Sembrar para cosechar: los peligros de sacrificar ciencia básica por utilidad inmediata

Cuando el entonces presidente electo, José Antonio Kast, declaró durante el Congreso Futuro que no habría recortes en el área científica durante su gobierno, pronunciando un críptico “los vamos a sorprender”, la comunidad científica miró con escepticismo. Una duda justificada, por cierto, dados los amplios antecedentes de negacionismo científico por parte de grupos ideológicamente afines al actual mandatario: desconfianza en las vacunas y el cambio climático, y un gallito interminable con expertos en conservación ecológica. 

Poco después de asumir, se dieron a conocer planes de recortar becas estatales de magíster y postdoctorado como parte de la reestructuración financiera del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Más recientemente, el propio mandatario llamó a revisar los mecanismos de financiamiento a la investigación científica en Chile, dando a entender que sus resultados son de poco interés práctico y que no contribuyen en general al desarrollo del país. Sumado a lo anterior, en la deliberada omisión de la investigación como parte de los objetivos programáticos de la ministra Ximena Lincolao se vislumbra una declaración ideológica respecto a la ciencia en Chile: la pretención de orientar la investigación hacia el sector productivo, y que sea éste el que financie a la ciencia en lugar del Estado. 

Para ser transparente, la meta de vincular ciencia e industria no es, para nada, insensata. Nadie que siga la actualidad se sorprenderá si menciono que invertimos el 0,41% del PIB en ciencia, y que esto nos ubica en los últimos puestos del ranking pertinente de la OCDE. Se discute poco, sin embargo, que la principal diferencia entre Chile y los países económicamente desarrollados radica en la baja intensidad tecnológica de nuestro aparato productivo. Como consecuencia, la inversión de la industria en investigación y desarrollo (I+D) es proporcionalmente muy inferior a la de los países con los que nos comparamos. Es necesario, por tanto, aumentar el involucramiento del sector privado en el financiamiento de la investigación y aplicación científica para acercarnos al famoso promedio OCDE del 2,7% del PIB.  

Sin embargo, Chile no es Silicon Valley. Para fundamentar esta obviedad, debemos analizar la distribución del gasto por tipo de investigación, que distingue entre las categorías de básica, aplicada y experimental. La investigación básica es aquella que genera conocimiento con el fin de explicar fenómenos observables sin contemplar necesariamente su aplicación inmediata (biología molecular, astronomía); la aplicada busca generar conocimiento con objetivos prácticos aplicables en el mediano a corto plazo (investigación médica, creación de modelos de optimización); y la experimental consiste en la utilización de conocimientos ya existentes para desarrollar productos, tecnologías y mejorar procesos productivos. De estas áreas, la investigación experimental es, por 

lejos, la más costosa, seguida por la aplicada, mientras que los costos asociados a la investigación básica son considerablemente menores. 

En Chile, aproximadamente el 35% de los recursos invertidos en ciencias se destinan a investigación básica, 39% a la aplicada, y 26% a la experimental. Como referencia, en Estados Unidos (así como en otros países desarrollados), sólo un 15% de los recursos se dedican a la ciencia básica, un 20% a la aplicada, y un 65% a la experimentación. Con bajo gasto en I+D, Chile carece de recursos e infraestructura para desarrollar investigación experimental a gran escala. Por lo tanto, la proporción de investigadores que se dedican a la ciencia básica es mucho mayor que en otros países. Estimaciones propias indican que más de la mitad del personal que se dedica a la investigación se desempeña en esta área. 

Al no contemplar aplicaciones concretas en plazos previsibles, la investigación básica, que es el cimiento de sus contrapartes aplicada y experimental, requiere de un fuerte financiamiento estatal. La postura del gobierno – y del mandatario en particular – respecto a lo anterior parece ser de bruta confrontación: el Estado debe cambiar la estructura de financiamiento para que los investigadores abandonen la ciencia básica y se dediquen a las aplicaciones de la misma. Ya sea por convicción o por ignorancia, este planteamiento constituye una amenaza gravísima al capital intelectual del país. Con datos, y no opiniones, es evidente que la ciencia chilena saca agua del desierto. Chile registra el doble de publicaciones en revistas indexadas a SCOPUS por cada trabajador en I+D que España. Y pese a tener casi cinco veces menos personal que Argentina, publicamos casi un 20% más. El impacto de la ciencia chilena supera con creces su inversión, y los trabajos de investigadores afiliados a instituciones nacionales son reconocidos en todo el mundo por su calidad. 

