Opinión
Durante el año 2016 fuimos testigos de cómo Lorenza Cayuhán, estando embarazada y mientras cumplía su condena en el CDP de Arauco, se vio obligada a dar a luz engrillada a su hija Sayén, en presencia de funcionarios varones de Gendarmería. Este caso, que nos remeció profundamente, no es un hecho aislado, sino que es la realidad que han vivido y siguen padeciendo muchas mujeres privadas de libertad.
Actualmente existen 31 unidades materno infantiles en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional. En estos pabellones viven cerca de 70[1] mujeres embarazadas o que viven con sus hijos e hijas menores de dos años. Muchas veces viven en espacios que tienen escasa ventilación, mucha humedad y pocas condiciones de higiene. En el contexto de la pandemia, esas condiciones se han vuelto aún más graves, pues pese a los protocolos, la exposición al contagio es hasta seis veces mayor en el contexto de encierro[2] (referencia). Ante esto, muchas mujeres han tenido que enfrentar la dura decisión de elegir si viven o no con sus hijos/as en los penales, o bien si prefieren enviarlos a vivir fuera, con algún vínculo externo, mientras dure su encarcelamiento.
Ante esta realidad, esta última semana se ha reactivado la discusión parlamentaria en torno a la Ley Sayén. Este proyecto busca que las mujeres privadas de libertad que se encuentran embarazadas y aquellas que sean madres de hijas e hijos menores de tres años, puedan suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad, así como también limitar la utilización de la prisión preventiva en el caso de mujeres que se encuentren bajo esas circunstancias.
Nuestras cárceles no son un espacio adecuado para la maternidad ni para la crianza de niñas y niños, menos en sus primeros años de vida. La condena y la privación de libertad no puede extenderse de la madre hacia su hija o hijo. Este proyecto de ley es fundamental para avanzar hacia un sistema penitenciario con perspectiva de género y que respete el interés superior de esas niñas y niños. No puede ser que la cárcel sea un espacio donde las niñas y niños vivan sus primeros años de infancia, ni tampoco que la privación de libertad siga siendo una doble condena para las mujeres.
[1] Cifras al 21 de noviembre del 2020, donde vivían 22 mujeres embarazadas y 44 mujeres con hijos/as lactantes.
[2] Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC: “La condena penal y social de las mujeres privadas de libertad en Chile”.
