MERCADOS|OPINIÓN
En Chile, todo el período dictadura y posdictadura ha transcurrido de espaldas a lo que sostenían algunos expertos y pensadores –entre estos uno de los más destacados es Anthony Giddens–: sostenían que el Estado en la época del neoliberalismo necesitaba dominar y practicar “el arte del cambio de perspectiva y también sacudirse sus prácticas repetitivas y recursivas”. El Estado chileno poco cambió estructuralmente con la dictadura y luego con el retorno democrático y es por eso que hoy necesita una subversión pacífica, esta es tal vez la mejor conclusión que se puede sacar de la ola de descontento que sacude la sociedad y que se ha instalado perdurablemente en el país.
Cuando se lee la Constitución actualmente vigente, el lector atento puede quedar sorprendido. Más allá del enorme desequilibrio temático y de la confusión entre lo que debería ser el rol preferentemente normativo de la Constitución y la abundante presencia de una serie de desarrollos que deberían ser objeto más bien de leyes orgánicas, es evidente la ausencia de aquellas preocupaciones en el equipo de redactores de la Constitución de 1980 liderado por Jaime Guzmán. El Capítulo III es un buen ejemplo de la mezcolanza temática. Se titula De los derechos y deberes constitucionales, extenso y con multitud de problemas diferentes y donde, por ejemplo, al lado de las concesiones acordadas por el Estado a particulares sobre recursos naturales explotables, se encuentra el tema del fomento de las artes y la cultura, etc., etc. Por otra parte, es también evidente que hay claramente omisión de temas que están íntimamente ligados unos a otros y que tienen una enorme importancia y actualidad.
La sustentabilidad del desarrollo y sus implicaciones sociales, para que pueda ser una realidad y no un discurso vacío, es una de esas flagrantes omisiones. Sin embargo, me parece una noción suficientemente importante, navegando en el neoliberalismo, que debe aparecer en el nuevo texto constitucional y, por lo mismo, conviene entrar en algunas de sus implicaciones, so pena de que continúe como hasta ahora siendo una fórmula más, que se banaliza y se repite sin sopesar suficientemente sus implicaciones. La cuestión es importante porque tiene que ver con el modelo económico actual que necesita ser corregido en sus excesos y desviaciones y también tiene que ver con las responsabilidades del gobierno central y de los actores territorializados[1]. El respeto de todas las transformaciones y responsabilidades que es indispensable introducir en el modelo de desarrollo actual, no pueden quedar en las manos exclusivas del gobierno central sino que también en manos de los actores políticos, sociales y culturales territorializados y, por cierto, de los nuevos Gobiernos Regionales.
Como decía más arriba, Chile no conoció el debate internacional que tuvo lugar en la época de adopción del neoliberalismo en EE.UU. y en Europa sobre el nuevo rol de las regiones en las economías internacionalizadas y, aunque no es aquí el caso de volver sobre el tema, vale la pena recordar que la conclusión de ese debate fue que era al interior de un esquema de regiones, por cierto con grados de autonomía importantes, en donde mejor podía realizarse el nuevo desarrollo en la era de la mundialización, a la vez que asegurar en cada país la sustentabilidad del mismo.
Se argumentaba que solo allí podían concretizarse mejor ciertos atributos propios a la sustentabilidad del desarrollo territorial, porque la noción misma contiene la idea de proximidad geográfica, tanto en términos de crecimiento económico, ligado a una capacidad para retener e invertir recursos generados internamente, como a una capacidad para atraer inversiones privadas por la articulación nacional e internacional de los espacios regionales; de progresión en la autonomía decisional de los gobiernos regionales, tanto en instrumentos de política y estilo de desarrollo como en cuanto a una reforzada capacidad de inclusión social, principalmente por la redistribución de los ingresos y la participación democrática de la población en las decisiones.
Nunca hubo efectivamente debate público sobre esta cuestión a fines del siglo pasado y comienzos del presente, simplemente porque el neoliberalismo se impuso en Chile por la vía dictatorial y el tema de la descentralización territorial del poder de decisión quedó transformado en la fórmula de regionalización administrativa. De la misma manera, tampoco hubo debate sobre la obsolescencia de las nociones de planificación territorial o planificación física u ordenamiento territorial y su reemplazo por la noción de construcción social territorial. Ahora bien, aquí entramos de lleno en la problemática que me parece indispensable que tenga presencia en una Nueva Constitución, que debería resultar de los trabajos de la futura Convención Constitucional.
Porque los objetivos de una “construcción social territorial”, en nuestro caso construcción de regiones y construcciones territoriales a escalas inferiores, son básicamente los mismos que se trata de concretizar a partir de las definiciones del llamado desarrollo sustentable, que está en boca de la mayor parte de los actores sin que necesariamente todos asuman o conozcan sus posibles implicaciones.
Lo cierto es que con esta noción los partidarios del neoliberalismo pretendían de manera voluntariosa o directiva conciliar tres elementos de naturaleza diferente y muy a menudo contradictorios: crecimiento económico (basado en la ley del beneficio máximo a corto plazo, fundado sobre opciones exclusivamente privadas), equidad social (que tiene que ver con opciones políticas del Estado y con las éticas empresariales), y las exigencias de cuidado y protección del medio ambiente (bienes comunes de la sociedad). Es precisamente aquí donde más ha fallado el sistema político montado en la posdictadura.
Yo no voy a insistir aquí sobre las múltiples variantes que ha asumido la definición del concepto de desarrollo sustentable[2] y voy a remitirme a un breve comentario acerca de su pertinencia para el Chile de hoy y de mañana y sobre la responsabilidad de los actores en todas las escalas territoriales.
La cuestión fundamental en torno a lo sustentable tiene que ver con las condiciones favorables para que esta referencia o paradigma signifique, del lado de los actores, cambios fundamentales en el ejercicio de las responsabilidades económicas y políticas en materia de desarrollo.
Lo sustentable está entonces en el campo del comportamiento de los actores, de la ética de los actores, de la capacidad de los mismos para entenderse entre ellos, lo que significa cambios en los comportamientos, otra visión de la relación entre conocimientos y acción, entre conocimientos y capacidad estratégica, lo que es válido para los hombres políticos y para todos los liderazgos sociales.
Es responsabilidad del Estado el crear estas condiciones, si se pretende liberarse de los aspectos nocivos (“salvajes” o brutales) del neoliberalismo y, por lo mismo, para hacer realidad lo sustentable del desarrollo es indispensable crear un capítulo inscrito en la Nueva Constitución que se llame algo así como :
De la descentralización política y administrativa y de la sustentabilidad del desarrollo territorial.
[1] De manera resumida, se entenderá por actor territorializado todo hombre o toda mujer que participe de manera intencional en procesos que tengan implicaciones territoriales, que voluntariamente se implique en iniciativas que tienen efectos territoriales.
[2] Una definición generalmente aceptada, seguramente por su simplicidad, es la siguiente : “El desarrollo sustentable responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus propias necesidades”.
