En una reunión de los abogados penalistas del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que duró más de cinco horas, se decidió pedirle al consejo que preside el CDE que se haga parte formalmente en el juicio criminal del ex comandante en jefe del Ejército chileno.
El pleno del Consejo de Defensa del Estado pospuso a última hora la decisión de hacerse parte hoy del proceso por el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, por el que están procesados cinco ex agentes de la disuelta DINA.
La decisión de retardar esta medida estuvo mediada por dos hechos. El primero, fue la falta de quorum para la sesión programada en primera instancia para esta tarde. El segundo, es que se pidió un informe en derecho que pormenorice los detalles del sumario.
Fuentes del CDE aseguran que la intención de hacerse parte, tomada el pasado jueves sigue en pie y se formalizaría en la próxima sesión.
La reunión de la semana pasada constituyó uno de los "comités penales" más largos de la historia del CDE, donde tanto el consejero Sergio Urrejola, Guillermo Ruiz Pulido y Fernando Márquez, llegaron a la convicción que existen todos los antecedentes para que el Estado persiga a los responsables de "tan alevoso crimen", según las palabras pronunciadas por el actual comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
La convicción de los mencionados consejeros fue apoyada por más de 25 abogados penalistas que regularmente tramitan y alegan los casos judiciales que lleva el CDE. Aunque en parte inédito, este apoyo unánime busca que en la próxima sesión sean considerados los criterios atendidos por el Comité Penal.
El general Carlos Prats fue asesinado por agentes militares y colaboradores civiles de la denominada DINA, junto a su esposa Sofía Cutberth, el 21 de septiembre de 1976, mediante una bomba puesta en su vehículo y operada por control remoto.
El ministro en visita Alejandro Solís, quien sustancia el proceso y que recibió toda la información enviada por la jueza argentina María Servini de Cubría, mantiene encausadas a las siguientes personas: general (R ) Manuel Contreras, ex brigadier Pedro Espinoza, general Raúl Iturriaga, José Zara y el agente civil Jorge Iturriaga.
Hasta ahora los antecedentes indican que quien activó la bomba fue Mariana Callejas, ex esposa del agente de la DINA Michael Townley. Este último reside actualmente en Estados Unidos al amparo del programa de protección a testigos de dicho país.
El magistrado ha realizado en estos días numerosas diligencias que podrían ser coronadas con nuevos autos de procesamiento.
En este caso, la Ley de Aministía podría no ser aplicada, ya que el hecho punible se cometió en el extranjero, aunque la maquinación o concertación para delinquir aparentemente comenzó en Chile.
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