El costo invisible del enfrentamiento entre Carabineros e inspectores municipales

El enfrentamiento ocurrido hace algunos días entre inspectores municipales y Carabineros en Santiago generó una controversia comprensible. Como ocurre en estos casos, gran parte del debate público se concentró en determinar quién tenía la razón, quién actuó fuera de sus atribuciones o quién debía asumir la responsabilidad por lo ocurrido.

Sin duda fue un incidente menor y un hecho aislado, como posteriormente señalaron las propias instituciones involucradas. Sin embargo, el principal efecto de situaciones como esta no es operativo. Las personas que observaron las imágenes probablemente no estaban analizando detalles jurídicos ni procedimientos policiales. Lo que vieron fue algo mucho más simple: a dos actores del sistema de seguridad cuestionándose mutuamente frente a la ciudadanía.

La seguridad descansa sobre la confianza. Los ciudadanos necesitan creer que quienes tienen la responsabilidad de protegerlos saben lo que hacen, conocen sus funciones y son capaces de actuar coordinadamente frente a situaciones complejas. Cuando esa percepción se debilita, también comienza a erosionarse una parte importante de la legitimidad sobre la cual descansa el sistema.

Por eso resulta tan delicado observar conflictos públicos entre instituciones llamadas a colaborar en la producción de seguridad. Si quienes poseen mayores niveles de legitimidad institucional aparecen cuestionando públicamente a quienes intentan consolidar espacios complementarios de seguridad, el daño puede ser profundo. Porque si las propias instituciones encargadas de producir seguridad no validan plenamente estos roles, ¿qué podemos esperar entonces del ciudadano común?

Cada vez que la autoridad aparece cuestionada o debilitada disminuye su capacidad de influir sobre la conducta de terceros. El infractor habitual, el delincuente oportunista o quien incurre cotidianamente en incivilidades también observa estas señales y extrae conclusiones prácticas.

Por eso, las imágenes del enfrentamiento deberían preocupar no sólo a los municipios o a Carabineros, sino también a quienes diseñan leyes y políticas públicas en materia de seguridad. Cuando la ciudadanía observa conflictos entre actores que deberían colaborar, el modelo de seguridad del país se debilita profundamente. Esto resulta aún más preocupante si se considera que, durante los últimos años, Chile ha impulsado importantes reformas destinadas precisamente a fortalecer y profesionalizar tanto la seguridad municipal como la seguridad privada.

La principal lección de este episodio es que la seguridad no depende únicamente de patrullas, cámaras o atribuciones legales. Depende también de la legitimidad de quienes la producen. Las leyes pueden otorgar facultades, pero sólo el reconocimiento social convierte esas facultades en autoridad.