El fenómeno del Niño y el ordenamiento territorial

Todos hemos sido testigos del gran daño provocado por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, las cuales generan inundaciones, remociones en masa, derrumbes y socavones. Estos impactos ocurren casi siempre en las mismas zonas; es como si la naturaleza tuviera memoria y se repitiera una y otra vez sin que tomemos medidas de fondo para minimizar estas amenazas. Al final, estos fenómenos se transforman en desastres debido a la mala localización de la infraestructura, construida sin una planificación adecuada.

Si bien Chile cuenta con avances importantes en planificaciones sectoriales amparadas en sus respectivas normativas (en ámbitos como desarrollo urbano, cambio climático, turismo, biodiversidad, recursos hídricos, obras públicas y transporte), diversos autores constatan una falta de articulación integrada. Es urgente que estos instrumentos sectoriales se armonicen entre sí a través de una herramienta territorial de “segundo piso” que los oriente, tanto en su enfoque político nacional como en las soluciones específicas para las distintas regiones y localidades.

El territorio por naturaleza es intersectorial y constituye un ecosistema antrópico, donde coexisten los diferentes actores económicos y sociales, con una estrecha relación y dependencia de la naturaleza y el medio ambiente. Esta aporta los servicios ecosistémicos necesarios para la existencia humana, además de los bienes naturales para la producción y la calidad ambiental de la sociedad.

Afortunadamente, tras más de tres décadas de espera, recién este año se aprobó el Reglamento de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Este avance complementa la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) —aprobada durante el segundo gobierno del presidente Piñera— y se sustenta legalmente en la Ley orgánica constitucional 21.074 de fortalecimiento de la regionalización, promulgada bajo el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Esta ley traspasó a los Gobiernos Regionales (GORE) la facultad de elaborar y aprobar los PROT en coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD).

Hoy están dadas las condiciones legales y reglamentarias para implementar los PROT, los cuales tendrán un carácter vinculante. Además de prohibir la instalación de infraestructura en zonas de riesgo y promover las vocaciones productivas de cada comuna, este plan orientará el uso del territorio regional hacia un desarrollo sustentable mediante lineamientos estratégicos y una macrozonificación.

Finalmente, el PROT establecerá de forma obligatoria las condiciones de localización para el manejo de residuos y sus sistemas de tratamiento. Asimismo, regulará la ubicación de infraestructuras y actividades productivas en zonas rurales no comprendidas en la planificación urbana, identificando aquellas áreas donde su instalación sea preferente. La aplicación de este instrumento, será además una gran oportunidad para todos los actores regionales y comunales, a través de un proceso participativo y de gobernanza, proponer un proyecto de desarrollo territorial consensuado por todos, previniendo los conflictos y acelerando la evaluación ambiental de los proyectos de inversión.

Ya es hora que los gobiernos regionales recojan el mandato legal de los PROT y comiencen a través de sus divisiones de planificación, a generar las condiciones políticas, sociales y económicas para comenzar dichos procesos, mirando un horizonte de los próximos 30 años.