La cultura no es un gasto prescindible: el costo político de desmantelar el ecosistema cultural

La cultura no es un lujo reservado para tiempos de bonanza ni una actividad accesoria que pueda reducirse sin consecuencias. Es trabajo, es producción, es educación, es patrimonio y es desarrollo territorial. Por eso, cuando el Gobierno decide recortar de manera drástica el presupuesto destinado a las culturas, las artes y el patrimonio, no estamos frente a una decisión meramente contable: estamos frente a una definición política sobre el país que queremos construir y sobre el lugar que le asignamos a la creación artística en nuestra sociedad.

El proyecto de Presupuesto 2027 para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio contiene una señal preocupante. Mientras el Ejecutivo ha instalado que la reducción alcanza un 10,1%, la comparación con la Ley de Presupuestos 2026 aprobada por el Congreso revela una caída real del 18,8%. Son $101.995 millones menos, en pesos de 2027, y dicho sea de paso, la mayor disminución desde la creación del Ministerio.

Esta diferencia no es un tecnicismo. El porcentaje anunciado por el Gobierno considera como referencia un presupuesto que ya había sido reducido por decreto en abril de este año. La comparación pertinente es con los recursos aprobados por el Congreso. La forma en que se presentan las cifras importa, porque determina cómo la ciudadanía comprende la magnitud de una decisión que compromete el futuro de todo un sector.

Hay, además, una pregunta política necesaria: ¿tiene sentido imponer un daño de esta magnitud a la cultura cuando el ahorro representa menos del 0,1% del presupuesto total de la Nación? Lo que para las cuentas fiscales es una reducción marginal, para el sector artístico y cultural puede significar la pérdida de empleos, el cierre de oportunidades, el debilitamiento de espacios de creación y un daño a la ciudadanía que se verá afectada en su participación.

Desde la Unión Nacional de Artistas hemos insistido en que la cultura debe ser comprendida también como un sector laboral y productivo. Según las estadísticas culturales de 2024, genera ocupación para 143.243 personas, equivalentes al 1,5% del empleo nacional. Detrás de esa cifra hay artistas, intérpretes, técnicos, productores, gestores, compañías, editoriales, salas y pequeñas empresas que sostienen una actividad económica concreta.

Hablamos, además, de un sector que enfrenta condiciones laborales especialmente frágiles. De acuerdo con el Registro Nacional de Agentes Culturales del propio Ministerio, el 48% de quienes se desempeñan en cultura combina este trabajo con otras ocupaciones, el 61% trabaja por cuenta propia y el 74,6% desarrolla su actividad fuera de los marcos de protección social. Recortar los recursos que permiten producir obras, financiar proyectos y sostener espacios culturales significa profundizar una precariedad que el Estado debería contribuir a superar.

Los efectos de estos recortes tampoco se limitan a artistas y trabajadores culturales. De cada $100 que produce el sector, $47 se destinan a adquirir bienes y servicios de otras actividades económicas. Festivales, giras, temporadas teatrales y producciones audiovisuales movilizan transporte, alojamiento, alimentación, servicios técnicos y comercio local. Debilitar la actividad cultural es también debilitar economías regionales y comunales.

Por eso resulta contradictorio que, mientras se declara la necesidad de impulsar el empleo y fortalecer la seguridad, se reduzcan recursos para programas y obras que generan trabajo y contribuyen a la vida comunitaria. La eliminación del programa de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural y del área de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos constituye una señal particularmente grave. A ello se suman disminuciones en infraestructura cultural regional, teatros municipales, conservación patrimonial, fondos de creación artística, bibliotecas y programas de acceso.

También se comprometen políticas fundamentales para la educación y la formación de nuevas generaciones. El programa de Fomento del Arte en la Educación pierde capacidad para financiar personal; el plan de lectura en primera infancia reduce sus recursos en cerca de un tercio, y el aporte a las universidades públicas cae un 37%. No son cifras aisladas: son oportunidades que se restringen y capacidades públicas que se debilitan.

El pasado 20 de octubre, en representación de la Unión Nacional de Artistas, participamos en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos para exponer los antecedentes técnicos y políticos que demuestran la gravedad de esta propuesta. La discusión sigue abierta, pero todavía no existe una recuperación presupuestaria asegurada. Por eso continuaremos trabajando con parlamentarias y parlamentarios para exigir que los recursos se restituyan, como mínimo, al nivel establecido en la Ley de Presupuestos 2026 aprobada por el Congreso.

Nuestra posición es clara: no estamos pidiendo privilegios para un sector. Estamos exigiendo responsabilidad pública, coherencia y una comprensión integral del valor de la cultura para el país.Exigimos también que las decisiones de eliminar programas o reducir recursos se sustenten en evaluaciones técnicas transparentes, y no en decisiones cuyos costos sociales, laborales y territoriales quedan fuera del debate.

La institucionalidad cultural chilena se ha construido durante años, con el esfuerzo de organizaciones, comunidades y trabajadores, y con decisiones de gobiernos de distintos signos políticos. Debilitarla abruptamente amenaza capacidades, redes, espacios de creación y vínculos territoriales que no se reconstruyen de un día para otro.

Como directora ejecutiva de la Unión Nacional de Artistas, considero indispensable decirlo con claridad: el presupuesto no es neutral. Cada decisión de financiamiento expresa prioridades y define qué actividades, derechos y comunidades el Estado está dispuesto a proteger. La cultura no puede ser reconocida en el discurso y abandonada en los hechos.

El Estado nos propone un ahorro insignificante para las arcas fiscales que significará un enorme costo social, económico y cultural que pagará el sector y la ciudadanía.

La cultura no es un gasto prescindible. Es trabajo, es derecho, es memoria y es futuro. Defenderla no es una concesión: es una responsabilidad política en defensa de un derecho humano.

La Cultura se cuida, no se recorta.

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