¿Tiene sentido la unidad de la oposición?

Hay una forma particularmente peligrosa de decadencia política: aquella en que los partidos conservan sus nombres, sus dirigentes, sus bancadas parlamentarias y sus estructuras burocráticas, pero han perdido la capacidad de interpretar a la sociedad que pretenden representar. Siguen hablando, negociando y disputando espacios de poder, mientras el país se aleja de ellos con una mezcla de indiferencia, desconfianza y hastío. La política democrática comienza entonces a jibarizarse, reducida a una actividad autorreferente que deja progresivamente el terreno disponible para los aventureros, los oportunistas y quienes desprecian las instituciones democráticas.

Lo ocurrido recientemente en Estados Unidos, la experiencia de Lula en Brasil y el esfuerzo que desarrolla Pedro Sánchez en España merecen una reflexión que la oposición chilena parece empeñada en eludir. Son experiencias diferentes, pero comparten una enseñanza: una alternativa política no se construye únicamente denunciando al adversario. Requiere ideas, identidad, organización, liderazgo y una conexión efectiva con las preocupaciones de la sociedad.

Los demócratas estadounidenses, después de su derrota presidencial de 2024, debieron enfrentar una discusión sobre su desconexión con sectores populares y medios, el costo de la vida y la necesidad de recuperar presencia territorial. Sus recientes resultados electorales muestran la importancia de presentar candidaturas y propuestas capaces de hablar de los problemas cotidianos. Lula ha sostenido una identidad política reconocible, vinculada a la protección social y a las condiciones materiales de existencia, incluso en un Brasil profundamente polarizado. Sánchez, por su parte, procura mantener una diferenciación política frente a la derecha y la ultraderecha españolas, aunque ello no lo exima de contradicciones y dificultades.

¿Y en Chile?

Aquí pareciera que la derrota electoral no hubiera producido ninguna reflexión proporcional a su magnitud. Los partidos de oposición continúan actuando como si el problema hubiera sido simplemente perder el Gobierno y no haber perdido, mucho antes, una parte sustancial de su capacidad de representar, convocar y ofrecer un horizonte político compartido. No se advierte una revisión suficientemente profunda de los errores gubernamentales, las promesas incumplidas, la distancia entre las dirigencias y los ciudadanos, ni de las razones por las cuales tantos chilenos dejaron de sentirse interpretados por quienes decían representar el progreso social.

Fiscalizar es indispensable. Denunciar abusos también. Impedir decisiones arbitrarias constituye una obligación democrática. Pero una oposición no puede confundir su capacidad de obstaculizar al Gobierno con su capacidad de convocar al país.

Y, sobre todo, ¿qué idea de país distingue hoy a las fuerzas que se presentan como alternativa al Gobierno?

La ausencia de respuestas no puede compensarse con declaraciones indignadas, conferencias de prensa o acuerdos entre parlamentarios. Tampoco mediante una unidad que parece reducirse a la distribución de cargos, presidencias de comisiones y espacios de influencia. La unidad política no es una fotografía de dirigentes reunidos alrededor de una mesa. Es la expresión de convicciones compartidas y de un proyecto que merezca ser defendido.

La oposición chilena necesita comprender que su principal adversario no es solamente el Gobierno. Es también su propia irrelevancia.

Una oposición sin ideas termina siendo una suma de parlamentarios. Una oposición sin identidad se convierte en una colección de siglas. Y una oposición sin liderazgo queda condenada a esperar que el Gobierno fracase para intentar recuperar un poder que ya no sabe para qué quiere ejercer.

Porque el verdadero drama de una oposición no es perder el poder. Es perder la capacidad de representar a quienes algún día confiaron en ella.

Hagamos un ejercicio sencillo de preguntas que debieran permitirnos saber si todavía compartimos una identidad política y, sobre todo, si existe alguna razón que justifique nuestra actuación conjunta.

¿Tenemos realmente la convicción de que el capitalismo, abandonado exclusivamente a las fuerzas del mercado, no resuelve por sí mismo las desigualdades y tiende a concentrar la riqueza y las oportunidades en quienes ya disponen de mayores recursos? ¿Estamos dispuestos a corregir esas desigualdades mediante instituciones, políticas públicas y mecanismos efectivos de redistribución, o hemos terminado aceptando como inevitable una sociedad donde el origen social determina buena parte del destino de las personas?

¿Creemos que entre nosotros y las corrientes de la derecha que justificaron, respaldaron o todavía relativizan la dictadura de Pinochet existe una diferencia histórica y moral fundamental, cuyo centro es la adhesión inequívoca a la democracia y a los derechos humanos? ¿O estamos dispuestos a disolver esa diferencia en nombre de conveniencias electorales y acuerdos circunstanciales?

