Las deudas de una de las municipalidades más pobres de la capital ascienden a 984 millones de pesos entre los que figuran préstamos que no se podían contraer. A esto se agregan contratos que quedaron «amarrados» bajo el mandato de la difunta alcaldesa Pilar Urrutia y numerosas asesorías que no cuentan con respaldo. La UDI, en tanto, respondió duramente a las acusaciones.
Abultadas deudas contraídas por la anterior administración edilicia tienen de cabeza a los funcionarios de la municipalidad de Conchalí buscando cómo paliar el mal estado financiero. Se trata de 984 millones de pesos, según reveló un reciente informe emanado de la Corporación de Educación y Salud.
La alcadesa Pilar Urrutia, fallecida el mes pasado, había sido cuestionada por concejales de la Concertación en febrero debido a supuestos malos manejos al interior de la Corporación Municipal. Esto significó que se evaluara una acusación en su contra por notable abandono de deberes.
El documento, al que tuvo acceso El Mostrador, detalla que los montos mayores por pagar obedecen a contratos con proveedores y suman la mitad de la deuda total de la corporación: 498 millones de pesos.
Al interior de la municipalidad el débito más cuestionado es el préstamo solicitado al Banco del Desarrollo en el 2001 que asciende a 189 millones de pesos. Por ley, las corporaciones municipales no pueden solicitar préstamos a la banca.
Otro de los ítemes »pendientes» es la capacitación del personal que suma 50 millones de pesos, dineros que no figuran en los informes financieros de la corporación.
Se debe también la habilitación de la planta telefónica de la entidad, que suma 58 millones de pesos, y la implementación de la red de internet por cuatro millones. También se adeudan compras de medicamentos al Laboratorio Chile, realizadas en febrero de este año, por 26 millones de pesos.
El fantasma de las asesorías
Altas fuentes del municipio afirman que uno de los problemas más graves que enfrentan son los convenios con diversos profesionales, por la falta de registros de sus labores.
La lista de asesores, conocida por este medio, da cuenta de una serie de personal a contrata. Pese a que algunos fueron despedidos y otros aún se mantienen en sus cargos en la corporación, no hay registros de los trabajos realizados.
Uno de ellos es Sergio Heredia, sindicado como secretario personal de Pablo Longueira, quien fue contratado como encargado de proyectos del área educación por un monto 550 mil pesos. Según los críticos, Heredia usaba este cargo para una labor política más que técnica en la comuna: visitaba organizaciones sociales para informar sobre las próximas elecciones, en las que se presentaría como candidato a concejal por la UDI.
Otro caso emblemático lo constituye Ulises Courdis, quien tuvo un contrato a honorarios desde el 1 al 30 de noviembre de 2001, por un monto de 5 millones de pesos bajo el cargo de asesor. En el municipio no se encuentran registros de su labor.
Yerko Videla es familiar del ex jefe de gabinete de la alcaldía, Alfredo Galdames. Tiene un contrato indefinido como encargado de prevención de riesgos por 290 mil pesos, pese a que, se sostiene, no ha realizado labores para el municipio.
Alfonso Cadis fue contratado como asesor de informática de la escuela D-114 por 803 mil pesos. Nadie lo conoce en dicho establecimiento y no hay respaldo del trabajo que supuestamente le fue encomendado.
Tampoco hay registro de Ana María Montane, contratada como asesora en el área educacional desde comienzos de este año, pero no se conocen los proyectos o trabajos que ella desarrollaría en establecimientos educacionales.
Al ser consultado el nuevo alcalde de la comuna, Carlos Sottolichio, sobre las asesorías denunciadas en la municipalidad y del estado financiero de la corporación, dijo que no se referirá al tema y que dará una cuenta pública sobre el estado de las arcas edilicias en los próximos días.
Defensa
Alfredo Galdames, ex jefe de gabinete de la municipalidad bajo la administración de la difunta alcaldesa Urrutia, salió en defensa de los funcionarios cuestionados: "Todas las personas que trabajaron en la administración de la alcaldesa Urrutia son conocidas. Todos eran de confianza y sus labores eran conocidas por todos".
"No entiendo por qué a través de un documento se deba acreditar una labor. ¿Por qué se le exige un respaldo de lo que hace a la gente? Por ejemplo, Sergio Heredia fue una de las personas que más trabajó por la corporación. Sus tareas consistían en fortalecer los centros de padres de la comuna y así afianzarlos como organización social", explicó.
"La verdad de todo esto es que si queremos hablar de una administración irregular, hablemos de la que ha instaurado el alcalde Sottolichio desde su llegada. Contrató a personas que fueron despedidas por irregularidades y que hoy son reintegradas por favores políticos. Uno de ellos es cuñado del concejal Arancibia, recontratado por un millón 500 mil pesos como encargado de administración y finanzas, pese a que no posee título profesional y a que antes fue cuestionado por su gestión".
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