El ascenso del poder negativo

Una democracia puede debilitarse por exceso de poder, lo sabemos, pero menos se habla de que pueda paralizarse por exceso de impedimentos.

Montesquieu formuló la intuición clásica: para que no se abuse del poder, el poder debe frenar al poder. De ahí nacen la división institucional, los tribunales, las contralorías y los órganos de fiscalización. Son clave pues, sin ellos, el gobierno puede volverse arbitrario y corrupto.

Pero existe una dificultad inversa: cuando la capacidad de impedir crece más rápido que la de decidir, la democracia conserva todos sus frenos y empieza a perder dirección.

La literatura científica muestra que las democracias contemporáneas han desarrollado un poder negativo: instituciones y actores que no gobiernan directamente, pero vigilan, objetan, revisan y detienen a quienes gobiernan. Pierre Rosanvallon ha descrito esa expansión como parte de una “contrademocracia”, alimentada por la enorme desconfianza hacia la política que afecta nuestras sociedades. Cuanto menos se confía en ella, más legitimidad adquieren jueces, contralores y organismos autónomos. La alta valoración de Dorothy Pérez es más síntoma más que causa.

El problema comienza cuando esos poderes dejan de revisar decisiones ya adoptadas y empiezan a modelar por anticipado aquello que la política puede siquiera intentar. Una cosa es controlar; otra es coproducir desde fuera el campo de lo posible.

Si ministros y legisladores deben calcular antes de actuar qué decisión será objetada o qué norma no resistirá el examen posterior, el control deja de ser solo límite. Se convierte en codiseño indirecto, pero sin responsabilidad política equivalente.

“Iremos a la Contraloría” se ha convertido en amenaza habitual del conflicto político. La frase significa más de lo que parece: no anuncia solo una revisión jurídica, sino la posibilidad de trasladar una controversia desde la deliberación democrática hacia un órgano capaz de bloquear, corregir o redefinir la decisión. La Contraloría deja así de aparecer únicamente al final del proceso y empieza a gravitar desde su inicio. Algo semejante ocurre con el Tribunal Constitucional.

No se trata de debilitar estas instituciones, sino de advertir un cambio de naturaleza en la sociedad actual: no gobiernan, pero sus objeciones producen efectos de gobierno. Se puede invalidar una fórmula sin ofrecer otra; detener una política sin resolver el problema que la originó; vigilar cada decisión y hacer cada vez más difícil decidir. Max Weber recordó que la política exige responder por las consecuencias. El poder negativo suele responder por la corrección de su objeción, no por los efectos de aquello que impide. Ahí está el desequilibrio.

Una democracia necesita frenos, pero no vive de frenos. También necesita conducción, integración y capacidad de actuar. El problema no es que exista poder negativo. Es que llegue a gobernar sin tener que responder como gobierno.