Opinión
Para lograr un acuerdo es inevitable que las partes cedan en algo sus posturas. Es la regla básica para que cualquier negociación llegue a destino. No cabe duda de que el “Acuerdo por Chile” al que arribaron nuestros congresistas es el resultado de tal regla básica, pero ¿fue tan así?
Es importante entonces analizar este acuerdo y revisar lo que cada fuerza cedió y los riesgos involucrados.
Dentro del título “Bases Constitucionales”, fue aprobado un principio consagratorio progresista acerca de que Chile es un “Estado Social y Democrático de Derecho”, lo que sin duda ha sido el triunfo más sentido de quienes creemos en la urgente necesidad de dejar atrás el Estado Subsidiario. Sin embargo, hay una frase a continuación de este principio que abre las dudas acerca del real alcance pretendido, cuando se afirma que el Estado promoverá “el desarrollo progresivo de los derechos sociales”… ¿Cómo entonces? Un Estado Social y Democrático de Derecho puede promover un financiamiento progresivo de los derechos sociales, pero no la progresión del derecho mismo. Los derechos sociales deben existir desde el momento en que se consagran en la Constitución.
El mundo conservador también logró lo suyo al incluir el terrorismo dentro de la Constitución. Hay consenso en que cualquier terrorismo, incluso el de Estado, del que fuimos víctimas durante el régimen de Pinochet, es contrario a los derechos humanos. Sin embargo, elevarlo a rango constitucional no tiene mucho sentido si consideramos que la mayoría de los delitos atentan contra el ser humano. Pero había que ceder para lograr un acuerdo.
También se dio espacio a las “fake news”. Era innecesario afirmar que “los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional”, ya que nadie ha cuestionado nunca tal premisa. Solo la exsenadora Ena Von Baer, en la franja electoral del Rechazo de la UDI, tuvo la osadía de afirmar que los convencionales votarían en contra de tales emblemas… fue su última aparición pública en política, pero al parecer lo suficientemente importante para que aún sea necesario recordarla en el acuerdo firmado.
Si bien se reconoce a los pueblos indígenas, se entierra cualquier posibilidad de discusión acerca de la plurinacionalidad, al afirmar tal reconocimiento “como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”. A la luz de lo acontecido en la última discusión constitucional y la votación del plebiscito de salida, uno pudiera inferir que no hay mayoría para aprobar una plurinacionalidad, pero ¿es legítimo que sea el Congreso el que cierre el debate?, más aún cuando el mismo acuerdo consagra como otra base constitucional que la “soberanía reside en el pueblo”.
Otra discusión que se entierra serán los derechos de agua, ya que al consagrar como base “el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones” sin ninguna excepción, no hay espacio entonces para debatir acerca de si la sociedad tiene mejor derecho a las aguas que el privado al que le pertenecen en propiedad. Reitero, el punto no es la pertinencia del derecho mismo, sino la potestad del Congreso para cerrar discusiones que parecen legítimas.
Lo mismo acerca de otra base como “el derecho a la vida”, ¿significa entonces que al consagrarse como base constitucional se cierra la puerta al debate del derecho de las mujeres sobre su cuerpo? Al ser una base constitucional, pareciera ser un límite infranqueable.
Tales dudas parecen legítimas si constatamos que el que debe finalmente resolver su admisibilidad será un “Comité Técnico de Admisibilidad” compuesto por 14 abogados elegidos por el Senado, quienes tendrán la potestad de declarar la inadmisibilidad de alguna norma propuesta, dejándola automáticamente fuera del texto constitucional definitivo. El problema es que estos juristas son elegidos con el apoyo de 4/7 del Senado, es decir, 29 votos, de los cuales ya la derecha cuenta con 25 y no parece descabellado sumarle los votos de los ahora independientes Ximena Rincón y Matías Walker, con lo que se logran 27 votos, es decir, basta convencer a 2 senadores de las indisciplinadas fuerzas de centroizquierda e izquierda para hacerse de tal Comité y con eso establecer un bloqueo a cualquier propuesta contraria a sus intereses.
El sistema electoral aplicable para elegir democráticamente a los 50 consejeros constitucionales será el de las circunscripciones senatoriales, sí, léalo bien, el mismo que hoy posibilita que una fuerza política como la derecha, que electoralmente cuenta con una votación aproximada de un 35%, controle el 50% del Senado. Esto va más allá de que sea la derecha, pudiera también ocurrir con el centro o la izquierda, pero lo cierto es que existe un problema de sobrerrepresentación que podría replicarse si no se adoptan medidas para evitarlo.
Y dejo para el final la “Comisión Experta” conformada por 24 personas elegidas por el Congreso (la mitad la Cámara de Diputados y Diputadas y la otra mitad el Senado), quienes propondrán el texto constitucional al Consejo elegido por la ciudadanía para que lo apruebe o lo rechace, pero si lo rechaza por más de 2/3 de sus miembros, es la misma Comisión la que propondrá otro texto, y si lo rechaza por menos del citado quórum, se formará una comisión mixta para lograr una nueva redacción compuesta en iguales partes entre los consejeros constitucionales elegidos democráticamente y los expertos elegidos por el Congreso. Parece ser un espacio bien limitado de deliberación para quienes fueron elegidos por sufragio universal.
Es decir, de todo lo expuesto, el margen de maniobra de quienes fueron votados por la ciudadanía queda constreñido a lo que proponga la Comisión de Expertos del Congreso, y lo que finalmente acepte el Comité Técnico de Admisibilidad elegido por el Senado… ¡ah! Y obviamente sin salirse de los márgenes de las bases constitucionales.
Ojalá que la tramitación de este “Acuerdo por Chile” posibilite correcciones que le introduzcan mayores espacios de democracia ciudadana, ya que el mayor riesgo constitucional es que el nuevo proceso sea cuestionado acerca de su legitimidad con un Congreso que no confía en quienes con su voto los han elegido.
¿Queremos una camisa de fuerza o una más holgada? A esta altura ni siquiera es posible afirmar que usted tendrá la última palabra.
