El documento judicial, allegado a El Mostrador por la oficina de abogados de Julio Disi, quien representa a Zevallos, sostiene que está fundada la acción legal del recurrente en contra de la DEA y el CDE. Insiste en que si bien Zevallos ha sido investigado tanto en Perú como en Estados Unidos por sus vínculos con el narco, nunca han podido ser probados.
Veintiún páginas contiene el fallo del Juzgado de Pucallpa que ordenó detener la "persecución" de la DEA y el CDE en contra de Fernando Zevallos, dueño de firma Aero Continente.
El documento, allegado a El Mostrador por la oficina de abogados de Julio Disi, quien representa a Zevallos, sostiene que la acción legal del recurrente en contra de la DEA y el CDE es fundada. Explica que si bien Zevallos ha sido investigado tanto en Perú como en Estados Unidos por sus vínculos con el narco, nunca han podido ser probados.
Textualmente, la resolución sostiene lo siguiente: «Que cesen los actos de persecución policial y la grave e inminente amenaza contra la libertad provisional e individual de Fernando Zevallos".
Sin embargo, el juzgado de Pucallpa, declaró infundada otra acción o "extremo", que contenía la presentación de Zevallos, en contra de personal de la gendarmería y el ministerio público.
Hay que recordar que Zevallos, junto con otros miembros de su familia, fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la llamada Operación Icaro a mediados de 2001. Posteriormente, luego de la querella y numerosas detenciones en Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente la Corte Suprema anularon los procesamientos, aunque mantuvieron abierta la investigación. Esta última es sustanciada actualmente por el ministro Víctor Montiglio.
En el fallo enviado por los abogados de Zevallos se puede ver que uno de los supuestos testigos falsos, se desdijo de su contradeclaración donde señala que le pagaron para inculpar a Zevallos en Chile. El juez a cargo del proceso, tomó las dos declaraciones hechas por Purificación Marreros y comparó las firmas a través de un peritaje. Ambas son verídicas, por lo que tácitamente tanto la que exculpa como la que inculpa a Zevallos quedan, por así decirlo, anuladas.
El recurso de habeas corpus interpuesto por Zevallos en Pucallpa, es parte de una estrategia para conocer los nombres y los movimientos judiciales de los abogados del Consejo de Defensa del Estado en el proceso en Chile, Esto porque han venido a declarar varios ex "colaboradores" de Zevallos, quienes están entregando valiosa información.
Al conocer estos hechos Zevallos buscó a parte de estos testigos y los hizo desdecirse bajo declaraciones juradas en Lima, donde señalaban que tanto el CDE como la DEA los habían "comprado" con varios miles de dólares.
En todo caso, en Chile, el CDE no quiso hacer comentarios sobre esta situación, como tampoco de este fallo. Más bien señalaron que nunca fueron notificados de la acción legal de Zevallos.
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