Opinión
El gobierno actual desde el inicio ha establecido que ejecutará medidas que contribuyan a aumentar la tasa de crecimiento económico del país en conjunto con acciones que promuevan un ajuste fiscal. Esta prioridad NO se ha concretado en el primer proyecto de Ley de Presupuesto que se ha presentado en el congreso, particularmente en el área de ciencia, tecnología e innovación.
Una de las leyes más importantes que se promulga todos los años es la Ley de Presupuesto de la Nación. En esta, no solo se detallan las inversiones que realizará el gobierno de turno en cada una de las instituciones del país, sino que también se evidencian, implícitamente, las prioridades políticas. Entre estas, el gobierno actual desde el inicio ha establecido que ejecutará medidas que contribuyan a aumentar la tasa de crecimiento económico del país en conjunto con acciones que promuevan un ajuste fiscal. Esta prioridad NO se ha concretado en el primer proyecto de Ley de Presupuesto que se ha presentado en el congreso. Particularmente en el área de ciencia, tecnología e innovación, que es clave para expandir la base de conocimiento que el país necesita para resolver problemas claves para nuestro futuro, así como incentivar una mayor innovación e I+D de parte del sector privado, clave para generar un mayor crecimiento en base a productividad.
En concreto, el presupuesto que corresponden a Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI – cae 4,6% y entre las unidades más afectadas están CORFO y el Fondo de Innovación para la Competitividad – FIC – quienes ven disminuido su presupuesto en aproximadamente un 29% y 21% respectivamente. La CORFO y el FIC son dos de las instituciones más importantes en cuanto a la promoción de la innovación en nuestros procesos y matriz productiva, contribuyendo no solo a la productividad, sino que también al desarrollo endógeno de las regiones a través de procesos de descentralización del gasto fiscal.
En segundo lugar, la inversión pública en ciencia también cae, aunque en magnitudes menores. Si se observa en detalle el presupuesto de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT – para el año 2019, específicamente del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico – FONDECYT –, se observa que el icono de la ciencia básica desde los años 80, crece en un 0,2%. Mientras que el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico – FONDEF –, el cual corresponde a un programa enfocado en la ciencia aplicada y que busca tener impacto en el desarrollo económico o social del país, tiene para el año 2019 una reducción de un 3,2%. Esto es preocupante ya que desde hace al menos 3 años que la demanda por estos instrumentos, con proyectos de alta calidad y potencial de impacto, supera con creces la oferta de recursos. Si bien es cierto la tasa de adjudicación de ambos programas se ha reducido considerablemente en los últimos 6 años, FONDECYT ha visto incrementado su presupuesto de forma significativa, esto debido a que corresponde a un programa que es y ha sido defendido enérgicamente por el mundo científico. Esto se ha traducido en que desde el año 2008 al presente FONDECYT ha visto incrementado su presupuesto en un 262%, en cambio FONDEF solo ha crecido un 66% en los últimos 10 años. Esto a nuestro parecer es errado toda vez que tanto la investigación básica como la aplicada son esenciales para expandir el impacto de la ciencia en el desarrollo del país. No hay justificación, salvo un miope lobby científico, para no considerar ambos tipos de instrumentos como estratégicos.
En cuanto a estos dos programas (FONDECYT y FONDEF) se sabe que al retornar la democracia, el gobierno de Patricio Aylwin asesorado por organismos internacionales como el BID, buscaron un mayor desarrollo y dinamismo de su matriz productiva, lo cual se tradujo en la creación del programa FONDEF en el año 1991 para focalizar la investigación en la ciencia aplicada y donde los resultados medibles no fuesen solo artículos científicos, sino que otros productos tales como: patentes, prototipos o algún otro avance tecnológico posiblemente escalable. Esto fue un cambio de paradigma para la academia en Chile que estaba acostumbrada solo a recibir subsidios enfocados en ciencia básica, como lo es FONDECYT. En ese sentido, en el año 2000 FONDECYT contaba con un presupuesto de 26 millones de dólares y FONDEF de 12 solamente. Hoy, en 2018 se destina en investigación básica a través de FONDECYT alrededor de 200 millones de dólares y para investigación aplicada, a través de FONDEF, 30 millones de dólares.
