TVN: abandonar el modelo de negocios

Hace años escribí una columna titulada “Se busca televisión pública” (La Nación, agosto 2010). La motivaba entonces una contradicción que, lejos de desaparecer, se ha hecho más evidente: Chile posee una empresa estatal de televisión, pero no termina de decidir si quiere realmente una televisión pública.

La noticia de estos días vuelve a poner el problema sobre la mesa. TVN proyecta pérdidas del orden de $12 mil millones para este año y negocia una nueva fórmula de financiamiento que contemplaría un aporte estatal cercano a US$15 millones anuales. Al mismo tiempo vende y arrienda activos, busca contener gastos y hasta estudia entrar al negocio de la radio. 

Todo ello puede ser necesario, pues las cuentas deben cuadrar. Los recursos públicos no son infinitos y ninguna institución del Estado adquiere, por el solo hecho de ser pública, permiso para administrar mal los recursos de todos. Pero estamos empezando nuevamente la discusión por el lado equivocado.

La interrogante no debe ser cuál es el modelo de negocios que permitirá “salvar” a TVN. La pregunta anterior, y mucho más importante, es otra: ¿Para qué quiere Chile una televisión pública?

Porque si queremos simplemente otro canal abierto que compita con Mega, Chilevisión y Canal 13 por audiencias, publicidad, matinales, teleseries y programas de entretención, resulta perfectamente legítimo preguntarse para qué debe el Estado poseerlo, si ya hay una oferta más que suficiente de ese tipo de televisión abierta. Una empresa pública haciendo aproximadamente lo mismo que hacen las privadas, sometida a los mismos imperativos comerciales y persiguiendo al mismo espectador, necesita una justificación bastante más sólida que el anclaje en la memoria personal y colectiva. Entonces, ¿en que se basa la necesidad de una televisión pública?

La televisión pública empieza a justificarse precisamente allí donde termina esa lógica.

Debe hacer aquello que el mercado no necesariamente hará, o que hará de manera insuficiente y de mala gana. Es decir, información independiente y de calidad; presencia regional verdadera; programación infantil sin convertir a los niños en consumidores de tonteras; ciencia, historia, artes y patrimonio; documentales; cobertura de las minorías; programación para adultos mayores; cultura democrática y pluralismo. También entretención, naturalmente. Ser público no significa ser solemne, aburrido ni pedagógico hasta la extenuación. Solo significa que entretener y hacer reír no constituye su razón última de existir.

En mi antigua columna sostenía que habíamos cometido un error conceptual al lanzar a TVN a la arena comercial y luego sorprendernos porque comenzara a comportarse como cualquier competidor. El autofinanciamiento buscaba algo perfectamente atendible, porque protegía al canal del gobierno de turno. Pero confundimos independencia política con independencia económica y terminamos construyendo una criatura extraña, una televisión llamada pública que para sobrevivir debía perseguir permanentemente los recursos del mercado.

El resultado estaba contenido en ese diseño. Si el ingreso depende fundamentalmente de la publicidad, la publicidad depende de la audiencia y la audiencia determina progresivamente la programación. Entonces la misión pública termina subordinada a aquello que debía ser solamente un instrumento de financiamiento.

Esta parábola no es una fatalidad universal. Otros países resolvieron de manera distinta esa tensión. La BBC británica sigue siendo quizá el símbolo más conocido. Su Royal Charter establece expresamente una misión pública y protege su independencia editorial y creativa. Su financiamiento, aunque actualmente se encuentra nuevamente en discusión en el Reino Unido, ha descansado históricamente en un mecanismo específicamente destinado a sostener el servicio público, precisamente para no dejarlo entregado a la competencia publicitaria ni al capricho presupuestario anual del gobierno. 

Alemania financia a ARD, ZDF y Deutschlandradio mediante una contribución general de los hogares. El aporte vigente es de 18,36 euros mensuales y existe justamente bajo la idea de que el audiovisual público constituye un servicio del cual se beneficia la comunidad, independientemente del consumo particular de cada persona. 

Finlandia fue todavía más lejos. Yle, su radiodifusora pública, se financia fundamentalmente mediante un impuesto específico y progresivo, con exenciones para los ingresos menores. En 2025, el 98,4% de sus ingresos procedió de ese mecanismo. Su propia definición institucional es reveladora: Yle no busca obtener beneficios comerciales, sino prestar un servicio público de medios. 

Francia ofrece otra fórmula. France Télévisions utiliza hoy un esquema mixto: aproximadamente 86% de sus recursos provienen de fondos públicos y 14% de actividades comerciales. Después de eliminar la antigua tasa audiovisual, el financiamiento estatal quedó vinculado a una fracción de la recaudación del IVA. 

No existe, pues, un modelo único que debamos importar y pegar sobre TVN. Existe algo más importante: una idea compartida de que la televisión pública es un servicio público antes que un negocio audiovisual.

Chile podría construir su propia fórmula. Un financiamiento basal público, suficiente y estable, aprobado sobre una perspectiva plurianual y no dependiente de la simpatía del gobierno de turno; ingresos comerciales complementarios, pero no determinantes; estricta transparencia en costos y remuneraciones con límites claros al crecimiento burocrático; independencia editorial protegida por ley, y obligaciones precisas de programación y cobertura territorial.

Incluso podría discutirse que el aporte estatal aumente o disminuya según el cumplimiento de metas públicas previamente establecidas y verificadas por un organismo independiente. El dinero público no sería entonces un cheque en blanco, sería el precio de un contrato con la sociedad.

Eso supone también una contrapartida quizás molesta para quienes defienden TVN: una televisión pública no puede transformarse en refugio de ineficiencias, cargos políticos o administración indolente. Financiamiento público estable e irresponsabilidad financiera son cosas completamente distintas. La BBC, Yle, ARD o France Télévisions viven bajo escrutinio, controles, ajustes presupuestarios y exigencias de eficiencia. Tampoco puede ocurrir lo contrario, o sea exigirle a TVN que cumpla una misión pública y, simultáneamente, obligarlo a financiar esa misión vendiendo avisos como cualquier canal privado, y ser canal cultural unas cuantas horas a la semana. Si es que puede llamarse cultura a los programas de entretención gastronómica, turística y de chacoteo de los fines de semana. 

La discusión abierta ahora puede ser una oportunidad mucho mayor que la búsqueda de recursos para tapar el próximo déficit. Primeramente, retirando una expresión del vocabulario con que hablamos de TVN: “modelo de negocios”.

Porque cuando el orden se invierte ocurre exactamente que primero diseñamos el negocio y después tratamos de encontrar, entre sus balances, dónde quedó escondida la cultura y el servicio público.

En esto, la oposición democrática tiene también su propia responsabilidad. No debiera limitarse a denunciar el problema o aprovechar las dificultades de TVN para ajustar cuentas con el gobierno de Kast, pues su parte de culpa también la tiene al rehuir una reforma de fondo de la televisión pública.

Una oposición que aspira a volver a gobernar debe distinguir entre gasto injustificado y construcción institucional. Puede exigir eficiencia, pluralismo e independencia editorial y, al mismo tiempo, concurrir a un acuerdo de largo plazo que asegure al país una verdadera televisión pública.

En materias como esta, la alternativa responsable no es entre estatismo y mercado, sino entre improvisar en cada crisis o construir una institución que sobreviva a los gobiernos.