¿Por qué importa avanzar hacia una mayor igualdad?

En el campo de la filosofía, podemos identificar variados argumentos a favor de una mayor igualdad: i) igualitarismo liberal (John Rawls), que sostiene que las desigualdades sociales y económicas solo se justifican si benefician a los menos favorecidos (el “principio de diferencia”); ii) igualitarismo de la suerte (Ronald Dworkin), que distingue entre desigualdades que provienen de elecciones de las personas (aceptables) y las que provienen de circunstancias no elegidas (lugar de nacimiento, talentos, salud) que considera injustas y merecedoras de corrección; iii) el enfoque de capacidades (Amartya Sen, Martha Nussbaum), que argumenta que lo relevante no es igualar ingresos o bienes, sino las capacidades reales de las personas para vivir la vida que valoran; iv) tradición marxista, que ve la desigualdad económica no como un accidente sino como producto estructural de la propiedad privada de los medios de producción, y la considera fuente de alienación y explotación; v) argumentos republicanos (Philip Pettit), que sostiene que la desigualdad extrema genera relaciones de dominación: quien depende económicamente de otro está sujeto a su voluntad arbitraria, incluso si esa persona nunca ejerce ese poder. La libertad como “no-dominación” exige cierta igualdad material.

La posesión de un mayor nivel de ingresos implica un dominio no solo sobre recursos materiales, sino también sobre otras personas (Atkinson, 2007). En sociedades desiguales, los recursos económicos no solo otorgan un mayor estatus social y mayor acceso a bienes y servicios, sino que amplían la capacidad de participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones, incidiendo en sus resultados. Esta influencia política desproporcionada de quienes poseen mayores recursos económicos se manifiesta de dos formas.

Por un lado, es descriptiva, ya que existe una sobrerrepresentación de personas de altos ingresos en los espacios formales de toma de decisiones. Por otro, es sustantiva, pues las visiones e intereses de estos grupos tienden a ser más eficazmente promovidos en dichos espacios, gracias a los diversos mecanismos de influencia que pueden ejercer sobre el proceso deliberativo (PNUD, 2017).

También existen los argumentos escépticos o críticos: i) libertarismo (Robert Nozick), que argumenta que, si una distribución surge de transferencias voluntarias y justas, es justa independientemente de cuán desigual sea el resultado; redistribuir forzosamente viola derechos de propiedad legítimamente adquiridos; ii) meritocracia y desigualdad de resultados vs. de oportunidades; muchos filósofos distinguen entre igualdad de oportunidades (que suele defenderse ampliamente) e igualdad de resultados (mucho más controvertida); el debate gira en torno a si la primera es alcanzable sin la segunda; iii) objeción del nivelamiento, que sostiene un argumento técnico contra el igualitarismo estricto: si igualar significa a veces empeorar a los más favorecidos sin mejorar a nadie más, ¿es eso realmente deseable?

Por otra parte, están las Tesis comunitaristas (Michael Walzer) que sugieren que la igualdad no debe ser un valor único y abstracto, sino que distintos “bienes” (salud, educación, poder político, riqueza) deberían distribuirse según lógicas distintas, evitando que el dinero “compre” todo.

Agrupando los aportes provenientes desde la ciencia política y la economía nos encontramos, para el primer caso, con la más importante investigación empírica llevada a cabo por Przeworsky, Alvarez, Cheibub y Limongi (1994), en la que se analizan los casos de supervivencia y quiebre de regímenes políticos en 135 países entre 1950 y 1990, en donde una de las dos conclusiones más importantes refiere que la expectativa de vida de las democracias con desigualdad en descenso es de 84 años aproximadamente, mientras que con desigualdad creciente es de unos 22 años.

Para el segundo caso, destacan las múltiples investigaciones realizadas por Acemoglu y Johnson (2024) que demuestran que los países que optan por la democracia aumentan entre un 20 y un 30 por ciento el PIB per cápita en las décadas posteriores a su adopción, a condición de que esta (la democracia) traiga consigo una reducción de la desigualdad en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades.

Adicionalmente, Landman y Larizza (2009) identifican una fuerte correlación entre desigualdad de ingresos y el incumplimiento de la protección de diversos derechos humanos en 162 países durante el período 1980-2004.

Por otra parte, si bien es cierto que la relación entre desigualdad y crecimiento económico es compleja de establecer o, en otras palabras, que la relación causal no es del todo clara en una u otra dirección, la evidencia empírica muestra una correlación fuerte: no existen países que hayan alcanzado niveles de ingreso per cápita superiores a los 40.000 dólares con índices de Gini por sobre 0,40.

Por último, diversos estudios han señalado que la desigualdad sostenida en el tiempo, junto con una débil percepción de movilidad social, pueden erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas y generar desafección política. Por lo mismo, podemos entender por qué entre nuestra actual crisis política de representación y de distribución existen sustantivos vasos comunicantes.

