Caso Steinert: Preguntas incómodas

Las sociedades y sus instituciones comienzan a deteriorarse cuando las autoridades, los partidos políticos y la propia ciudadanía deciden llamar “errores” a hechos que, por su gravedad, exigen algo muy distinto: una investigación exhaustiva y respuestas convincentes.

Eso está ocurriendo con el caso Steinert.

Después del dictamen de la Contraloría ya no estamos frente a un simple desacierto administrativo. Lo que existe es la constatación de una actuación ilegal en el ejercicio de una función pública.

Sin embargo, buena parte del debate político parece conformarse con esa explicación: fue un error, se cometió una equivocación, demos vuelta la página y por el otro lado una posible acusación constitucional, que solo se centrará en el oficio que envió Steinert a la PDI.

Ese es precisamente el problema.

Cuando aceptamos esos caminos renunciamos a hacernos las preguntas incómodas. Y son esas preguntas las que permiten descubrir si detrás de una irregularidad o ilegalidad hubo simplemente incompetencia o existían intereses mucho más graves.

¿Por qué una ministra recién asumida mostró un interés tan específico por determinada información de inteligencia? ¿Por qué surgió tan tempranamente un conflicto con la dirección de inteligencia de la Policía de Investigaciones? ¿Por qué terminó saliendo la tercera antigüedad de la PDI de larga trayectoria, recién ratificada en el alto mando y ampliamente reconocida por su trabajo en el combate al crimen organizado?

¿Quién propuso el nombramiento de la ministra al presidente electo? ¿Cuáles fueron los antecedentes profesionales y estratégicos que justificaron esa decisión? ¿Qué visión tenía respecto de la persecución del crimen organizado? ¿Por qué la contradicción entre la exministra Sedini y el ministro Alvarado de los tiempos que tomaron las conversaciones previos a su nombramiento?

No plantear estas preguntas sería mucho más irresponsable que formularlas.

En democracia, preguntar no equivale a condenar. Investigar no significa prejuzgar. Muy por el contrario, constituye la única forma de despejar dudas, proteger la honra de las personas si corresponde y fortalecer la confianza en las instituciones.

Lo verdaderamente peligroso es instalar la idea de que basta con reconocer un “error” para cerrar un caso.

El crimen organizado no necesita controlar completamente un Estado para obtener ventajas. Le basta con debilitar sus capacidades de inteligencia, afectar la confianza entre las instituciones o introducir incertidumbre respecto de quién toma realmente las decisiones.

La historia internacional demuestra que las organizaciones criminales no comienzan infiltrando gobiernos completos. Comienzan buscando influencia sobre personas específicas, decisiones puntuales, nombramientos estratégicos o información privilegiada. Siempre aprovechan las zonas grises. Siempre prosperan cuando las instituciones dejan de hacer preguntas difíciles.

Por eso resulta tan preocupante la rapidez con que parte del sistema político parece dispuesto a normalizar situaciones extraordinarias mientras otros solo consideran el sacar un provecho político de corto plazo.

La pregunta central no es solamente si existió una ilegalidad administrativa.

La pregunta es mucho más profunda: ¿Hicimos todo lo necesario para entender por qué ocurrió?

Porque cuando el Estado deja de investigar aquello que objetivamente resulta extraño, envía una señal de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es precisamente el espacio donde prospera el crimen organizado.

Chile ha construido durante décadas instituciones policiales, judiciales y de inteligencia que han permitido mantener niveles de infiltración criminal considerablemente menores que los observados en otros países de América Latina. Ese patrimonio institucional debe protegerse con rigor, precisamente cuando aparecen hechos que generan dudas razonables.

No se trata de alimentar teorías conspirativas. Tampoco de destruir reputaciones mediante insinuaciones irresponsables.

Se trata de aplicar un principio elemental del Estado de Derecho: cuando una decisión pública presenta consecuencias extraordinarias y existen antecedentes objetivos que justifican dudas, la obligación democrática consiste en investigar hasta despejar completamente esas dudas.

Las preguntas incómodas son incómodas precisamente porque pueden conducir a respuestas que nadie quisiera conocer.

Pero también pueden confirmar que todo tuvo una explicación legítima.

Ambos resultados fortalecen la democracia.

Lo único que la debilita es dejar de preguntar.

Porque el día que empecemos a considerar normales las ilegalidades, a conformarnos con explicaciones superficiales y a perder el interés por conocer toda la verdad, habremos abierto la puerta para que intereses ajenos al bien común encuentren un espacio dentro del Estado.

Y cuando eso ocurre, normalmente ya es demasiado tarde.