El texto establece que trámites que no sean cursados o contestados en los plazos que señala esta ley, y que van desde las 48 horas hasta los 6 meses, en el caso de las decisiones más complejas de la autoridad, se darán como aprbados.
El Congreso despachó la ley que crea un procedimiento regulado para los actos de la administración del Estado y establece el llamado «silencio administrativo».
El texto establece que trámites que no sean cursados o contestados en los plazos que señala esta ley, y que van desde las 48 horas hasta los 6 meses, en el caso de las decisiones más complejas de la autoridad, se darán como aprbados.
El texto se hace extensivo a los trámites que se hagan ante la administración pública, servicios públicos, municipalidades, intendencias, FF.AA., Carabineros, tienen que despacharse obligatoriamente. En caso contrario, la ley establece el «silencio positivo», lo que significa que el trámite se da por aprobado.
La ley consigna también la existencia del "silencio negativo", que implica que si el trámite o pronunciamiento solicitado a la autoridad no es contestado en el plazo, se tendrá por rechazado cuando la solicitud importe un perjuicio al patrimonio fiscal.
Por otro lado, se faculta al Ejecutivo para reducir los plazos de tramitación en materias del ámbito municipal, ley general de urbanismo y construcción y ley de medio ambiente, así como respecto de las regulaciones sanitarias.
La nueva normativa estableció además un plazo de dos años como máximo, para que el organismo de la administración del Estado declare nulo un acto que haya ejercido, al margen de las disposiciones de las leyes vigentes.
Gobierno destaca importancia de ley
El ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, aseguró que «la gente ahora va a tener seguridad de que cualquier trámite que haga ante la administración del Estado va a terminar con una tramitación, o si la administración no se pronuncia, el trámite se va a dar por aprobado».
Huenchumilla agregó que esta es una ley supletoria, por tanto rige para toda la administración del Estado, allí donde no existe norma.
«Somos un país que queremos competir en el mundo con nuestra economía, queremos tener inversiones, pero para eso el inversionista tiene que tener la seguridad de que no lo van a tramitar, que no va ser presa de la burocracia estatal, entonces con esta ley estamos dando una señal de término de la burocracia, de agilidad de los trámites, de tal manera que la gente puede presentar proyectos con la seguridad de que va tener una respuesta y de que sus papeles no van a quedar en algún cajón. Eso significa más inversión, más empleo, un Estado moderno que se coloca a la altura de lo que son las legislaciones administrativas en Europa y en los países emergentes», dijo.
El secretario de Estado ejemplificó que esto tiene que ver con trámites como pedir un permiso de edificación, instalar un pequeño comercio, pedir un certificado o solicitar una jubilación.
Descartó que pueda haber un aprovechamiento de esta ley, en el sentido de solicitar trámites con intenciones engañosas, ya que la nueva normativa no innova respecto de los requisitos que se requieren para realizar los trámites.
"Lo que estamos haciendo es colocar un plazo, que si no se cumple el trámite se da por aprobado, pero los requisitos hay que cumplirlos", precisó.
Agencia La Plaza Digital