¿Y qué estamos haciendo las universidades?

Hace algunas semanas, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación introdujo modificaciones a los programas Becas Chile y Fondecyt, específicamente en el instrumento Fondecyt de Postdoctorado.

El cambio más profundo en este último caso es el establecimiento de áreas prioritarias, a las cuales se les podrá destinar hasta un 70% de las adjudicaciones.

De forma transversal, y con justa razón, la comunidad académica ha manifestado sus reparos ante la notoria ausencia de disciplinas tales como las ciencias sociales, la matemática pura,  las ciencias básicas, y las artes y humanidades entre estas áreas prioritarias y ante los efectos que esta medida traerá para el desarrollo de la ciencia en Chile. Sobre esto ya se ha dicho y escrito bastante, por lo que en estas líneas quiero concentrarme en otra faceta de esta situación: qué medidas hemos tomado las universidades en preparación a situaciones como estas.

No hablo de “cambios inesperados” porque si hay una característica que no puede ser usada para describir este cambio de bases, es ser sorpresivo. Cuando el Presidente Kast eligió al libro precioso, empastado, en la biblioteca como símbolo de la investigación “inútil”, dio señales claras sobre la dirección en la que su gobierno giraría el timón: una priorización de la “buena” investigación en desmedro de la “otra”. Ante esto, una pregunta clave para las universidades, centros de investigación y la comunidad académica en general es de qué forma estamos adelantándonos a los hechos, en vez de limitarnos a reaccionar ante hechos consumados.

Conviene ser explícitos respecto de por qué ésta es una reflexión necesaria para las universidades, más allá de los argumentos relacionados con la política pública científica: cambios como el realizado tendrán consecuencias para el desarrollo equitativo de la carrera académica dentro de nuestras instituciones. Los criterios de jerarquización académica de las universidades chilenas suelen incluir preferencias más o menos explícitas por la adjudicación de proyectos tales como Fondecyt. Una política de priorización de áreas del saber pondrá inevitablemente en desventaja a unas áreas respecto de otras, dificultando alcanzar diversos hitos de la carrera académica. Asimismo, la adjudicación de fondos concursables externos suele ser parte de los criterios no solamente de jerarquización sino también de otros procesos de evaluación del desempeño académico, por lo que la priorización de áreas puede afectar la carrera e incluso la composición de los claustros académicos universitarios.

Se podrá objetar que esto es especulativo, dado que la modificación de las bases afectó solamente al concurso de Postdoctorado y que se indicó explícitamente que las bases de los concursos de Iniciación y Regular no fueron modificadas. En esa visión, este cambio solamente afectaría a investigadores que todavía no obtienen un claustro académico, quedando indemnes quienes ya están dentro de la academia. Pero esa visión, y su supuesta señal de tranquilidad, es engañosa (aparte de falta de empatía). Por una parte, no hay que ser ilusos: la notificación de que las bases no han sido modificadas este año no equivale a un compromiso de que no lo vayan a ser en los próximos años. Por otra, y aún más importante, hay que abrir los ojos y reconocer que la priorización en el concurso de Postdoctorado también afectará las carreras de académicos consolidados o en vías de consolidación: las postulaciones al Fondecyt de Postdoctorado requieren de un investigador patrocinante, rol que es considerado evidencia de una carrera robusta en el ámbito de formación de capital humano avanzado y de nuevos académicos, mostrando que hay investigadores jóvenes interesados en desarrollar sus proyectos con este patrocinante. La priorización de áreas en la etapa postdoctoral tiene así un amplio potencial de generar inequidades en la progresión académica de investigadores de todas las etapas de la carrera, ya que quienes trabajan en áreas no priorizadas tendrán menos oportunidades de acceder al rol de patrocinante. La duda no es si esto ocurrirá o no, sino más bien cuándo y en qué magnitud.

No hay, ciertamente, recetas homogéneas para abordar esta amenaza. Cada institución debe generar sus propias instancias de reflexión para descubrir cuán expuesta se encuentra y qué pasos tomar para salir adelante. Este diálogo requiere cuestionarse hasta qué punto los actuales criterios de carrera académica y evaluación de desempeño dependen de la adjudicación de este tipo de proyectos, así como por la validez y equidad de estos criterios y su comparabilidad entre áreas del conocimiento. ¿Cuáles son las señales que caracterizan una carrera académica consolidada? ¿Cómo nos aseguramos de que estas señales no están sujetas a sesgos externos tales como decisiones circunstanciales de la política científica? ¿Será necesario generar instrumentos internos de apoyo específicos para investigadores de áreas no priorizadas? Estas discusiones deben darse de forma anticipada, no reactiva ante los cambios en los instrumentos o programas de la política científica. Cada institución tiene el deber y la necesidad de debatir sobre éstas y otras complejas interrogantes. Las universidades son espacios llamados a producir conocimiento con libertad académica y autonomía, sin discriminar por área o por la posibilidad de un trabajo de llevar a aplicaciones estratégicas en el corto plazo. ¿Cómo estamos honrando este llamado y protegiendo la autonomía investigativa de nuestras casas de estudios?

Ya vimos las señales. Ahora estamos viendo los primeros movimientos. No podremos decir que los próximos nos pillaron por sorpresa. El momento de repensar nuestras universidades, y las formas en que valoran las contribuciones propias de las diversas áreas y contribuyen al desarrollo de la sociedad, es ahora.