Por consiguiente. si hoy en día se pudiese dividir el presupuesto de CONICYT en tres partes iguales, el primero de estos correspondería a los recursos asignados para Becas, tanto para estudios en Chile como en el extranjero. Otro tercio correspondería solo al programa FONDECYT, es decir, investigación básica o por curiosidad. Finalmente, en el último tercio está el presupuesto para todos los demás programas: Centros Regionales de Investigación (que realizan tanto investigación básica como aplicada, pero con enfoque regional), EXPLORA (encargado de la difusión de la ciencia a la población), Cooperación internacional, Equipamiento científico y, por supuesto, FONDEF, que corresponde uno de los programas nacionales que tiene como propósito realizar investigación aplicada con el fin de innovar para incrementar la competitividad a nivel nacional.
Todo lo anterior hace que causen sorpresa algunas opiniones vertidas, por ejemplo, por exautoridades de gobierno. En ese sentido, una “interesante idea” ha sido propuesta por el exministro Harald Beyer, quien en una columna de opinión planteó eliminar el programa Beca de Apoyo Escolar a la Retención Escolar – BARE – y los recursos (más de 5 mil millones de pesos) distribuirlos a otros programas, entre esos FONDECYT. De esta propuesta se pueden debatir algunos aspectos. En primer lugar, el intencional o involuntario “olvido” del exministro respecto de algunas importantes investigaciones tales como la del premio Nobel James Heckman, quien estudió y demostró los retornos que se obtienen al invertir en la educación de los niños y niñas de menores edades. En segundo lugar, la premeditada o involuntaria interpretación de la evaluación del informe realizado por DIPRES respecto al programa BARE. En ese sentido, los panelistas del informe concluyen que el programa tiene fallas importantes en gestión y eficiencia, no obstante, no se pone en duda la necesidad de un programa como este, incluso los panelistas concuerdan con lo que dice la experiencia internacional sobre la utilidad social que tiene este tipo de programas. No obstante, todo esto demuestra que tenemos una deuda, y esta es la de realizar evaluaciones de impacto adecuadas las cuales sirvan para tomar decisiones basadas en evidencia y no sobre la base de opiniones o intereses. Junto con ello, es necesario señalar que FONDECYT es solo un pequeño pedazo de la política de apoyo al desarrollo científico y esta es una parte de la política de CTI. En consecuencia, las prioridades políticas no pueden analizarse solo en función de algunos programas, deben analizarse en su conjunto, con una mirada estratégica. Esto no lo hace el exministro ni lo está haciendo el actual gobierno, ya que salvo la promulgación de la Ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, no ha habido una declaración ni propuesta política estratégica que defina hacia donde se pretende avanzar en esta materia. Es por estas razones que cabría preguntarle al actual gobierno, ¿De qué sirve promover y hablar a favor de la productividad y del que crecimiento, cuando no se está dispuesto siquiera a mantener el escueto esfuerzo público para apoyar esta materia?
Es evidente, como todos los años, que la discusión del presupuesto da pie para que todos debatamos acerca de los recursos que debió tener el proyecto de Ley en las distintas partidas. Sin embargo, es necesario ser responsables respecto de las opiniones emitidas en cuanto a las modificaciones que se debería realizar al presupuesto para lograr algunos fines. Esto debido a que los recursos siempre serán escasos y las necesidades infinitas, lo cual obliga a que las modificaciones propuestas sean útiles no solo para resolver problemas de un ámbito o gremio, sino que generen el mayor retorno e impacto social con los, a veces, escasos recursos asignados.
Finalmente, considerando que los recursos para la CTI siempre serán escasos (al igual que en muchas otras áreas), la discusión es acerca de hacia dónde deben ir todos aquellos recursos que son necesarios incrementar. En ese sentido, el debate que emerge es y será entre quienes, por un lado, proponen que el incremento del presupuesto debe ir, principalmente, a aquellos programas de investigación por curiosidad. O por otro lado, los que creemos que la inversión debe ir en los programas que, sin dejar de hacer investigación básica, aplican metodologías innovadoras para desarrollar investigación transdisciplinaria que se traduzca no solo en la generación de publicaciones científicas, sino que también en elementos que contribuyan al desarrollo, tanto a través de conocimiento como también por medio de productos que incrementen la productividad y, por consecuencia el crecimiento del país. Este es un debate necesario, pero pendiente, el cual en discusión presupuestaria aun no lo vemos.
