La calle enferma, y los datos lo demuestran. Por qué la vivienda es urgente y no opcional

En una entrevista en un programa del Hogar de Cristo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmó que las personas en situación de calle «son personas con adicciones muy fuertes o con problemas de salud mental», que «las puedes poner en un hogar y vuelven a la calle», y que por tanto «no es un tema que compete a vivienda». Su diagnóstico es intuitivo, pero incorrecto. Intuitivo, porque al recorrer algunos sectores de Santiago se ve el deterioro físico y psíquico de quienes llevan años durmiendo a la intemperie. Incorrecto, porque confunde el síntoma con la causa.

En Chile, solo el 20% de las personas en situación de calle reporta haber llegado a esa condición por consumo problemático de alcohol o drogas. La enorme mayoría —el 59%— llegó por problemas familiares, y otro 15% por razones económicas, según el Anexo Calle del Registro Social de Hogares. Cuando el ministro describe a esta población como esencialmente adicta o enferma, está describiendo a una minoría como si fuera la regla.

El mismo registro muestra algo más revelador: el tiempo en calle está fuertemente asociado con el consumo de sustancias. Independientemente de su edad o sexo, una persona con diez años en calle tiene un 66% más de probabilidad de consumir pasta base que alguien con menos de un año. La probabilidad aumenta en torno a un 50% para alcohol y marihuana. Y esto ocurre entre quienes no llegaron a la calle por drogas, sino por pobreza, por ruptura familiar, por soledad. La interpretación es opuesta al juicio del ministro: la calle al parecer profundiza y agudiza adicciones. La exposición prolongada a la intemperie, la violencia, el estrés crónico y la disponibilidad de sustancias hacen que personas que nunca tuvieron problemas de consumo los desarrollen. Lo que el ministro observa como causa es, en buena medida, consecuencia.

Esta distinción tiene implicancias directas para la política pública. Si el consumo problemático fuera solo causa del sinhogarismo, la respuesta lógica sería exigir tratamiento antes de cualquier solución habitacional: el llamado modelo de escalera, que condiciona el acceso a vivienda al cumplimiento de metas clínicas. Pero si la calle genera y agrava el consumo, cada mes sin intervención habitacional aumenta el daño. De ahí la urgencia de interrumpir cuanto antes la situación de calle: la vivienda no es un premio al final del proceso, sino una herramienta para frenar el deterioro.

Así lo demuestran los resultados del Programa Vivienda Primero, implementado desde 2018 por el Ministerio de Desarrollo Social, que entrega acceso inmediato a vivienda a personas mayores de 50 años con trayectorias prolongadas en calle, sin exigir abstinencia ni tratamiento previo. La retención en vivienda aumentó del 45% al 75% entre 2022 y 2024, con varios proyectos que alcanzan el 100%. Es decir: tres de cada cuatro personas que Poduje describe como destinadas a «volver a la calle» permanecen establemente en sus viviendas.

La vivienda no resuelve todo. Las evaluaciones también muestran complejidades: alta mortalidad, egresos por salud y una población que envejece con condiciones crónicas acumuladas. La mera entrega de vivienda sin apoyos en salud física, salud mental y redes de cuidado no basta. Pero esperar que las personas superen sus adicciones antes de ofrecerles un techo es precisamente la estrategia que los datos señalan como contraproducente: cuanto más tiempo en calle, peor el consumo.

Con 683 cupos en 2024 para una población de 21.750 personas en situación de calle registradas por el Censo, la cobertura del programa Vivienda Primero es del 3,1%. El problema no es de diseño ni de resultados, sino de escala y de voluntad política. Cuando el ministro de Vivienda declara que este tema «no va por ahí», contribuye a mantener en la calle a miles de personas cuyo deterioro él mismo identifica y luego usa como argumento para no actuar. La calle no es un lugar para vivir y no es opcional.