¿Tenemos la misma claridad para afirmar que los derechos humanos son universales, que no admiten excepciones ideológicas y que los regímenes políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no satisfacen las exigencias fundamentales de una democracia pluralista? ¿Somos capaces de condenar el autoritarismo sin preguntar previamente si quien lo ejerce se declara de izquierda o de derecha?

¿Comprendemos que estamos viviendo una transformación tecnológica, económica y cultural de una magnitud extraordinaria y que, si permanecemos inmóviles, sus beneficios pueden concentrarse todavía más en los grupos que controlan el capital, los datos, las plataformas y el conocimiento? ¿Estamos dispuestos a disputar democráticamente la distribución de esas oportunidades o nos limitaremos a contemplar cómo el progreso tecnológico convive con nuevas formas de exclusión?

¿Creemos que el Estado debe limitarse a desempeñar un papel subsidiario, interviniendo únicamente allí donde el mercado no encuentra incentivos suficientes, o sostenemos que tiene una responsabilidad insustituible como garante de derechos, promotor de oportunidades y protector de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad? ¿Queremos un Estado simplemente más grande o uno verdaderamente competente, transparente y eficaz, capaz de ofrecer seguridad, educación, salud y protección social?

¿Creemos que nuestros niños y jóvenes tendrán oportunidades reales si mantenemos intactas las desigualdades educativas, la segregación territorial, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda? ¿Podemos seguir hablando de igualdad de oportunidades cuando las condiciones de nacimiento continúan pesando tanto sobre las posibilidades de desarrollo personal?

¿Existimos políticamente para transformar la sociedad mediante cambios responsables, graduales y sostenidos, o nos hemos convertido en una acumulación de descontentos, unidos por el rechazo al adversario, pero incapaces de ofrecer una idea compartida de futuro? ¿Seguimos siendo fuerzas transformadoras o hemos terminado administrando resignadamente las injusticias que alguna vez nos propusimos superar?

¿Creemos que fomentar la organización de las personas en comunidades, fortalecer los vínculos de solidaridad, promover la participación ciudadana y recuperar el sentido de pertenencia a una sociedad constituyen alternativas indispensables frente al individualismo, al egoísmo y a la cultura del sálvese quien pueda? ¿Estamos dispuestos a reconstruir una sociedad en que las personas no sean consideradas únicamente consumidores, competidores o individuos aislados, sino integrantes de comunidades que comparten responsabilidades, derechos y un destino común? ¿O hemos terminado aceptando que cada persona deba enfrentar por sí sola las dificultades de la vida, sin vínculos de cooperación ni compromisos colectivos?

¿Nos satisface la sociedad que hemos construido y la que estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿Estamos dispuestos a enfrentar el endeudamiento que asfixia a tantas familias, la inseguridad económica, el empleo precario y las desigualdades en el acceso a bienes esenciales? ¿Creemos que todas las personas migrantes, cualquiera sea su situación administrativa, deben recibir un trato digno, respetuoso de sus derechos fundamentales y de su condición humana, sin que su origen o situación migratoria se conviertan en motivo de discriminación, y que el Estado debe combinar una política migratoria ordenada con el respeto irrestricto de la dignidad de todas las personas?

¿Queremos que Chile sea reconocido como un país ejemplar en la protección de su patrimonio natural, su biodiversidad y sus ecosistemas, o seguiremos contemplando nuestros bosques, ríos, glaciares y territorios únicamente desde su potencial de explotación económica? ¿Qué aprendimos de los conflictos de Ralco, de las controversias sobre la intervención de la Patagonia y de tantas decisiones en que los intereses económicos parecieron imponerse sobre las comunidades y la protección ambiental? ¿Somos capaces de comprender que el desarrollo no puede reducirse a la extracción de recursos naturales?

¿Creemos que el agua es un bien nacional de uso público y que su administración debe responder prioritariamente al interés general, a la protección de los ecosistemas y al derecho de las personas a acceder a ella, o aceptamos que su distribución quede determinada principalmente por la capacidad económica de quienes la utilizan?

Y finalmente, ¿creemos que este camino puede recorrerse mediante ambigüedades calculadas, silencios convenientes y declaraciones que cambian según las encuestas, o entendemos que una identidad política exige coherencia, responsabilidad y testimonio?

Estas preguntas no pretenden imponer respuestas idénticas a tradiciones políticas diferentes. Pretenden establecer algo anterior y más importante: si todavía existe un conjunto de convicciones suficientemente profundo como para justificar un proyecto compartido.

No se trata de exigir pureza doctrinaria ni de negar la legitimidad de los compromisos democráticos. Se trata de comprender que el compromiso es una forma de ejercer la política, mientras que la renuncia permanente a las propias convicciones termina siendo una forma de abandonarla.

La pregunta, entonces, no es solamente qué nos convoca. Es si todavía creemos en algo suficientemente importante como para actuar juntos, asumir sus consecuencias y defenderlo incluso cuando resulte políticamente inconveniente.