Opinión
Un país pro-propietario no tiene por qué ser un país antiarrendatario
Facilitar el acceso a la vivienda propia es una buena noticia. Sin embargo, Chile no puede construir su política habitacional pensando únicamente en propietarios, porque no es la realidad del país.
La reciente ampliación del subsidio hipotecario y las garantías estatales pueden ayudar a que más familias que hoy están fuera del mercado puedan comprar. Pero si queremos resolver de verdad el desafío habitacional, debemos evitar una falsa dicotomía: no se trata de elegir entre propietarios y arrendatarios.
El 26,2% de los hogares chilenos arrienda, una cifra que ha aumentado desde 17,7% en 2002. En el Gran Santiago, llega al 33,1%. Son millones de personas para quienes comprar todavía no es posible, no es conveniente o simplemente no es su prioridad.
A las cifras anteriores del último Censo podemos sumar las de un informe elaborado por el Centro de Estudios Inmobiliarios de la ESE Business School de la Universidad de los Andes este año, el que reveló que actualmente solo el 20% de las familias chilenas puede acceder a la compra de una vivienda. El 80% restante queda, en consecuencia, fuera del mercado inmobiliario de propietarios.
Además, reducir la tasa hipotecaria no elimina otras barreras: el pie, la capacidad de endeudamiento, la estabilidad laboral o el precio de las viviendas. Y mientras esas condiciones no cambien, habrá personas que necesitarán arrendar. Tampoco arrendar debiese verse como la sala de espera antes de comprar, para muchos puede ser una solución de largo plazo, en tanto, para otras, una decisión asociada a la flexibilidad, movilidad o etapa de la vida.
Por eso, una política habitacional moderna debe tener dos caminos igualmente legítimos: facilitar la propiedad para quienes quieren y pueden comprar, y desarrollar una oferta de arriendo profesional, estable y de calidad para quienes necesitan o prefieren arrendar.
El éxito de una política habitacional no debiera medirse solo por cuántos chilenos logran ser propietarios, sino también por cuántos pueden acceder a una buena vivienda, aunque no sean sus dueños. Un país pro-propietario no tiene por qué ser un país antiarrendatario.
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