Aunque la propuesta del senador socialista en torno a darle una salida política al tema de los sobresueldos no encontró eco en el Congreso, al menos parece haber logrado el objetivo -deliberado o no- de abrir el debate público sobre un tema que acucia al Gobierno.
La cruzada emprendida por el senador socialista Carlos Ominami para encontrar una salida política a los casos de irregularidades administrativas que afectan al Gobierno sufrió un fuerte traspié no bien se planteó la discusión. La propuesta no tuvo eco en el Congreso y, lejos de generar consenso, fue rechazada por todos los sectores, ya que ni en la Concertación hubo piso para darle cabida a una solución extrajudicial a los procesos.
Sin embargo, aunque no se pudo analizar oficialmente el tema en el Senado, Ominami quien deliberadamente o no sirvió de ‘globo sonda’ para tantear los grados de apoyo de la propuesta logró la finalidad buscada en primera instancia que era la de abrir un debate visible al respecto.
Así ayer martes, paralelamente al trabajo habitual del Congreso, se sucedían una tras otra las reuniones informales en que se analizaba la ‘propuesta Ominami’. No obstante, la conclusión en todos los sectores era la misma: el senador oficialista no encontró un clima favorable para su planteamiento.
Este ambiente no varió a pesar de que el senador insistió en que su propuesta no significaba una amnistía para quienes actuaron de mala fe, sino que pretende establecer con claridad un marco legal que no deje espacio a interpretaciones respecto de un mismo caso.
En este sentido, Ominami defendió su planteamiento argumentando que mientras la ministra Ana Gloria Chevesich estima que los sobresueldos no son delito, Alejandro Rivera ha concluido lo contrario. De allí la necesidad de generar -dice- una marco legal que impida interpretaciones arbitrarias y a través del cual se pueda establecer quienes actuaron con dolo y quienes no.
No obstante, con argumentos o sin ellos la propuesta se vino abajo aún antes de que se abrieran los espacios para evaluarla. La posición optimista de Carlos Ominami luego de las declaraciones del presidente de la UDI, diputado Pablo Longueira, quien parecía disponible a buscar una salida política al conflicto, se desvaneció cuando ayer martes el dirigente gremialista quedó sin piso en su partido para sostener esta versión.
Una interpretación errónea
La posibilidad de que la propuesta de Ominami fuera acogida en la UDI, se cayó definitivamente cuando el martes en la mañana los jefes de comité del partido, senadores Juan Antonio Coloma y Jaime Orpis, aclararon que la colectividad no está dispuesta a respaldar una salida política que ponga en riesgo la independencia del Poder Judicial.
Lo que llevó a precisar que los dichos del presidente del partido nunca tuvieron por finalidad respaldar una eventual amnistía, pasando por sobre las resoluciones judiciales, sino que su disposición pasa porque se deje actuar a los tribunales y sólo apunta a escuchar los planteamientos del gobierno, como correspondería en una democracia.
Mientras que el senador Jovino Novoa reafirmaba esta posición, asegurando que si en algunos casos no existe dolo, lo lógico es que los tribunales de justicia actúen en consecuencia, por lo que no se justifica una reinterpretación de la ley.
Por su parte, Longueira, molesto ante la polémica que se generó con sus declaraciones -que, según dijo, habrían sido mal interpretadas por la prensa- se negó a ahondar en el sentido de las mismas, para salvar la aparente distorsión, limitándose a señalar que ya había sido lo suficientemente claro.
Al mismo tiempo, en el Congreso se encontraban los ministros del Interior, secretaría general de Gobierno y de la Presidencia. José Miguel Insulza se negó de plano a abordar el tema, ni siquiera para comentar los dichos del Presidente de la República en torno a que observaba con interés el debate generado ante la propuesta de Ominami.
Sólo Francisco Huenchumilla se refirió al asunto que, más que alivio para el gobierno, trajo consigo una nueva cuota de presión, considerando que una vez más en la Concertación no hubo quórum para cerrar filas en torno al Ejecutivo. El ministro secretario general de la Presidencia descartó que el gobierno tenga un ‘operador’ para sondear a los parlamentarios respecto a la real posibilidad a una salida política.
Tal parece que después de la manera poco sutil en que el senador socialista abrió el debate, el gobierno deberá esperar que se decante la efervescencia provocada, para intentar reponer el tema, considerando que quienes rechazan la salida política parten de la base de que La Moneda debe ‘sincerar y transparentar’ todos los hechos que rodean el tema de los sobresueldos, para siquiera pensar en escuchar alguna fórmula de solución.
Zaldívar versus Zaldívar
Por otra parte, la Democracia Cristiana a través de su presidente, Adolfo Zaldívar, rechazó cualquier salida política a la polémica de los sobresueldos, con lo que le quitó de plano el piso al más fuerte adherente del partido a la idea de reinterpretar la ley, el presidente del Senado Andrés Zaldívar.
Este último, como argumento para defender la tesis de Ominami, sostiene que es perfectamente legítimo legislar para establecer los límites al hecho delictivo, con lo que discrepa el colorín, señalando que el daño que se le causaría a la institucionalidad con una eventual solución legal sería peor que el que han provocado los procesamientos.
Los vaivenes de Renovación Nacional
En el partido de Sebastián Piñera también se negaron de lleno a respaldar cualquier iniciativa que intervenga en el normal funcionamiento de los tribunales, llamados a resolver en materia judicial. Aunque algunos senadores no descartan abrirse a la posibilidad de analizar una solución legislativa, siempre y cuando, el gobierno acceda a transparentar el tema de los sobresueldos.
No obstante, en esta posición hay matices. Mientras el senador Carlos Cantero señala que es posible analizar una salida política sólo después que el gobierno se sincere y sin pasar por sobre el Poder Judicial en los procesos abiertos, también se ha llegado a plantear que este sinceramiento podría incluso no ser público, debiendo pasar necesariamente por el Congreso para que los parlamentarios puedan dimensionar el verdadero alcance del problema.
Comisión Económica del PS
Mientras tanto, la Comisión Económica del Partido Socialista calificó como una "embestida frontal contra el Estado de Chile" las resoluciones de los Tribunales de Justicia que procesaron a 28 funcionarios públicos,en el marco del convenio MOP-CIADE.
Para la instancia, "resulta evidente que es necesaria una fuerte modernización del Estado, con más personal, estructuras más eficientes y mejores remuneraciones" para terminar con lo que calificaron de "autoengaño" que genera un aparato estatal inflexible.
__________________
Artículos relacionados:
Sobresueldos: los costos implícitos en la fórmula de la »amnistía» (6 de mayo 2003)
