La decisión del ministro de Salud, Pedro García, de poner fecha de vencimiento a los sumarios que afectan al mayor distribuidor de fármacos del Ministerio de Salud provocó polémicas al interior del departamento de asesoría jurídica del Instituto de Salud Pública (ISP).
El ultimátum que dio el ministro de Salud, Pedro García, al Instituto de Salud Pública (ISP) para cerrar las investigaciones sumarias que pesan sobre el principal proveedor de productos farmacéuticos del Estado, BestPharma, terminó por poner en jaque al departamento de asesoría jurídica de dicha repartición: fallar rápido y sin errores.
Pese a que el plazo que dio la máxima autoridad sanitaria vence hoy, en las últimas 48 horas los abogados del ISP aún no resolvían la propuesta de fallo que debían presentar al director del instituto, Rodrigo Salinas, respecto a los 17 sumarios que afectan al cuestionado laboratorio, desde octubre de 2002 hasta abril del presente año.
Incluso, en reuniones de última hora algunos profesionales plantearon la imposibilidad de dictar sanciones contra BestPharma, en el plazo que estableció el ministro García.
No obstante, las dudas del equipo jurídico del ISP no terminan ahí. Tampoco existía consenso respecto a las multas que se aplicarían al laboratorio, algunos planteaban fuertes sanciones monetarias y otros sobreseimiento de las causas menos graves. Estos últimos puntos serán primordiales ya que fijarán las pautas de sanciones para los más de 240 sumarios que deberán resolver de aquí al 25 de julio próximo.
Ante este escenario, fuentes cercanas al proceso plantearon dudas sobre la eficacia de las sanciones. «Podrían tener los fallos, pero por la rapidez con que se hicieron podrían presentar errores», indicó una persona ligada al mercado farmacéutico.
Para la misma fuente otra salida posible es «cumplir con los fallos de manera comunicacional, es decir demostrar que los sumarios están cerrados con las sanciones, pero no estarían totalmente afinados».
El ministro García impuso la aceleración del proceso de los sumarios contra BestPharma en medio de las embestidas que realizó el Maximiano Errázuriz en contra del ISP. El diputado RN acusó al instituto de «no sancionar presuntas irregularidades cometidas por dicho laboratorio».
La decisión del secretario de Estado -que lleva dos meses en el cargo- tendría como trasfondo el intento por remozar al Minsal tras los numerosos escándalos que terminaron por precipitar la salida de su antecesor: el ministro Osvaldo Artaza.
Discriminación
Pero no sólo el ultimátum que fijó el Ministerio ha preocupado a los profesionales del Instituto de Salud Pública. Al interior del equipo jurídico, compuesto por seis profesionales, se han generado algunos diferencias frente a la determinación de dar prioridad a los sumarios que afectan a BestPharma.
Algunos abogados del ISP consideraron que la decisión que tomó la cabeza del titular del Ministerio de Salud de sancionar primero a solo a un laboratorio, puede considerarse una medida discriminatoria o de trato desigual. Caso que «llevado ante los tribunales de justicia puede dejar al Minsal en una situación complicada», señaló una fuente ligada al mercado farmacéutico.
EL ISP acumula más de 270 sumarios que afectan a casi la totalidad de los centros farmacéuticos que distribuyen sus productos en el país. Varios de ellos datan de mediados de la década pasada y en su gran mayoría se centran en la soterrada guerra comercial que sostienen los laboratorios.
Un reportaje realizado por el Mostrador.cl develó que la cifra total de sumarios que acaparan los laboratorios por promoción, publicidad y comercialización alcanza al 58,1 por ciento. Lo que se explicaría en que los productores de medicamentos usan los procedimientos formales del ISP para desprestigiar a la competencia y bloquear la salida al mercado de productos que puedan perjudicar a los propios.
Investigación Parlamentaria
Tras las denuncias que realizó Maximiano Errázuriz, la Comisión Salud de la Cámara de Diputados inició una investigación para determinar la calidad de los productos del laboratorio BestPharma.
A mediados de abril, llegó hasta el Ministerio de Salud un cuestionario que busca recopilar información sobre el caso. El tenor de las preguntas apuntaba a determinar si los productos que comercializa el cuestionado laboratorio, y que ingresan al país, fueron visados por el instituto, procedencias de los fármacos, datos sobre el representante legal.
También el test hace referencia a los montos involucrados en las transacciones entre la empresa farmacéutica y la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), repartición encargada de adquirir insumos sanitarios.
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