Opinión
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo promueve, en el marco de la Agenda 2030 y sus 17 ODS, un desarrollo sostenible basado en la viabilidad social y ambiental de las actividades económicas, desde un enfoque de política integral que garantice un mejor bienestar humano y un equilibrio entre nuestro entorno ambiental y el desarrollo socioeconómico. Las necesidades de adaptación y la búsqueda de modelos bajo estas condiciones han abierto la puerta a nuevos esquemas de gobernanza para la paz social, poniendo de manifiesto que el ciclo de las políticas sociales, económicas y ambientales, requieren del involucramiento y la participación de la ciudadanía, como un principio de democracia que responda a las exigencias de una población cada vez más diversa y que requiere de mejores bienes y servicios públicos.
Chile tiene en su territorio las denominadas zonas de sacrificio, que se definen como aquellos territorios de asentamiento humano devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades. Actualmente cinco comunas: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel, están categorizadas como tales y son territorios en los que se ha priorizado el establecimiento de industrias por sobre el bienestar de las personas y el ambiente, causando graves episodios de contaminación que generan daños irreversibles a la calidad de vida, salud y entorno natural de sus habitantes.
Esto se debe principalmente a que la economía de Chile es aún poco diversificada y el crecimiento del PIB es altamente dependiente de la extracción de recursos naturales, provocando importantes costos ambientales como el agotamiento y deterioro de recursos, contaminación ambiental y disminución de servicios ambientales. Además, la economía nacional sigue enfrentando desafíos en materia de innovación, lo que impide la generación de nuevos procesos productivos y la utilización de los recursos naturales en forma sostenible. Por otra parte, aún persisten grandes desafíos en avanzar hacia territorios sostenibles, que implementen instrumentos de planificación y procesos de ordenamiento territorial integrales a partir de la incorporación de metas sociales, ambientales y económicas a mediano y largo plazo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo promueve, en el marco de la Agenda 2030 y sus 17 ODS, un desarrollo sostenible basado en la viabilidad social y ambiental de las actividades económicas, desde un enfoque de política integral que garantice un mejor bienestar humano y un equilibrio entre nuestro entorno ambiental y el desarrollo socioeconómico. Las necesidades de adaptación y la búsqueda de modelos bajo estas condiciones han abierto la puerta a nuevos esquemas de gobernanza para la paz social, poniendo de manifiesto que el ciclo de las políticas sociales, económicas y ambientales, requieren del involucramiento y la participación de la ciudadanía, como un principio de democracia que responda a las exigencias de una población cada vez más diversa y que requiere de mejores bienes y servicios públicos.
[cita tipo=»destaque»]Algunas recomendaciones en este sentido son: implementar la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales en todas las regiones del país, a efectos de mejorar la fiscalización ambiental y el acceso a la justicia en estas materias; evaluar y abordar la inequidad ambiental desde la política pública, a través de una metodología clara y validada, que contenga indicadores, metas y mecanismos de monitoreo asociados; y profundizar las políticas y programas promotores de cambios culturales y tecnológicos sostenidos en el tiempo, que disminuyan la emisión de contaminantes atmosféricos en las fuentes puntuales y difusas, particularmente de las regiones del centro-sur del país, y permitan reducir muertes y enfermedades provocadas por la contaminación ambiental.[/cita]
Estos territorios deben ser priorizados y sometidos a medidas de recuperación y protección que les permitan ser beneficiados por un modelo de crecimiento local sostenible. Si el país continúa avanzando por medio de mecanismos innovadores de participación y colaboración ciudadana se podrán prevenir conflictos y crisis socioambientales como los ocurridos en Puchuncaví y Quintero.
Es con una sólida gobernanza ambiental, que permita que las distintas voces participen activamente en la deliberación sobre los instrumentos de política pública ambiental, para construir e implementar medidas efectivas, en un marco de democracia y bajo los principios de representatividad, diversidad, participación efectiva en la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.
No es suficiente que se implementen sanciones económicas, de clausura de faenas o amonestaciones: estas no reparan el daño causado a las personas y a los ecosistemas. Lo que se requiere es que el país cuente con una sólida gobernanza y una institucionalidad ambiental que promueva la gestión integrada, fortalezca la democracia y la equidad ambiental como principios activos de la política pública.
Algunas recomendaciones en este sentido son: implementar la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales en todas las regiones del país, a efectos de mejorar la fiscalización ambiental y el acceso a la justicia en estas materias; evaluar y abordar la inequidad ambiental desde la política pública, a través de una metodología clara y validada, que contenga indicadores, metas y mecanismos de monitoreo asociados; y profundizar las políticas y programas promotores de cambios culturales y tecnológicos sostenidos en el tiempo, que disminuyan la emisión de contaminantes atmosféricos en las fuentes puntuales y difusas, particularmente de las regiones del centro-sur del país, y permitan reducir muertes y enfermedades provocadas por la contaminación ambiental.
Solo así se logrará que el crecimiento económico no sea en desmedro de los derechos humanos y el cuidado y protección de nuestro medio ambiente.
