Señor Director:
La última reforma sobre la carrera docente y la formación inicial docente (Ley 20.903) ha venido acompañada de una drástica reducción en la matrícula de pedagogías y con una crisis en ciernes sobre quiénes enseñarán a las futuras generaciones. Al respecto, un tema que preocupa es la tesis que señala que subir el estatus profesional de la docencia se relaciona con que las y los futuros docentes que ingresen a las pedagogías lo hagan con altos puntajes en las pruebas de admisión universitaria. Esta tesis está a la base de la ley 20.903 de carrera docente, impulsada durante 2015, y que aumentó las exigencias de puntajes para el ingreso a los programas de pedagogía. El año pasado, el estudio encargado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que evaluó la ley 20.903 y su implementación entregó antecedentes preocupantes a este respecto. Entre sus conclusiones, señala que estas exigencias de altos puntajes de ingreso generan condiciones desfavorables a las universidades ubicadas fuera de la Región Metropolitana, reduce las postulaciones a las pedagogías, contribuye a potenciar la inequidad, y afecta negativamente a las universidades regionales de menor tamaño. El informe señala textualmente que la exigencia en estos requisitos de ingreso “afecta las posibilidades de supervivencia de instituciones formadoras de docentes que no son emblemáticas pero que son fundamentales por su labor social en su localidad /región”. Esto sin duda genera contradicciones que retrotraen la discusión hacia la complejidad del problema de las pedagogías, y que -como en el espíritu de la ley- debe incorporar las condiciones de ejercicio de la carrera docente para hacerla tanto atractiva como más prestigiosa.
La evaluación del PNUD coincide con el análisis de nudos críticos que realizó el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas en su informe “La Docencia Cambia Vidas” entregado en marzo de este año a las autoridades de gobierno. En este documento se elaboran distintas propuestas para fortalecer la formación inicial y continua docente en las universidades y el sistema educativo. Entre las recomendaciones, se señala la idea de racionalizar las dotaciones territoriales de profesores y con ello definir estrategias de formación y desarrollo, así como también fortalecer los programas de pedagogía en zonas extremas. Todo ello requiere modelos de financiamiento prioritarios y basales, que enfrenten la falta de interés en estudiar pedagogía sin arriesgar la supervivencia de instituciones y programas que son necesarios en sus territorios.
Algo que aprender de la experiencia con la Ley 20.903 es que el prestigio de una profesión no se construye por la mera selección de quienes formarán parte de ésta, sino que requiere mirar otras condiciones. Es de esperar que las autoridades e instituciones tomen en cuenta esta situación con el auxilio que implica y miren más críticamente estos aspectos de la reforma, que a todas luces podría dejarnos sin los profesores que Chile necesita para muchísimos desafíos complejos, particularmente fuera de la Región Metropolitana. Asegurar que el sistema educativo tenga las y los profesores que necesita es una responsabilidad del Estado.
Ivan Salinas Barrios
Académico
Departamento de Estudios Pedagógicos
Universidad de Chile
