Multas de hasta 30 millones de pesos esperan a las empresas que emitan ruidos molestos, durante la edificación de una obra. En caso de aplicarse la idea, la Cámara Chilena de la Construcción anuncia un alza en el precio de las viviendas, de hasta 40 por ciento.
Rugidos de motores, taladros mecánicos, excavadoras y hasta los fuertes gritos que se generan en las construcciones, tendrían un límite a partir de 2005. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) está en plena elaboración de la normativa de emisión de ruidos generados por estas actividades, cuyos alcances son rechazados actualmente por la Cámara Chilena de la Construcción, pues alegan que subiría el costo de sus obras al tener que rebajar jornadas de trabajo y uso de maquinarias a ciertas horas del día.
En la Cámara se afirma que el proyecto es "tremendamente restrictivo" y -aunque aún está en discusión, pues debe aprobarlo el Consejo de Ministros de la Conama- estiman que el costo de las edificaciones subiría hasta en 40 por ciento por posibles pérdidas.
La propuesta plantea niveles máximos permisibles de ruido de acuerdo a cada horario. Así, en la zona residencial se permitirá un tope de 55 decibeles desde las siete a las 21 horas, mientras que desde las 21 a las 7 horas el máximo será de 45 decibeles, que es el periodo de mayor restricción. En cambio, en la denominada «área industrial molesta» se aprueba que en la mañana haya un máximo de 70 decibeles, mientras que en la noche no se debe pasar de 60 decibeles.
Además, las construcciones estarán obligadas a presentar un plan de prevención, según una matriz de riesgos o tabla que estipula el nivel de peligro de ruido, de acuerdo al tipo de obra, tiempo de duración y cercanía de otras viviendas. Las construcciones de mayor riesgo son las que se prolongan por más de un año, que tienen cinco mil metros cuadrados y están a una distancia de 30 metros. En cambio, las obras menores -de tipo subterráneo, por ejemplo- y con viviendas a 100 o más metros cuadrados, tienen un riesgo menor de ruido.
Cuando esté en marcha la norma, las construcciones serán fiscalizadas -en Santiago- por el Servicio de Salud Metropolitana del Ambiente (Sesma), que podrá cursar sumarios sanitarios. Si se constata una infracción, pueden multar con hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM, unos 30 millones de pesos). Adicionalmente, en la propuesta en discusión se solicita un plan de monitoreo de ruidos a las firmas, que puede ser efectuado por consultoras especializadas.
El origen de la normativa se fundamenta en un juicio entre una empresa constructora capitalina y el Sesma, pues esta entidad ordenó la paralización de una obra -de propiedad del grupo Angelini y ubicada en el barrio El Golf- por ruidos molestos, debido a que el organismo fiscalizador se apegó a la norma de ruido para fuentes fijas. La Corte Suprema determinó que las actividades de la firma -que eran por un tiempo corto- no estaban sujeta a esas reglas.
El problema de los ruidos molestos es antiguo en Santiago e incluso al interior de las propias viviendas por mala calidad de la construcción. Es más, un juicio interpuesto por una decena de residentes del edificio Torre El Golf, en 2002, por este problema, obligó a que la constructora pagara los arreglos de los departamentos.
Norma es conversable
El director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (Conama RM), Pablo Badenier, sostuvo que Santiago es una de las ciudades del país más impactadas por la contaminación acústica, por lo que urge una regulación.
Explicó que aunque el problema está regulado por las municipalidades -a través de ordenanzas-, en la capital no todas las comunas tienen este instrumento que prohíbe los ruidos molestos, que son derivados a los juzgados de policía local. Sólo hay dos tipos de normas: la que modera el sonido generado por las fuentes fijas o industrias y la de fuentes móviles, que son fiscalizadas por la subsecretaría de Transportes.
Por esto, Badenier destacó que este proyecto regula las construcciones que hasta ahora "son consideradas como una fuente fija más, pero bien sabemos que requieren un criterio especial, pues éstas tienen una duración definida".
Agregó que por eso ahora se solicitarán "planes de prevención", los que deben estar disponibles en la obra para que cualquier ciudadano pueda conocer a qué hora se hace cada trabajo.
Respecto al rechazo de la Cámara de la Construcción a la idea, Badenier respondió que "las aprensiones con respecto al plan preventivo son conversables y se discutirán, pues aún queda tiempo para dictar la norma".
Proyecto restrictivo
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Fernando Echeverría, explicó a El Mostrador.cl que esta propuesta de la Conama no es "necesaria", debido a que hay una serie de normas de higiene y seguridad industrial referidas a los ruidos a los que pueden estar afectos los trabajadores de una obra.
Respecto a los ruidos que podrían afectar a viviendas aledañas, sostuvo que esto se encuentra regulado a través de los horarios de trabajo, pues "no se permiten en zonas urbanas durante la noche". Dijo que los vecinos están bastante "acostumbrados y ven que una obra de construcción es una molestia, pero transitoria".
El empresario explicó que la propuesta es "tremendamente restrictiva" y que por esto han desarrollado pruebas de ruido en diversos puntos de Santiago y ninguna de ellas cumplía con la normativa.
"Para cumplir tendríamos que restringir el horario de trabajo a 13 por ciento, es decir, una hora al día. Ahora lo hacemos nueve horas al día. Tanto, que hicimos un ejercicio económico estimando que si una empresa debe rebajar el trabajo a cuatro horas al día, se genera un costo de 1.700 millones de dólares anuales", remarcó.
Según Echeverría, el costo de construcción de las casas se encarecería en 41 por ciento, el que sería traspasado a los clientes. Sostuvo que esto implicaría un aumento en el precio de las casas del orden del "20 al 25 por ciento, y quizás el valor de los departamentos 30 a 40 por ciento, lo que sería devastador para el sector. Esta área no recupera los niveles de inversión de 1996 y hoy tenemos 18 por ciento de cesantía".
A modo de solución, el timonel de la construcción sostuvo que se le planteó al gobierno usar normativas extranjeras que son más flexibles. "Propusimos la normativa que existe en la zona de Maryland o Alaska, en Estados Unidos, que permite 80 decibeles en zona residencial, o ruido de fondo más cinco, que es el mayor de las dos medidas", indicó.
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