Debido a la alta productividad de la ciencia chilena, se omite de la discusión pública otro indicador poco halagador para la infraestructura nacional: con 1,3 investigadores a tiempo completo por cada 1.000 trabajadores, Chile está en el penúltimo lugar de la OCDE en dicha métrica. 

Por otra parte, existen problemas estructurales que dificultan la formación de nuevo personal científico. En Chile, sólo un 0,17% de la población entre 25 a 64 años cuenta con un doctorado, siendo el promedio OCDE del 1,16%. A diferencia de gran parte de Europa, donde la investigación doctoral se considera un trabajo y se remunera como tal, en Chile sólo se sostiene con becas que cubren costosos aranceles, aun cuando no se requiere cursar ramos durante la mayor parte de un programa de postgrado. Así, contrario a lo que declaró el presidente de la República, la fuente de trabajo que proporcionan los proyectos de investigación resulta fundamental para financiar parcialmente a muchos estudiantes de postgrado y personal técnico sin afiliación formal a instituciones académicas. 

Por lo mismo, restringir el ya limitado financiamiento estatal de la ciencia es un atentado al capital humano presente y futuro de la ciencia y tecnología en Chile. Solo el 16,9% de la matrícula en programas de magíster en 2025 correspondió a las áreas de las ciencias naturales e ingeniería combinadas. De estos estudiantes, sólo una fracción (20% en ciencias naturales y 10% en ingeniería) es financiada por el programa de becas de magíster nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) que el gobierno busca recortar. Por otra parte, una de las grandes virtudes de la ciencia nacional es que a pesar del aislamiento geográfico respecto a los principales focos mundiales de conocimiento, nuestros investigadores cuentan con vastas redes de colaboración internacional. Por esto, el recorte a las becas de postdoctorado en el extranjero es un duro golpe para las y los científicos jóvenes que buscan insertarse en el mundo laboral y desarrollar investigación de alto impacto no solo en Chile, sino en el mundo entero. 

El desarrollo de la ciencia en Chile sólo puede ser sostenible si los recursos crecen a la par con el número de investigadoras e investigadores. Si se busca implementar la necesaria medida de aumentar el financiamiento privado en la ciencia, y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías en suelo nacional, es necesario invertir en formar investigadores dedicados a este rubro. El desafío no negociable es llevar a cabo esta tarea sin sacrificar el desarrollo y financiamiento de la ciencia básica, cuya calidad debiese ser motivo de orgullo independiente del color político. Es prioridad proporcionar el ambiente adecuado para formar una nueva generación de investigadores que sí tenga la oportunidad de elegir entre dedicarse a los fundamentos o a la aplicación de la ciencia. Las áreas en que se decida utilizar este capital son igualmente relevantes: un gran centro de procesamiento para inteligencia artificial, como propone la ministra, puede generar empleo e inversión, pero no necesariamente implica el desarrollo de patrimonio científico y tecnológico. En

muchos casos, estas instalaciones operan principalmente con tecnologías desarrolladas en el extranjero y demandan escaso personal dedicado a investigación avanzada. 

Por último, como comunidad científica se nos presenta un desafío igual de importante. Es imperativo que la percepción pública de la ciencia en Chile refleje su realidad, y que los beneficios de la generación de conocimiento se valoren independiente de su aplicabilidad inmediata. De acuerdo a las últimas encuestas disponibles de percepción de la ciencia, un 41% de los chilenos posee poco o ningún interés en la ciencia y tecnología. Este alto nivel de indiferencia es riesgoso, ya que puede derivar en un clima de desconfianza con el mundo científico y facilitar la implementación de medidas detrimentales a su desarrollo.  

Debemos, por tanto, hacer lo posible por acercar nuestro trabajo al público, educando e incluyendo particularmente a niñas, niños y adolescentes. Para nosotros, es evidente que el nuevo conocimiento posee valor intrínseco por su mera existencia, pero la postura opuesta sigue siendo razonable para quien no sabe que las investigaciones de Maxwell, Hertz, Einstein y Heisenberg dieron origen a tecnologías como la electrónica, la radio, el GPS y el láser muchos años después de sus descubrimientos. Citando a este último, además de permitir el desarrollo tecnológico, la universalidad de la ciencia la convierte en un medio de entendimiento entre los pueblos. Que sea este, entonces, el lenguaje común que nos permita trazar, sobre la base de evidencia, la hoja de ruta hacia el progreso.