El organismo también pidió al Ministerio de Defensa tener acceso a la investigación interna que hizo la FACH sobre el pago de comisiones ilegales. Esto, con el fin de encontrar contradicciones entre los agentes comerciales que participaron del negocio y quienes declararon en esa indagatoria interna. En tanto, el senador designado Ramón Vega, ocupó la hora de incidentes para defenderse.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa contratar -a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)- a un abogado en Bruselas, Bélgica, para que defienda los intereses chilenos, a través de una indemnización de perjuicios, en el proceso que sustancia el juez Daniel Fransen, por el pago de las comisiones ilegales en la venta de los aviones Mirage-Elkan a la FACH.
Así se dejó establecido, ayer, en la tradicional sesión de los jueves del Comité Penal del organismo. En todo caso, deberá quedar a firme el próximo martes, cuando los miembros del CDE se reúnan en la mesa oval, del último piso, del edificio color lila de calle Agustinas.
En todo caso, aún faltan varias cosas por hacer en esa materia, explicó una alta fuente del CDE. Por ejemplo, hacer un estudio comparativo de las leyes de Chile y Bélgica. También, si aún es posible, interponer las acciones antes mencionadas y cuánto costarán los honorarios del profesional en cuestión.
Este es un paso decisivo del CDE en el llamado caso Mirage, ya que revela no sólo la preocupación por el tema, sino también porque se ha llegado a cierta convicción de que las comisiones ilegales, pagadas a distintos agentes, algunos de ellos chilenos, pudieron haber afectado los intereses fiscales.
En este plano, la evaluación del CDE también tiene aristas hacia la causa criminal que sustancia en Chile la jueza (s) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Sandra Rojas, ya que eventualmente este daño al Fisco, puede tener a personas que lo hubiesen cometido en Chile.
El CDE, a través de la Cancillería, ya había usado esta fórmula cuando contrató un abogado en Venezuela para tramitar un exhorto enviado por el ministro en visita Hugo Dolmestch, quien sustanciaba el caso Guzmán. La carta rogatoria buscaba tomar declaración a Enrique Villanueva Molina, alias el Comandante Eduardo, quien estaba declarado en rebeldía.
Sin embargo, el CDE, paralelamente, busca más antecedentes en el tema FACH para arremeter al proceso de la jueza Rojas.
Posibles contradicciones
El CDE, además, pidió conocer el contenido de la investigación interna que la Fuerza Aérea de Chile realizó en 1999, sobre la operación financiera que significó la compra de los aviones Mirage-Elkan a Bélgica y que significó un gasto de más de cien millones de dólares al país. También implicó el pago de 15 millones de dólares en comisiones ilegales que indaga el juez Fransen y la jueza Rojas.
Así lo aseguró a este medio una alta fuente del Ministerio de Defensa que dijo conocer la solicitud realizada a través de un oficio, la semana pasada. Esta información también fue confirmada por una fuente del CDE.
La idea de conocer el contenido de esta indagatoria administrativa, que explica todos y cada uno de los pasos de la compra de las aeronaves, surge de la necesidad de saber si existen contradicciones entre los participantes de la FACH y los representantes de las empresas de armas que hicieron operadores comerciales, tanto en Chile como en Europa. Entre ellos figura el yerno del ex comandante en jefe de la FACH y actual senador designado, Ramón Vega, Bernardus Van Meer.
Tanto este último, como otros eslabones del negocio ya declararon ante la jueza Rojas en la tramitación del exhorto, cuyo contenido publicó este medio en diciembre pasado, enviado a principios de enero de vuelta a Bruselas.
Lo que está claro, hasta ahora, según fuentes que conocieron de cerca esta indagatoria de la FACH -guardada en las oficinas del Estado Mayor de la Defensa-, es que nada se menciona en ella sobre comisiones pagadas a los agentes comerciales, aunque de todas formas sí aparecen los procedimientos, contactos y personas que participaron en ella, lo que abrirá la posibilidad de que existan varias citaciones a declarar.
La petición del CDE no pasó por el tribunal, sino que fue solicitada de forma directa a la cartera en cuestión. La respuesta al oficio, en todo caso, aún no emana desde el ministerio conducido por Michelle Bachelet.
La preocupación de Vega
En tanto, ayer el senador designado Ramón Vega rompió su silencio y, en la hora de incidentes de la Cámara Alta, insistió en que su participación en la adquisición de los Mirages fue legal y que nada tuvo que ver en el pago de comisiones ilegales.
"Si hay gestores e intermediarios son de la exclusiva responsabilidad de quienes vendieron estos aviones", dijo Vega.
Agregó que "la transacción que hizo la Fuerza Aérea fue de la más absoluta transparencia. La FACH hizo esta transacción de forma directa con la Fuerza Aérea belga, sin gestores ni intermediarios como se ha mencionado en las publicaciones de prensa".
El legislador recordó que la FACH hizo una investigación acuciosa y que se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para ver "algunos efectos colaterales. Pero yo quería reiterar lo que hizo la Fuerza Aérea. Yo era el comandante de la Fuerza Aérea y, por lo tanto, me siento responsable en alguna medida de todos los aspectos que en ese sentido se derivaron al respecto".
En todo caso, hay que recordar que la FACH dijo que haría aplicar todo el rigor de la ley si es que se comprueban responsabilidades tanto de personal en retiro como activo.
La trama
A principios de 1995 la justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta por parte de la Fuerza Aérea de ese país, ocho años antes. El escándalo, conocido mundialmente como el "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.
Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. Lefebvre, había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del noventa, en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia.
Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.
El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.
Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirages a Chile, comisión que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich.
Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica, puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades».
El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.
____________________
Vea lo último sobre Caso Mirage
