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Reforma al sistema político espera turno: Congreso apuesta a reactivar debate tras ley miscelánea
La Cámara de Diputados aún no comunica quiénes integrarán la Comisión Mixta que debe zanjar los últimos ajustes del proyecto. En el Congreso esperan volver a ponerlo en marcha una vez concluida la principal prioridad legislativa del Ejecutivo.
El 9 de junio parecía que la reforma al sistema político había superado su último obstáculo. Ese día, el Senado despachó el proyecto a Comisión Mixta luego de resolver, en una sola sesión y con menos de una hora de debate, la única diferencia que mantenía con la Cámara de Diputados. Concluida la votación, la Mesa del Senado remitió el oficio correspondiente para constituir la instancia, tal como establece el artículo 71 de la Constitución.
Más de un mes después, la Comisión Mixta sigue sin poder constituirse. Según parlamentarios consultados por El Mostrador, el principal obstáculo es que la Cámara de Diputados aún no comunica oficialmente quiénes serán los cinco diputados que integrarán la instancia, requisito indispensable para que esta pueda comenzar a sesionar.
Desde la testera del Senado reconocen que esa designación sigue pendiente y que, por ahora, la prioridad legislativa estuvo concentrada en la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, por lo que la expectativa es retomar la reforma política una vez concluida esa tramitación.
En el Senado, además, admiten que no han recibido ninguna explicación formal respecto de la demora en la designación de los representantes de la Cámara.
Desde la Cámara de Diputados, en tanto, parlamentarios consultados sostienen que tampoco han sido informados sobre una eventual integración de la Comisión Mixta, pero atribuyen el retraso principalmente a la intensa agenda legislativa de las últimas semanas, más que a diferencias sobre el contenido del proyecto.
La lectura compartida en ambas corporaciones es que la iniciativa no perdió respaldo político, sino prioridad en la agenda del Congreso.
Una Comisión Mixta aún incompleta
Hasta ahora, la integración de la instancia está definida solo parcialmente.
En el oficio despachado el 9 de junio a la Cámara de Diputados, el Senado informó que sus representantes en la Comisión Mixta serán los integrantes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la misma que tramitó el proyecto desde su ingreso al Congreso. De esa forma, la delegación de la Cámara Alta estará integrada por Pedro Araya (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Claudia Pascual (PC), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Partido Republicano).
La decisión, además, despejó una duda planteada durante el debate en Sala respecto de si correspondía que la representación recayera en la Comisión de Gobierno o en la Comisión de Constitución.
La situación es distinta en la Cámara de Diputados. Sus cinco representantes aún no han sido designados oficialmente, por lo que la Comisión Mixta no ha podido constituirse.
Entre los nombres que han circulado para integrar la instancia aparecen diputados de la Comisión de Constitución como José Montalva (PPD), Lorena Fries (FA), Marcos Ilabaca (PS), Marcos Barraza (PC), Jaime Mulet (FRVS), Luis Sánchez (Partido Republicano) y Constanza Hube (UDI), aunque hasta ahora la Corporación no ha comunicado formalmente la nómina definitiva.
Mientras esa designación no ocurra, la Comisión Mixta seguirá sin poder iniciar su trabajo, pese a que el Senado completó ese trámite hace más de un mes.
El acuerdo transversal que pasó inadvertido
La última diferencia que llevó el proyecto a Comisión Mixta fue resuelta en el Senado el 9 de junio mediante un acuerdo transversal entre las bancadas.
La versión que circuló inicialmente apuntó a un rechazo a la norma que exigía a los partidos condenar, en sus declaraciones de principios, los sistemas totalitarios y la violencia como método de acción política. Sin embargo, la revisión del acta de la sesión muestra que el desacuerdo no estuvo en el contenido de la disposición, sino en su redacción.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abrió el debate señalando que existía un “acuerdo mayoritario de varios comités” para rechazar esa letra específica y enviarla a Comisión Mixta.
Durante la discusión, el senador Arturo Squella (Partido Republicano) explicó que había conversado con Andrés Longton (RN) y Claudia Pascual (PC), y que existía coincidencia en un punto: el texto aprobado por la Cámara reproducía una norma constitucional, pero con diferencias de redacción que podían generar problemas interpretativos.
La solución acordada fue reenviar esa disposición a Comisión Mixta para ajustar su formulación y hacerla coincidir con el texto constitucional vigente.
Pascual coincidió con ese diagnóstico y pidió que la decisión quedara acotada a esa norma para evitar reabrir la discusión completa del proyecto. El senador Gustavo Sanhueza (UDI), en tanto, explicitó que el rechazo respondía al acuerdo alcanzado entre las bancadas. Francisco Huenchumilla (DC) planteó una duda procedimental sobre los efectos de esa votación, pero la Mesa aclaró que cada disposición se resolvería de manera separada.
El resultado fue claro: 37 votos en contra, un voto a favor y una abstención, con el objetivo de enviar la norma a Comisión Mixta.
El único senador que votó por aprobar el texto tal como venía de la Cámara fue Luciano Cruz-Coke (Evópoli), mientras que Karim Bianchi se abstuvo.
El episodio mostró que, al menos en ese punto, el Senado actuó con un acuerdo transversal para resolver una diferencia técnica y no para bloquear el avance de la reforma.
Una reforma heredada por Kast
La iniciativa fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric durante su Cuenta Pública del 1 de junio de 2025 e ingresó al Congreso el 1 de julio de ese año mediante un mensaje presidencial firmado por el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.
El proyecto busca enfrentar la creciente fragmentación del sistema político mediante mayores exigencias para constituir partidos, nuevas reglas de financiamiento público, restricciones para las candidaturas independientes y el reconocimiento legal de los comités parlamentarios como herramientas para fortalecer la gobernabilidad.
Tras avanzar con amplio respaldo en el Senado, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de marzo de 2026 con modificaciones que obligaron a un tercer trámite constitucional.
Una semana después asumió el Gobierno de José Antonio Kast.
Lejos de retirar el proyecto, el nuevo Ejecutivo decidió mantener su tramitación. El entonces ministro designado de la Segpres, José García Ruminot, calificó la reforma como una tarea pendiente para el nuevo gobierno y el nuevo Congreso, y posteriormente confirmó a El Mostrador el interés del Ejecutivo en sacar adelante la iniciativa.
La decisión obedecía tanto a razones políticas como prácticas. Frente a otras propuestas para reformar el sistema político —como la moción constitucional sobre un umbral electoral del 5%, que permanecía estancada— el proyecto impulsado por Elizalde era el más avanzado del Congreso: ya había superado dos trámites constitucionales y se encontraba a un paso de convertirse en ley.
Con ello, una iniciativa concebida durante el gobierno de Gabriel Boric terminó siendo asumida por la administración de José Antonio Kast como la principal herramienta para impulsar una reforma al sistema político y enviar una señal de continuidad institucional en una materia donde existe un diagnóstico ampliamente compartido sobre la necesidad de fortalecer la gobernabilidad.
Por ahora, sin embargo, esa señal permanece en pausa. La reforma sigue exactamente donde quedó el 9 de junio: esperando que la Cámara de Diputados complete la integración de la Comisión Mixta para que el Congreso pueda retomar una discusión que, según reconocen distintos actores legislativos, debería reactivarse una vez despachada la megarreforma.
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