Construcción del nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda
Señor Director:
La reciente decisión de cancelar la construcción del nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda no puede entenderse como un hecho meramente administrativo. Se trata, más bien, de una señal profundamente preocupante respecto del lugar que ocupa la rehabilitación y la discapacidad en el Estado.
En un país donde más de tres millones de personas viven en situación de discapacidad, la postergación de un proyecto largamente esperado —con aprobación técnica, terreno asignado y viabilidad financiera— evidencia una contradicción estructural: se reconocen derechos en el discurso, pero se debilitan las condiciones materiales que permiten su ejercicio efectivo. Como sabemos, la discapacidad es una representación de las profundas desigualdades sociales que el propio Estado está llamado a corregir.
La mantención de un centro nacional operando en una infraestructura de hace un siglo no es neutra: reproduce exclusión, limita oportunidades de rehabilitación y tensiona la ya debilitada red pública de salud. En este sentido, la decisión adoptada no sólo posterga una inversión, sino que perpetúa una deuda histórica con uno de los grupos más vulnerados del país.
Revertir esta medida no es únicamente una cuestión de gestión sectorial, sino un imperativo ético y político. Supone avanzar desde la retórica de la inclusión hacia su materialización concreta, dotando al sistema de salud de las capacidades necesarias para garantizar dignidad, autonomía y participación social.
Mauro Tamayo Rozas
Ex Director Nacional de SENADIS
