Liquidador bajo la lupa: Solicitan remoción por dejar administración de recinto en manos de familiar

El nombre del liquidador concursal Eduardo Godoy Hales volvió a instalarse en el centro de la controversia, luego de que una empresa en proceso de quiebra –Inmobiliaria Jepsen, dueña del Boulevard Terrazas de Maipú– solicitara su remoción ante el 27 Juzgado de Letras de Santiago.

El documento judicial, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador, solicita la salida del liquidador debido a que este habría recomendado a los acreedores que contrataran como administradora del inmueble a la empresa “Voipex SpA”, dada la “especialidad de la empresa en el negocio”. Lo que no expresó en la oportunidad es que uno de los gerentes de la compañía era su concuñado, Álvaro Valdés Pinochet.

El escrito asegura que el ejecutivo de la compañía, según su perfil en Linkedin, también trabajaría para “el área de administración de activos con renta a Scotiabank”. O sea, agrega el documento, “el señor Valdés Pinochet tiene relaciones comerciales tanto con ‘Voipex SpA’ como con el mayor acreedor de esta liquidación”.

La relación entre Valdés Pinochet y el banco Scotiabank –apunta el libelo– “amerita investigación en otra sede jurisdiccional puesto que podría eventualmente constituir delito”, considerando que el banco habría impugnado un crédito otorgado a la inmobiliaria Jepsen.

Entre las distintas pruebas aportadas, el denunciante incorpora un correo electrónico del 13 de mayo de 2026, “donde el señor Álvaro Valdés Pinochet cobra directamente los gastos comunes y entrega los datos de una cuenta dependiente del liquidador para recibirlos y no de la empresa que supuestamente administra el Boulevard Terrazas de Maipú”.

Eso no es todo. La solicitud de remoción del liquidador Eduardo Godoy señala que los giros de la empresa Voipex son actividades de telecomunicaciones, consultoría informática y seguridad privada, ninguno de los cuales está relacionado con la administración de activos en liquidación.

A propósito de esto último, inmobiliaria Jepsen entabló una denuncia en el Servicio de Impuestos Internos en contra de Volpex por emisión de facturas ideológicamente falsas, atendiendo a que la empresa administraba un centro comercial “sin tener giro y patente del mismo”.

Superintendencia de Insolvencia

No es primera vez que el nombre de Eduardo Godoy Hales ha sido cuestionado. En enero de 2016 fue excluido de la nómina nacional de síndicos –el nombre antiguo con que se conocía a los actuales liquidadores–, luego de una investigación relacionada con la quiebra de la Fundación Hospital San José de Puerto Varas.

El procedimiento detectó la existencia de un contrato celebrado con la sociedad Asesorías e Inversiones Gofu Limitada, empresa en la que Godoy –profesor de derecho procesal en las universidades del Desarrollo y Los Andes– mantenía participación societaria y cuya representante legal era, al momento de la suscripción, su cónyuge.

El liquidador recurrió a los tribunales alegando que la decisión administrativa había sido adoptada por una autoridad incompetente, debido a los cambios institucionales derivados de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Insolvencia Nº 20.720. No obstante, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema rechazaron sus argumentos, manteniendo firme su exclusión de la nómina de síndicos.

Pese a ello, posteriormente Godoy logró incorporarse al nuevo sistema creado por la legislación de insolvencia y pasó a ejercer funciones como liquidador concursal, situación que ha generado dudas dentro del propio sector respecto de la forma en que operó la transición entre ambos regímenes.

Godoy, además, tal como detalló un reportaje anterior de este medio, estuvo a cargo de la liquidación concursal de Elías Gutiérrez Zenteno, entonces jefe del Subdepartamento de Fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), precisamente la unidad encargada de supervisar el actuar de los liquidadores concursales.

El caso abrió interrogantes sobre la forma en que el organismo enfrentó un eventual conflicto de interés, considerando que Gutiérrez encabezaba el equipo responsable de fiscalizar a los liquidadores, entre ellos al propio Godoy, quien terminó siendo designado para administrar la quiebra personal del funcionario.

Quienes conocen el funcionamiento interno de la Superir sostienen que Godoy figura entre los liquidadores con mayor cantidad de procedimientos en el país, circunstancia que hace prácticamente inevitable su interacción permanente con las unidades fiscalizadoras del organismo.

En otra causa, a comienzos de junio de este año, el 30º Juzgado Civil de Santiago ordenó investigar la pasividad de los liquidadores de la Superir, omitiendo esta última un pronunciamiento sobre Eduardo Godoy Hales, quien registraba una serie de reuniones de lobby con una de las partes interesadas en invalidar una quiebra de la minera Tres Valles SpA, según informó La Segunda.

El Mostrador se comunicó con Eduardo Godoy Hales, quien aseguró que efectivamente Álvaro Valdés era su concuñado y que trabaja en “la sociedad que tiene a cargo los servicios de mantención del centro comercial, no teniendo participación en su propiedad” y que contaría con “una amplia experiencia en una serie de empresas del rubro (Wallmart, Parque Arauco y SMU)”.

Respecto a la relación con el esposo de su cuñada, el liquidador aseguró que “no existe ninguna inhabilidad legal en contratar a una empresa en que fuera empleado un concuñado, dado que conforme a la ley no tenemos vínculo de parentesco (Dictamen 58351 de Contraloría /14 de diciembre de 2005)”.

Sobre la contratación de una empresa sin giro de administración, Godoy señala que “el ente que contrata a la empresa de mantención no es gestionada por el liquidador, quien tiene a su cargo la venta del activo”, concluyó.