Si miramos aquellos países con mayor presencia de estudiantes extranjeros y flujos migratorios de larga data, observamos que su presencia y participación en las escuelas puede tener un impacto positivo en las trayectorias estudiantiles.
El aumento de la inmigración en Chile sin duda ha planteado desafíos complejos en la adecuada provisión de ciertos servicios, como es el caso de la educación. Esta situación, además de requerir decisiones que son complejas, presenta oportunidades para mejorar el sistema de educación pública, de la mano de prácticas de inclusión y enseñanza de aprendizajes considerados claves para el desarrollo del país.
La realidad internacional entrega bastante evidencia para señalar que los estudiantes migrantes son un aporte valioso para el desarrollo educativo de los países de destino. Sin embargo, su integración efectiva requiere políticas inclusivas y una educación intercultural fortalecida, que avance en generar una educación de calidad y equitativa.
Si miramos aquellos países con mayor presencia de estudiantes extranjeros y flujos migratorios de larga data, observamos que su presencia y participación en las escuelas puede tener un impacto positivo en las trayectorias estudiantiles.
En particular, contribuyen a enriquecer el ambiente educativo, aportan nuevas perspectivas culturales y lingüísticas esenciales para los procesos de aprendizaje, así como fomentan el aprendizaje colaborativo, el respeto por la diversidad y la comunicación. Todas estas son habilidades y conocimientos claves para la transición a la educación superior y al mundo laboral.
En los últimos años, la inmigración de niños, niñas y adolescentes se ha incrementado notablemente en Chile. Entre 2017 y 2023, la matrícula de estudiantes migrantes en Chile aumentó un 20,6%. De los 3.631.025 estudiantes matriculados en el sistema educativo chileno en 2023, un 7,4% correspondía a estudiantes extranjeros.
Un estudio reciente del Centro de Políticas Migratorias y Espacio Público identifica algunas brechas y desafíos importantes entre estudiantes chilenos y extranjeros. En particular, los estudiantes extranjeros se concentran en establecimientos públicos con altos niveles de vulnerabilidad y presentan un rendimiento académico inferior, además de una menor tasa de asistencia mensual en todos los niveles educacionales, a lo que se suma una mayor tasa de deserción escolar que sus pares chilenos.
Por otra parte, los niveles de carencia educativa en las regiones del norte de Chile, levantados por Casen (2022), son alarmantes. En el caso de los niveles de carencia por inasistencia a establecimientos educativos, los hogares migrantes con menores de edad alcanzan un 8%, versus el 3,4% registrado en hogares no migrantes. En términos de asistencia escolar, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama tienen los mayores niveles de carencia, con un 8,5%, 10,2% y 9,9%, respectivamente.
En cuanto al rezago escolar, Atacama y Coquimbo muestran los valores más altos a nivel nacional, con un 4,1% y 4,7%, respectivamente. A su vez, los mayores niveles de carencia en escolaridad se encuentran en Arica y Parinacota (38,8%), Tarapacá (38,6%) y Antofagasta (34,6%).
Junto a lo anterior, es fundamental aumentar las matrículas disponibles en las zonas donde en los últimos años ha habido falta de cupos escolares. Esto, además de ser parte de los compromisos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, es una iniciativa que beneficia a migrantes y chilenos y promueve una inversión en las generaciones más jóvenes del país.
Los aportes que los estudiantes migrantes pueden realizar a los sistemas educativos en los países de destino dependen de la promoción y fomento de oportunidades de aprendizaje en todos los establecimientos y niveles educativos. Estas acciones fomentan la movilidad académica e impactan de manera positiva en el aumento del número de jóvenes y adultos con competencias necesarias para acceder al empleo y trabajo decente.
Teniendo en cuenta estas oportunidades, así como los desafíos actuales, es crucial que las autoridades e instituciones educativas utilicen los datos e información disponibles para monitorear y diseñar políticas que faciliten la integración de estudiantes extranjeros, asegurando que todos los estudiantes, chilenos y migrantes, puedan beneficiarse plenamente de un sistema educacional a la altura de los desafíos que atraviesa el país.