Apoyo a Lula: revivir a un líder gastado por sus vínculos con la corrupción

En días recientes, diversas personas identificadas con la izquierda han manifestado su apoyo el ex presidente del Brasil Lula da Silva, sosteniendo básicamente la debilidad probatoria del caso en virtud del cual fue condenado y la necesidad de permitirle participar en las próximas elecciones como candidato preferido en las encuestas, dada la enorme crisis de legitimidad que enfrenta la política brasilera.

Lula ha sido condenado en uno de siete casos que enfrenta con imputaciones dirigidas personalmente a él, pero estos casos son solo una porción mínima de un fenómeno mayor que los defensores de Lula omiten mencionar. La discusión que hoy está planteada recae sobre el hecho del enriquecimiento personal de él y su familia, pero lo que no está en discusión sino ampliamente acreditado por medio de investigaciones tanto judiciales como periodísticas, es que durante los gobiernos del PT, dos de ellos encabezados por Lula, la corrupción se practicó ampliamente en Brasil bajo el auspicio y con participación del Gobierno, distorsionando por completo el funcionamiento de instituciones tan fundamentales como el Congreso y la adjudicación competitiva de la contratación pública.

Estas prácticas de desarrollaron de manera tan masiva y escandalosa, que han generado una crisis de credibilidad radical en la política brasilera. Resulta extraño pretender que dicha crisis se pueda solucionar por el liderazgo del principal protagonista político del periodo cuestionado, cuando además algunos de sus colaboradores más directos han sido condenados como participantes principales del proceso estructural de corrupción que existió.

Es cierto que el PT no inventó la corrupción en Brasil ni fue el único partido que participó en ella, no obstante, la superación de esas prácticas fue una de las principales ofertas de ese partido en sus campañas, promesa que no solo fue quebrantada sino que bajo sus gobiernos se establecieron nuevas modalidades de corrupción política y ella se elevó a nuevos récords en un país con una larga práctica en tales vicios.

[cita tipo=»destaque»]Lula ha sido condenado en uno de siete casos que enfrenta con imputaciones dirigidas personalmente a él, pero estos casos son solo una porción mínima de un fenómeno mayor que los defensores de Lula omiten mencionar. La discusión que hoy está planteada recae sobre el hecho del enriquecimiento personal de él y su familia, pero lo que no está en discusión sino ampliamente acreditado por medio de investigaciones tanto judiciales como periodísticas, es que durante los gobiernos del PT, dos de ellos encabezados por Lula, la corrupción se practicó ampliamente en Brasil bajo el auspicio y con participación del Gobierno, distorsionando por completo el funcionamiento de instituciones tan fundamentales como el Congreso y la adjudicación competitiva de la contratación pública.[/cita]

Por otra parte, el PT y Lula, en lo personal, contribuyeron a la exportación del modelo brasileño de corrupción en la obra pública. Actualmente son pocos los países de América Latina que no se encuentran afectados por escándalos producidos por coimas pagadas por las grandes empresas constructoras brasileñas a políticos y funcionarios locales. Estas empresas solían llegar a los países recomendadas y auspiciadas por el gobierno de Brasil y el PT y algunas veces directamente por el propio Lula. En el caso de Chile no conocemos todavía el alcance de dicha penetración, pero hay algunos indicios que están presentes en casos como el que indaga el financiamiento irregular de la Campaña de Marco Enríquez-Ominami en 2013 y la investigación que conduce actualmente la fiscal Ximena Chong sobre las actividades de la oficina que OAS instaló en Santiago.

La responsabilidad política de Lula sobre la crisis es muy evidente, si el PT y la izquierda brasileña quieren volver a jugar un rol decisivo en Brasil, lo último que necesitan es revivir a un líder desgastado por sus vínculos con la corrupción.

En este contexto la cuestión del enriquecimiento personal de Lula es solo una de las razones para no reivindicarlo como líder de futuro. Pero examinemos eso brevemente.

En el caso del departamento Triplex de Guaruja, la prueba fundamental es el testimonio del dueño de la empresa OAS, que explica todo el proceso de la adjudicación y remodelación del departamento a la familia de Lula con cargo a las coimas que esa empresa debía al PT por las múltiples adjudicaciones ilícitas de obras que había recibido por su intervención.

Es cierto que el testimonio de un delator que recibe rebajas de pena debe ser mirado con desconfianza. No obstante, existen numerosos elementos que corroboran los dichos del señor Pinheiro, entre ellos, la cancelación, sin devolución de lo pagado, de la reserva original por un departamento más pequeño, hecha por la esposa de Lula. El hecho de que la familia dejó de pagar las cuotas de la compra original cuando el edificio fue adquirido por OAS y el hecho de que la constructora retiró el departamento de la venta a partir de ese momento. Las numerosas visitas de miembros de la familia y del propio Lula al departamento durante su remodelación, donde eran tratados como dueños del mismo, los documentos internos de la empresa que acreditan que las reformas se hacían bajo aprobación de la familia y el propio Lula.

Lula nunca ha dado explicaciones satisfactorias de estos hechos y, en efecto, mintió en el proceso al afirmar que no había estado en el Triplex, cosa que se probó falsa por medio de una fotografía en la que aparece visitando las obras de remodelación junto con el señor Pinheiro.

Es cierto que se trata de pruebas cuestionables, imperfectas, parciales, pero eso es común en los procesos penales, especialmente cuando se juzgan actividades realizadas por organizaciones complejas y poderosas que se preocupan de no dejar huellas y cuentan con enormes medios para lograrlo. Incluso se puede discrepar legítimamente del fallo, pero se trata de un caso serio, con pruebas importantes, polémico como muchos que resuelve la justicia penal de los países democráticos.

Por último está la cuestión de la independencia de la justicia brasileña. Ningún sistema es impecable en esta materia y siempre los persecutores cometen excesos como filtraciones o declaraciones inapropiadas, normalmente vinculadas a los fuertes ataques que reciben de los grupos de poder involucrados en este tipo de casos. No obstante, la justicia federal de Brasil tiene una credibilidad importante derivada del hecho de haber perseguido y condenado a políticos de diversos sectores y una enorme cantidad de grandes empresarios, la mayoría de los cuales no son precisamente personas de izquierda.