal de alzada sanmiguelino Carlos Farías Pino, que votó a favor de Yáber cuando este quedó en la terna respectiva. Eso sí, explicó la fiscal judicial, la contratación de Farías Pino significó que su hermano ministro se inhabilitara en todas las causas relacionadas con el Conservador de Puente Alto.
Al respecto, Troncoso opinó que “Farías es un ministro muy tradicional a la antigua, de muy bajo perfil, sin conexiones políticas públicas, por lo que no tengo elementos para ponerlo en una situación similar la de Sepúlveda, cuya conexión entre su votación y la contratación de su mujer me parece hasta burda”.
La generosa billetera de Yáber
Otro caso que la fiscal judicial profundizó fue el relativo al caso del actual titular de la Primera Notaría de San Miguel, Rodrigo Ortúzar Rodríguez, el cual describía a Yáber –según Troncoso– como “su gran amigo y hermano”, y quien pagó 15 millones de pesos a Gonzalo Migueles por una supuesta consultoría “en gestión inmobiliaria”.
La fiscal Troncoso asevera que este fue nombrado “discrecionalmente” por el ministro Contreras como interino en la Quinta Notaría de San Miguel (correspondiente a la comuna de La Cisterna), pese a que la anterior titular de La Cisterna propuso que la subrogara el mismo abogado que lo hacía habitualmente.
Ante ello, la declarante indicó que “habría que preguntarle al ministro Roberto Contreras cuáles fueron sus razones para apartarse de estos antecedentes y nombrar discrecionalmente a Ortúzar, quien no tenía registros de trabajos previos de San Miguel y que al parecer se conocían previamente con SYL y su generosa billetera para organizar eventos sociales”,
Y agregó que, pese a fue absuelto en el sumario interno por los 15 millones (pues en el momento en que los transfirió a Migueles no era funcionario público), “tiene que justificar qué fue lo que realmente le pagó a Gonzalo Migueles con esos 15.000.000, porque Ortúzar se asila en la existencia de una factura para validar un pago sin ningún antecedente sobre la naturaleza de los servicios ni su efectividad”.
Respecto de la supuesta compra de Ángela Vivanco a Yáber de un automóvil Porsche, recordó que este “no probó haber recibido el pago” de parte de la exministra, afirmando que “esta última fue muy errática y contradictoria al exponer sobre el punto, otorgando una explicación que no sirvió para aclarar los hechos”.
Las cosas por su nombre
La declaración de la fiscal Troncoso tiene un tono de desahogo, probablemente porque ella sabía que era la oportunidad de dejar escritas una serie de cosas que solo se comentan de soslayo en los tribunales: “Como corolario de mi investigación solo pude clarificar lo que siempre hemos intuido: que el sistema de nombramientos de estos cargos, que generan utilidades tan exorbitantes en algunos casos, y que tienen un componente en el Poder Judicial y otro en el Ejecutivo”, son “un ambiente fértil para que pululen operadores que fortalecen vínculos con autoridades judiciales y políticas, ganan votos o nombramientos que claramente son retribuidos de alguna manera por estas personas que son favorecidas por estas redes”.
En ese sentido, expuso que “la forma más burda es el pago directo, como es el caso del exministro Antonio Ulloa Márquez, quien recibía una mensualidad de Sergio Yáber Lozano y que participó en su votación, otra más indirecta es la contratación de familiares, como en el caso del exministro Luis Sepúlveda Coronado”.
Asimismo, agregó, en relación al notario Francisco Leiva y al exconservador de Bienas Raíces de Santiago Luis Maldonado (que por estos días se resiste a dejar su cargo, pese a tener 81 años, por lo cual incluso recurrió al Tribunal Constitucional), que ambos “en su nómina de personal mantienen vínculos con familiares de personas que deben conocer y resolver sus sumarios, calificaciones y reclamos varios. Esto es algo a vista y paciencia de todos, que se ha tolerado porque finalmente nadie está dispuesto a asumir el costo de evidenciar esta práctica corrupta, porque ello trae como consecuencia el temor que nadie votará por ti si quedaste en una terna, o nadie votará por ti para ascender en el caso de los judiciales”.
Por ejemplo, finalizó, “valdría la pena chequear los parientes de estos ministros en el oficio de Francisco Leiva. Entiendo que un hijo del ministro Ulloa trabaja con el Notario Leiva”.
