Opinión
Que haya o no un representante de una empresa en la Junta Directiva de una universidad no hace ninguna diferencia. Podría ocurrir que haya en esa Junta varias personas (palos blancos) de estas empresas, cosa que nunca sabremos, con o sin sentencia del TC. Lo más que estas empresas “lucrosas” podrán hacer ahora es vender algunos servicios o arrendar inmuebles a precios de mercado, cosa que podrían hacer exactamente igual, con o sin sentencia del TC. Dependerá de la recientemente creada superintendencia –gracias a la nueva ley– vigilar si estos son o no precios de mercado, lo que deberá hacer igual, con o sin sentencia del TC. En otras palabras, lo único que verdaderamente logró esta mentada sentencia es producir desgarros de vestiduras por histeria política y crispar el país, lo cual me imagino que ni siquiera al Gobierno de Piñera le debe haber agradado.
La composición y rol del Tribunal Constitucional (TC) me parecen detestables. Por su parte, la sentencia del TC en lo referente a permitir que haya entidades con fines de lucro en la junta directiva de una universidad me parece muy equivocada, sobre todo por la imagen que proyectó. Dicho lo anterior, sorprende que haya tanta gente chillando histéricamente por este tema, peor aún desde la ignorancia.
Este dictamen NO abre la puerta al lucro en las universidades, ni directa ni indirectamente. Las universidades son corporaciones SIN FINES DE LUCRO. Por ende, no pueden tener «dueños», ni total ni parcialmente, ni directa ni indirectamente.
Por ejemplo, yo soy, en lo personal, por estatutos, Socio Fundador de Educación 2020, una ONG sin fines de lucro. Aporté un millón de pesos, en 2009. Eso no me da absolutamente ningún derecho de propiedad ni de conducción sobre la fundación, ni directa ni indirectamente. Si mañana ella se cerrara, sus bienes pasarían a la U. de Chile y la PUC. Soy Presidente del Directorio… solo mientras el Directorio lo estime conveniente.
Lo que ocurría antes era que este delito no estaba tipificado penalmente. Por ende, si yo extraía dinero de la Fundación por medio de algún contrato trucho, con una empresa de mi propiedad, o si Laureate extraía dinero de una de “sus” universidades, no había sanción. Así lo declaró el pasado octubre el (ex) fiscal Gajardo al cerrar doce investigaciones sobre universidades:
«No se lograron reunir antecedentes para efectuar una imputación penal, teniendo especialmente en consideración que el lucro en las instituciones de educación superior, si bien está prohibido, no se encuentra sancionado como un delito penal», recordando que existe actualmente un proyecto de ley en el Senado en que el tema se está debatiendo.
[cita tipo=»destaque»]Por eso es que muchos «lucrosos», varias de las doce instituciones privadas, se llenaron los bolsillos. No había riesgo en hacerlo. Hoy, ese delito quedó claramente tipificado en la Ley, con sanciones penales nítidas, lo cual es mérito del anterior Gobierno. Si Laureate u otros trataran ahora de «vender» su «participación» en estas universidades, no les pagarían ni un peso. Habría que estar loco para hacerlo. Podrán tal vez adquirirles los inmuebles… a precio verdaderamente de mercado.[/cita]
Por eso es que muchos «lucrosos», varias de las doce instituciones privadas, se llenaron los bolsillos. No había riesgo en hacerlo. Hoy, ese delito quedó claramente tipificado en la Ley, con sanciones penales nítidas, lo cual es mérito del anterior Gobierno. Si Laureate u otros trataran ahora de «vender» su «participación» en estas universidades, no les pagarían ni un peso. Habría que estar loco para hacerlo. Podrán tal vez adquirirles los inmuebles… a precio verdaderamente de mercado.
Por otro lado, el que haya o no un representante de una empresa en la Junta Directiva de una universidad no hace ninguna diferencia. Podría ocurrir que haya en esa junta varias personas (palos blancos) de estas empresas, cosa que nunca sabremos, con o sin sentencia del TC. Lo más que estas empresas “lucrosas” podrán hacer ahora es vender algunos servicios o arrendar inmuebles a precios de mercado, cosa que podrían hacer exactamente igual con o sin sentencia del TC. Dependerá de la recientemente creada superintendencia –gracias a la nueva ley– vigilar si estos son o no precios de mercado, lo que deberá hacer igual, con o sin sentencia del TC.
En otras palabras, lo único que verdaderamente logró esta mentada sentencia es producir desgarros de vestiduras por histeria política y crispar el país, lo cual me imagino que ni siquiera al Gobierno de Piñera le debe haber agradado.
