Opinión
Más de 200 años de existencia de un Estado nación han dado cuenta de ello, y aun cuando han existido voluntades desde diferentes gobiernos, lo cierto es que ninguno ha avanzado de manera sustantiva hacia cambios reales. Pero los pueblos indígenas ya no estamos para simbolismos, y sabemos que esa fuerza creciente, representada en dos procesos eleccionarios que por primera vez en la historia de la República nos permitieron votar en cuanto pueblos, seguirá creciendo, a pesar de campañas prejuiciosas, sesgadas o de desinformación, que han llevado a invisibilizar nuestras propuestas en la agenda pública.
Las recientes votaciones para elegir a las consejeras y los consejeros constitucionales trajo importantes señales para los pueblos indígenas. Si bien existieron barreras de entrada para participar con escaños reservados como ocurrió en el proceso constituyente 2021 (entre ellas, se exigía obtener al menos un 1,5% del total de votos válidamente emitidos de las 16 circunscripciones nacionales para elegir un candidato indígena), el número de personas indígenas que participaron en cuanto tales superó en más de 110.000 votos al proceso 2021.
Efectivamente, 374.753 personas indígenas exigieron su papeleta verde, votaron por candidatos indígenas y casi alcanzaron el 3,5% que se exigía para obtener dos escaños en el Consejo Constitucional, ya que, en conjunto, las candidaturas de Alihuen Antileo y Julio Marileo lograron un 3,13% de los votos. Todo ello, por supuesto, a pesar de la escasa información que existió sobre la confección del padrón indígena, los mecanismos de participación o la necesidad de que cada una de las personas indígenas exigiera en la mesa receptora (si así lo prefiriese) la papeleta verde para votar por uno de los dos candidatos –en muchos casos por desinformación misma de las(os) vocales de mesa–. A diferencia del proceso 2021, en esta oportunidad se votaba por solo dos candidatos pertenecientes al Pueblo Mapuche, mientras que en las elecciones anteriores se presentaron candidaturas en representación de los 10 pueblos indígenas reconocidos por el Estado de Chile para ocupar 17 escaños reservados. Si a esto sumamos el desinterés generalizado que rodeó la convocatoria a elecciones, la lectura que podemos hacer puede ser auspiciosa, porque una vez más los pueblos indígenas nos negamos a ser excluidos de los procesos políticos y de decisiones clave que nos afectan, y que nos seguirán afectando.
Más de 370.000 personas que representan, a su vez, a otras tantas que aún no votan, pero que sueñan con un país intercultural, como son niñas, niños y jóvenes indígenas, que se suman a todas aquellas personas no indígenas que comparten estos anhelos. Personas que buscan encontrar, abrir y potenciar nuevos espacios para la representación de nuestros derechos individuales y colectivos, que comprenden la potencia de contar con voces indígenas en los espacios políticos, porque sabemos que, cuando no estamos, los cambios no se producen.
Más de 200 años de existencia de un Estado nación han dado cuenta de ello, y aun cuando han existido voluntades desde diferentes gobiernos, lo cierto es que ninguno ha avanzado de manera sustantiva hacia cambios reales. Pero los pueblos indígenas ya no estamos para simbolismos y sabemos que esa fuerza creciente, representada en dos procesos eleccionarios que por primera vez en la historia de la República nos permitieron votar en cuanto pueblos, seguirá creciendo, a pesar de campañas prejuiciosas, sesgadas o de desinformación, que han llevado a invisibilizar nuestras propuestas en la agenda pública.
Si bien en el proceso 2021 no existía ningún tipo de borde inicial sobre los derechos a considerar en la propuesta de Constitución, para el proceso actual se ha definido un acuerdo de base: “Reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena”. Por lo tanto, independientemente de cómo transcurra el debate y los derechos colectivos que finalmente puedan ser consagrados en la nueva Constitución, en lo que parece existir certeza es en la necesidad de avanzar en la generación de una nueva o, al menos, diferente institucionalidad para un Estado que debe abrir espacios de participación y representación de los pueblos indígenas, especialmente porque el Estado de Chile ha ratificado Acuerdos y Convenios Internacionales que se convierten en estándares para ello. En esa línea la Comisión Experta agregó la frase “El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, como parte del anteproyecto de Constitución, el que deberá ser enriquecido por las propuestas que surjan en el Consejo Constitucional.
Sin duda, los resultados obtenidos por las candidaturas indígenas pueden ser leídos de múltiples maneras. En lo personal, creo que es la punta de un iceberg, de un movimiento político empujado por una ciudadanía que es indígena.
La institucionalidad se transforma por nosotros, los pueblos indígenas, y sus dirigencias territoriales, sus liderazgos políticos, sus movimientos sociales, sus voces en la academia. Por las y los jóvenes que defienden su derecho a ser indígenas y vivir sus identidades en los espacios rurales y urbanos. Pero esta fuerza viene de mucho antes, de nuestras y nuestros ancestros que siempre supieron que lo político sería un espacio en disputa permanente. La lucha política es permanente. Newen para el consejero Alihuen Antileo y su rol en el Consejo Constitucional, al igual que aquellas y aquellos consejeros que también se autoidentifican como indígenas y que pondrán sus propuestas a disposición de un proyecto de Constitución Política que abra las puertas a un nuevo proyecto de convivencia y reconocimiento.
