Los humedales guardan la memoria de la inundación

En Chile, la urgencia por responder al déficit habitacional convive con otra realidad igual de apremiante, aunque menos visible: seguimos construyendo en territorios que ya han demostrado ser altamente vulnerables. En este contexto, los humedales -muchas veces vistos como espacios disponibles para urbanizar- vuelven al centro del debate público. Pero hay una idea fundamental que no podemos perder de vista: los humedales guardan la memoria de la inundación.

No se trata de una metáfora. Por definición, un humedal es un cuerpo de agua o un sistema que ha estado históricamente vinculado a dinámicas de inundación. Intervenirlos, rellenarlos o desecarlos no elimina esa condición, solo traslada el riesgo hacia las personas que habitarán esos espacios. En otras palabras, el agua siempre encuentra su camino.

Este problema no es nuevo. Chile arrastra una persistente desconexión entre la planificación urbana y la evidencia científica sobre riesgos y desastres. A lo largo de nuestra zona costera, seguimos ocupando áreas que han sido afectadas por desastres de gran magnitud, sin incorporar adecuadamente esa información en los instrumentos de planificación territorial. El resultado es predecible: aumentan los costos económicos, y los costos sociales son altísimos.

Basta observar lo ocurrido tras el tsunami del 2010. Muchas de las zonas que fueron arrasadas hoy presentan procesos intensos de reconstrucción, sin que necesariamente se haya reducido el riesgo de desastre. No hemos aprendido lo suficiente de nuestra propia historia reciente. Y en un escenario de cambio climático, donde eventos extremos como marejadas y lluvias intensas vuelven a ser más frecuentes, esta omisión resulta aún más crítica.

A esto se suma un patrón de urbanización que avanza sobre ecosistemas que cumplen funciones clave de protección natural: humedales, playas, roqueríos y campos dunares actúan como barreras frente a tsunamis, oleaje extremo e inundaciones. Su degradación no solo implica pérdida ambiental sino también una mayor exposición de las comunidades que habitan en esos territorios.

Y los conflictos territoriales asociados a esas decisiones son cada vez más evidentes. Casos como el edificio Punta Piqueros en Concón, emplazado sobre roqueríos costeros; el proyecto Maratué en Quirilluca; o desarrollos inmobiliarios como Arenamaris y edificio Vista Mar en Algarrobo que fue llevado a la Corte de Apelaciones por vecinos del sector, reflejan una tensión creciente entre desarrollo urbano y las condiciones naturales del territorio. Más allá de sus particularidades todos estos proyectos comparten un elemento común: se ubican en zonas donde la naturaleza ya ha mostrado sus límites.

La pregunta de fondo es si estamos dispuestos a seguir ignorando estas señales. Construir en zonas de riesgo no solo compromete la inversión y la infraestructura, compromete, ante todo la seguridad y la vida de las personas. Por ello avanzar hacia una gestión territorial responsable implica reconocer el valor estratégico de estos ecosistemas y protegerlos como aliados. No se trata en ningún caso de frenar el desarrollo, sino de orientarlo de manera inteligente, integrando conocimiento científico, planificación y políticas públicas.

En un país expuesto como el nuestro, donde la interacción entre océanos y territorio define gran parte de nuestra geografía, no podemos seguir tomando decisiones de espaldas al riesgo, ni dando la espalda al mar. Los humedales, al igual que otros ecosistemas costeros, no son un obstáculo: son una señal de nuestra capacidad de resiliencia. Siempre podemos hacer mejor las cosas y en Chile contamos con evidencia científica para preservar nuestra costa sin degradarla. Esta es la oportunidad de hacerlo.