Opinión
Hace cuatro meses, jueces y juezas del país iniciamos un viaje incierto que nos obligó a redefinir nuestra manera de operar en resguardo de la salud y la vida de la comunidad. Travesía que nos ha llevado a pasar por distintas estaciones que han requerido estrategias puntuales para asegurar el acceso a la justicia de manera igualitaria. Desde el Poder Judicial el mandato fue claro: acatar las medidas sanitarias, trasladando la labor a nuestros hogares para asegurar la continuidad del servicio y aplicar criterio. Es decir, abocarse en primer lugar a lo que resulta más urgente.
En estas líneas nos ocupa la justicia especializada para resolver conflictos de naturaleza de familia. Si revisamos los diversos conflictos que son de nuestra competencia, constataremos lo complejo que resulta discriminar a la hora de establecer prioridades de atención. En familia, especialmente cuando se trata de grupos vulnerables – niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo; víctimas de violencia intrafamiliar, especialmente mujeres, adultos mayores o personas con alguna discapacidad –todo amerita urgencia en la atención–. Este es un ámbito de la justicia que exige estar extremadamente alerta.
Es de nuestra competencia resolver temas de adopción; de cuidado de los hijos; de derecho y deber de mantener una relación directa y regular con los hijos de filiación o determinación de paternidad o maternidad; de faltas imputables a menores de edad. Por cierto, también de maltrato, abuso o abandono de niños o niñas y de las consiguientes medidas de protección. Podríamos seguir enumerando, pero creemos que las materias apuntadas bastan para comprender la importancia de la justicia de familia y a su vez ilustran lo complejo que resulta priorizar.
Como todos en esta pandemia, tuvimos que rediseñar gran parte de nuestro modo de abordar el trabajo y en este reto nuestra mejor aliada fue la capacidad de ser creativos, dúctiles, resilientes. Tres características que claramente no son las que un juez, una jueza, suele poner en práctica.
En una primera estación lo más importante era mantener los canales de recepción de denuncias abiertos. Para ello se implementaron líneas telefónicas y plataformas en redes sociales con la colaboración de distintas organizaciones comunitarias y de Carabineros. En esta instancia pudimos revalorizar la capacidad tecnológica del Poder Judicial.
En una segunda etapa el reto consistió en materializar la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva. Esto implicó incorporar a todos aquellos que intervienen en nuestros procedimientos, especialmente los organismos colaboradores. Evaluamos las causas existentes y las formas más seguras de continuar con su tramitación, adoptando las medidas necesarias para asegurar los derechos fundamentales de todos y todas, en especial niños, niñas y adolescentes, y víctimas de violencia intrafamiliar.
A pesar de todo el esfuerzo y la capacidad de resiliencia de los funcionarios del Poder Judicial, la ruta se colocó sinuosa cuando advertimos la falta de conectividad en las zonas más aisladas del país, especialmente en asentamientos rurales. Allí donde no hay rastro de alfabetización digital.
Para que la administración de justicia en esta modalidad “ a distancia” sea efectiva, no basta con que jueces y juezas cuenten con buena conectividad y destrezas informáticas, la misma habilidad y el mismo escenario de conexión debe tener nuestro “usuario”. Y allí es donde nos topamos con la brecha digital que, a medida que nos alejamos de las grandes ciudades, adentrándonos en la periferia urbana, y en el mundo rural, se agiganta. Por lo mismo, se torna compleja de subsanar en lo inmediato.
La respuesta que dimos consistió en brindar asistencia digital. Ayudar a nuestros usuarios que habitan zonas aisladas, que no están acostumbrados al mundo virtual o que simplemente no tienen acceso a internet. Esta estrategia en algunos casos se desarrolló de la mano de municipios; en localidades del sur como San Juan de la Costa, Puyehue, Puerto Montt, Puerto Octay. Consistió en habilitar espacios de conectividad que bautizamos con el nombre de “Punto Zoom”, lo que no es otra cosa que la “plaza digital” del pueblo.
Es en este momento cuando nos damos cuenta que este viaje tiene diversas rutas, igual que nuestro país y su geografía, no usamos el mismo camino cuando vamos de la costa en dirección a la cordillera que cuando vamos del sur al norte de Chile. Como justicia de familia hemos tenido que trazar rutas desconocidas, toda vez que nuestro único propósito ha sido mantener el acceso a la justicia. Este sistema que hemos llamado “ teletrabajo” y que de un tiempo a esta parte ha dejado de ser novedad para volverse parte de nuestra rutina, exige ser flexible, creativo, paciente, y paradójicamente exige al mismo tiempo ser severo y estricto a la hora de resguardar el “debido proceso”, aquello que garantiza que todo chileno y toda chilena verá protegidos sus derechos, especialmente los niños y niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia al interior de sus hogares.
Una de las complejidades que se nos ha presentado en este tiempo es la comunicación directa y reservada con niñas, niños y adolescentes. Hay que tener especial cuidado para asegurar sus derechos a ser oídos, resguardando la privacidad y, como es sabido, en este contexto de videoconferencia siempre hay adultos cerca –familiares o cuidadores de Sename– que pueden eventualmente limitar ese derecho. Asimismo no ha estado exento de dificultades el acceso a los informes periciales propios de esos juicios, que resguardan que la sentencia se dicte con el máximo de información.
En el otro extremo, hemos asistido a procesos que no se hubiesen concretado con el mismo grado de éxito de no mediar la tecnología. Por ejemplo, en una medida de protección un padre que habita en zona aislada de nuestra Patagonia fue localizado y pudo acceder a la audiencia desde su hogar, responsabilizándose en mejorar la situación de una hija de la que no sabía hace cuatro años. Logramos incluir en las audiencias a padres que viven en el extranjero, quienes hace un tiempo prologado no tenían contacto con sus hijos, permitiendo llegar a acuerdos que en circunstancias normales habrían sido imposibles.
Aquí estamos, en medio de un camino, evidenciando la necesidad de respuesta que otros poderes del Estado deben dar a través de políticas públicas en pro de mejorar la conectividad, los recursos tecnológicos y el desarrollo de las habilidades virtuales en los grupos vulnerables. Es urgente que todos los retenes de Carabineros, las postas rurales, las escuelas y centros comunitarios cuenten con conectividad a internet.
En este tramo del viaje que iniciamos en el mes de marzo ha sido la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados la que ha levantado la necesidad de reformas legislativas transitorias para normar este trabajo remoto y el que nos espera: el semipresencial y el presencial.
Esta travesía nos ha mostrado caminos desconocidos, nos ha develado nuestra capacidad de flexibilizar las formas. De hecho, estamos seguros que muchas de las estrategias utilizadas por pandemia han mejorado nuestra respuesta al usuario y quizás llegaron para quedarse.
