Los hechos comenzaron en septiembre del año pasado, cuando Paulina Labbé, esposa del mayor (r) Jaime Torres Gacitúa, comenzó a recibir en su teléfono celular, llamados intimidatorios. «Mira perra desgraciada; cúidate», le decían. De hecho, en su testimonio asegura que un auto la siguió hasta el colegio de sus hijos, para advertirle que su marido no debía delatar.
Una serie de amenazas sufrió a fines de 2003 Paulina Labbé Cereceda, esposa el mayor de Ejército (R), Jaime Torres Gacitúa, procesado en la causa por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo. Así da cuenta la declaración de la mujer a fojas 4.446 del expediente, a la que tuvo acceso El Mostrador.cl
Los hechos comenzaron en septiembre del año pasado cuando una serie de llamados intimidatorios comenzaron a alterar la tranquilidad de su teléfono celular. «Mira perra desgraciada; cúidate», fue una de las expresiones que detalló la mujer al ministro en visita que sustancia el proceso, Alejandro Madrid.
Lo misterioso de la situación es que con el correr de los días, la mujer siguió recibiendo llamadas y, de pronto, decidió devolver los llamados, encontrándose con la sorpresa de que la habían contactado desde un retén de Carabineros.
Labbé decidió cambiar el numero de teléfono, pero las amenazas continuaron a través de los números de empleados de la empresa donde labora.
Hasta ese momento la situación no pasaba de ser una «pitanza» de algún sujeto con características sicopáticas. Pero el asunto cambió el 7 de noviembre pasado, a minutos de haber dejado a sus hijos en el colegio, en la esquina de Charles Hamilton con Estoril, en Las Condes.
«En un semáforo se puso un auto al lado derecho mío y me hizo una señal como que tenía un desperfecto en la rueda del auto. Yo bajé el vidrio para escuchar lo que me decía y el sujeto me dijo: ‘mira perra desgraciada. Dile a tu marido que tenga mucho cuidado con lo que habla o si no va a ver lo que les va a pasar», declaró.
De acuerdo a su testimonio, el sujeto, que viajaba en un Nissan blanco -en cuya patente leyó el número 18-, dio media vuelta y se retiró del lugar, aunque alcanzó a ver que se trataba de un «señor de aproximadamente 40 años, moreno, un poco gordo de cara, con pelo no muy corto, pero no era de corte militar y llevaba unos lentes negros».
«Mi mayor temor es que pueda pasarle algo a mis hijas. Lo que me me llama la atención es que el sujeto que me amenazó esta mañana, cuando iba a dejar a mis hijas al colegio, sabía perfectamente cuál era el recorrido por el que me desplazaba y temo que tenga individualizadas todas las rutas por las que viajo siempre», sigue su declaración.
Esta es la segunda amenaza que sufre una persona vinculada el proceso por la muerte de Berríos. Anteriormente la viuda del químico DINA, Gladys Schmeisser, denunció que sujetos trataron de secuestrarla en las afueras de su casa. (link)
Tanto para el caso de Labbé como de Schmeisser, el ministro Madrid dispuso protección policial de parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE).
Sospechas sospechosas
Al escuchar la declaración, el magistrado decretó inmediatamente diligencias tendientes a que esclareciera la situación la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico). La primera de ellas fue oficiar a la empresa Bellsouth para que entregara el registro de las llamadas salientes y entrantes del celular de Paulina Labbé.
Asimismo, ordenó al Registro Nacional de Vehículos para que investigue a todos los Nissan de color blanco que pudieran tener el número 18 en su patente, como también a los organismos armados que pudieran poseer alguno de iguales características, las que fueron encargadas al equipo de Interpol.
Sin embargo, al seguir los dichos de Labbé resalta el ardid discursivo que cranearon los ex miembros de la justicia militar que están siendo investigados. Todos tienen una estrategia común para declarar.
«Quiero hacer presente al tribunal que el abogado Enrique Ibarra me escuchó hablando un día con los abogados querellantes en esta causa. Yo les manifesté que nada tenía que ocultarles y que íbamos a decir todo lo que pudiéramos aportar. El abogado Ibarra me escuchó. Posteriormente supe por mi marido que le había dicho en su lugar de reclusión que no sacaban nada con hablar, porque ellos estaban todos de acuerdo en lo que iban a decir», declaró.
La mujer, en todo caso, aclaró en su testimonio que no sospechaba de nadie puntualmente. Sin embargo, dijo que Ibarra debió haber relatado el contenido de la conversación a Luis Arturo Sanhueza Ros, quien precisamente fue el eslabón clave en el caso Berríos, para desentramar las acciones de la Unidad Especial de la DINE.
De allí que no se descarta que el hecho, quizás, pudiera ser una suerte de pasada de cuentas a Sanhueza Ros, a través de esta denuncia.