Contribuciones que, por cierto, ayudaron a ir dejando atrás un cierto economicismo desbordado que simplificó en demasía la idea del desarrollo y que incluso contribuyó a instalar la falacia del falso dilema entre igualdad y libertad. En palabras de Peces-Barba (2001), hoy estamos mucho más cerca de la visión de que la libertad es un valor central, pero si no alcanza a todos o a la mayoría, habrá frustrado la cohesión social y el desarrollo de la dignidad de las personas, que es de todos y no solo de algunos.

Desde luego, estas nociones son más difíciles de compartir entre quienes adhieren a las ideas de una democracia protegida en lo político y al neoliberalismo en lo económico.

Aterricemos ahora estas consideraciones a la realidad chilena.

Para ello, nos valdremos del Informe sobre Desigualdad de Ingresos en Chile del Observatorio Social (marzo 2026), que introduce un valioso cambio metodológico al integrar la información proveniente de la Encuesta Casen con registros administrativos del SII y los agregados macroeconómicos observados en las Cuentas Nacionales, de modo de dar cuenta de la totalidad de los ingresos obtenidos por los hogares en la parte alta de la distribución, permitiendo así construir estimaciones de la distribución del ingreso que sean consistentes con el tamaño total de la economía.

Sus resultados son muy poco alentadores, puesto que la alta concentración de ingresos en los segmentos superiores es incluso mayor (al comparar Casen con nueva metodología): el 10% más rico no concentra un tercio, sino cerca de la mitad del ingreso nacional, mientras que el 50% de menores ingresos no abarca un quinto del total, sino cerca de un 15%.

Esta brecha, sumada a otro tipo de desigualdades, afecta directamente las oportunidades y el bienestar de las personas, tensiona de manera significativa la cohesión social y, como nos señalan Acemoglu y Robinson (2025), la distribución de los ingresos puede afectar al equilibrio político, lo que implica que, por una razón adicional, política, no pueden ignorarse los efectos distributivos de las medidas que mejoran la eficiencia económica. 

Si nos comparamos con los demás países incluidos en la base de datos de la OCDE, se constata que Chile se encuentra entre aquellos con mayor desigualdad en la distribución del ingreso disponible (es decir, después de impuestos y transferencias), con un coeficiente de Gini del ingreso disponible de 0,448, el segundo más alto de la OCDE, solo superado por Costa Rica, mientras que la media en los países de la OCDE es de 0,315.

Otro indicador interesante que muestra este Informe es la heterogeneidad entre países en términos de la diferencia entre la desigualdad de mercado y la del ingreso disponible. Aunque en todos los casos la desigualdad disminuye después de la acción del Estado por medio de los impuestos y transferencias, la magnitud de esta reducción varía de forma considerable.

Aun así, entre los países de mayor desarrollo que integran la OCDE, se verifica que todos estos logran reducir el Coeficiente de Gini en a los menos 0,10, siendo la excepción a este desempeño los casos de Corea del Sur, Costa Rica, Chile y México, con acortamientos de las diferencias de solo 0,07, 0,06, 0,043 y 0,016, respectivamente. A su vez, en el podio destacan Finlandia, Bélgica, Austria, Irlanda, Francia, Alemania, Portugal e Italia, todos los cuales reducen la diferencia entre ambos Gini en valores iguales o superiores a 0,20. 

Ahora, al observar los resultados generados a partir de la nueva metodología descrita en el Informe, nos encontramos con que la intensidad de nuestra desigualdad es aún bastante mayor. 

Así es, si consideramos el coeficiente de Gini de ingreso disponible anual per cápita de los hogares, calculado para cuatro series de ingresos estimadas con la Encuesta Casen: i) sin modificaciones, esto es, utilizando los factores de expansión originales; ii) después del ajuste de los factores de expansión con datos del SII; iii) tras el ajuste por Cuentas Nacionales; y iv) luego de la imputación por utilidades no distribuidas, los coeficientes de Gini obtenidos son: 0,47, 0,50, 0,56 y 0,57, respectivamente.

A partir de todo lo anterior, tres son las afirmaciones que me atrevo a hacer ante esta realidad: i) tenemos razones más que suficientes, políticas y económicas, para enfrentar y avanzar en la corrección de este lamentable desempeño como país, ii) el limitado impacto redistributivo de los impuestos y transferencias en Chile puede explicarse, en primer lugar, por la estructura de la carga tributaria (alto peso relativo de los impuestos indirectos; tratamiento preferencial a los ingresos de capital, tanto en tasas como en exenciones; baja tributación de los recursos naturales en comparación con otros países y mayores niveles de elusión y evasión en los impuestos directos que en los indirectos); y iii) la megarreforma tributaria del actual Gobierno no hará sino profundizar los altísimos niveles de desigualdad que ya tenemos.