El testimonio de Gonzalo Romero, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, suma para la Corfo una nueva prueba para presentar en su contra una eventual querella criminal. También le permitiría iniciar una negociación extra judicial con la entidad financiera para recuperar esos dineros, tal como lo está haciendo el Scotia Bank.
El fiscal del Banco Santander, Gonzalo Romero, confirmó ante el ministro en visita Patricio Villarroel -que sustancia el caso Inverlink- que su banco pagó la deuda que el quebrado holding tenía con la entidad usando dineros obtenidos ilegalmente por el jefe de la mesa de dinero de la Corfo, Javier Moya.
Así lo establece la declaración prestada por Romero a la que tuvo acceso El Mostrador.cl.
De esta forma, la Corfo suma una nueva prueba para una eventual querella criminal contra Romero, como también para iniciar una negociación extra judicial con la entidad financiera y recuperar cerca de mil millones de pesos. De hecho este mismo sistema ya lo está usando Corfo con el Scotia Bank, para lograr un avenimiento y evitar de esta manera en engorroso proceso judicial que dañe su imagen más de la cuenta.
La declaración de Romero establece que a principios de Marzo, Eduardo Monasterio intentó pagar con un documento de Corfo una deuda que mantenía con el Santander. Fue el mismo Romero el que se dio cuenta que el «papel» mantenía una cadena de endosos y que estaba, por asi decirlo, "infectado". Entonces se dirigó a conversar con una alta autoridad de Corfo, quien le confirmó que Javier Moya no podía realizar este tipo de operaciones.
Sin embargo, a los pocos días, el mismo Fiscal tuvo en sus manos otro documento de Corfo tomado con BCI, con el cual se pagó la cuenta de Inverlink. En este hecho la Corfo ha puesto sus ojos, ya que un Fiscal de un banco, dicen fuentes del organismo, no podía desconocer que este tipo de operaciones carecían de sustento legal. Más aún si fue la Gerencia de Riesgo la que autorizó el trámite.
Para la Corfo, la acción de Romero indica que "no podía menos que saber" que el documento no era legal, debido a que conversó con la Corfo con anterioridad, donde se le explicó que Javier Moya no podía realizar este tipo de operaciones con Inverlink, como también que el segundo documento carecía del endoso necesario.
La Corfo también busca aclarar la supuesta pérdida en el banco de algunos "pactos". Este hecho, comentaron fuentes cercanas al proceso, reviste cierta gravedad y se acumula a la presunción de que el Santander habría actuado dolosamente en contra de los intereses del Fisco.
Otra persona que recientemente prestó declaración en el proceso, fue el abogado Antonio Viñes. La Corfo lo sindicaba como la persona que llevó el mentado documento Corfo-BCI al Santander para pagar la deuda de Inverlink. Además, se presumía que Viñes fue asesor jurídico de Monasterio.
Viñes sostuvo en su declaración que efectivamente prestó ayuda jurídica a Eduardo Monasterio, pero que eso en ningún caso significó transformarse en su asesor legal directo, sino que operaron más bien por relaciones de amistad, toda vez que lo hizo habiendo pedido vacaciones en el Ministerio de la Vivienda donde trabajaba.
Según su testimonio, nunca tuvo conocimiento de las actividades ilegales de Inverlink para pagar los dineros que adeudaba y todo se debió a que estuvo en el lugar y momento equivocados, pero que nunca actuó dolosamente.
Misterios sin resolver
Para este lunes también se espera que la Décima Sala de la Corte de Apelaciones, donde está radicada la causa Inverlink, resuelva el amparo presentado por el operador de la Corredora del Scotia Bank, Gino Tirapegui. Este último, hay que recordar, está sometido a proceso por el artículo 53 de la Ley de Valores, por haber triangulado ilegalmente «papeles» a favor del holding que defraudó a Corfo.
Su abogado, Eduardo Vallejos, había presentado la acción legal a favor de su cliente, pero el tribunal lo declaró inadmisible. Vallejos, entonces, interpuso una reposición con «apelación en subsidio», la que llegó a la Segunda Sala (Penal) de la Suprema, que de oficio y por la unanimidad de sus miembros ordenó a sus subalternos resolver el fondo del recurso, dado su carácter constitucional.
Según Vallejos, la resolución que encausó a su cliente, como también a los máximos ejecutivos del holding, entre ellos Eduardo Monasterio, adolece de un error de hecho. Es así que en los argumentos presentados en el amparo, se señala que Tirapegui estuvo enfermo de hepatitis entre los días 7 al 27 de diciembre de 2002. Por lo tanto, la operación del 10 del mismo mes tal como estableció la Décima Sala, en cuanto a que Tirapegui habría realizado la triangulación dolosa, tendría otro responsable hasta ahora desconocido.
Si el tribunal de alzada reconoce este argumento y revoca el auto de procesamiento de Tirapegui, será un duro golpe a los intereses de los querellantes y sería el primero de los procesados en salir libre por este procedimiento. En todo caso, este recurso puede ser apelado ante la Suprema por ambas partes dependiendo del resultado.
En una situación similar está el ex ministro y ex director de Seguros Le Mans, Alvaro García. Su abogado defensor, Davor Harasic, recurrió de amparo ante el tribunal de alzada para intentar revocar el auto de procesamiento en calidad de cómplice de estafa que dictó el magistrado. Esto, por la llamada telefónica que realizó a la Municipalidad de Viña del Mar para que no retiraran el dinero en febrero pasado, en momentos que se producía la "corrida" de inversionistas.
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