Alumna de octavo básico, de 13 años, fue sorprendida con medio kilo de pasta base en su colegio, donde vendía la droga. La dirección del establecimiento optó por no denunciar el caso ante la justicia, y cuando una docente de religión sí lo hizo fue marginada por presuntas deficiencias profesionales.
El alcalde de San Joaquín, Ramón Farías, ha dicho reiteradas veces que la implementación del concepto de "seguridad humana" en su comuna es quizá uno de sus mayores logros y que su municipio ha trabajado desde "la perspectiva de la seguridad" y "no desde la inseguridad, ni del terror", como lo hace la derecha, a través de fundaciones como Paz Ciudadana.
Incluso el jefe comunal se mostró muy molesto con la última denuncia televisiva por narcotráfico en la población La Legua, emitida en horario estelar por Televisión Nacional. Según su visión, Informe Especial "mostró una realidad que existe y que no se puede desconocer, pero no es el común de la comuna, ni de La Legua". Para Farias este hecho no hizo más que minar la confianza en las instituciones.
Paradójicamente, esa es la misma confianza que tiene que haber perdido en el municipio, la profesora de religión, Verónica Hernández Olivares, quien el año pasado presentó una denuncia ante el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por tráfico de drogas al interior del establecimiento. Hecho que finalmente le significó enemistarse con sus colegas y en especial con la dirección del colegio "Horacio Aravena Andaur".
El tráfico de drogas estaba nada menos que en manos de una alumna del octavo básico, de trece años, que fue sorprendida en el baño del colegio repartiendo "papelillos" de pasta base de cocaína. Ante lo evidente del delito, fue de inmediato puesta a disposición de su profesora jefe, quien revisó su mochila y pudo comprobar que tenía en su poder medio kilo de la droga. Informadas de está situación, la directora del establecimiento procedió a llamar a su apoderado, ya que el padre de la menor estaba recluido en la cárcel por el mismo delito.
Según consta en el proceso, al apoderado se le manifestó que tenía dos alternativas: o la retiraba del colegio o se hacía la denuncia de este hecho ante la justicia.
Finalmente, y a pesar de que la alumna admitió que había traficado estupefacientes por más de un mes entre alumnos de séptimo básico a 4° medio, quedó libre pues su apoderado eligió sacarla del establecimiento. Por tal motivo, no se realizó denuncia alguna ni ante los tribunales ni la policía, hecho que motivó que días después Hernández recurriera a la justicia, donde su marido apareció como el denunciante del delito.
Dos puntos de vista
Para el director de educación de la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, lo que hizo la directora fue lo correcto en el sentido de llamar al apoderado e informar de la situación, porque los menores de edad no son imputables. Sin embargo, la abogada Francisca Chivite, de la Oficina de Fiscalización Contra el Delito (Ficed), que preside el Senador Alberto Espina, tiene una opinión distinta, porque en definitica eso es algo que deben determinar los tribunales y lo que corresponde es hacer la denuncia o a lo menos plegarse a ella.
La molestia de la dirección del colegio con la docente que informó a los tribunales del ilícito se evidenció en febrero de este año, cuando se decidió no renovar su contrato como docente a plazo fijo. Era claro que su denuncia repercutió en la decisión, ante lo cual la docente decidió presentar esta vez un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, patrocinado por los abogados de derechos humanos, Nelson Caucoto y Hugo Gutiérrez, por lo arbitrario de la medida, pues hace más de cuatro años prestaba sus servicios en el colegio sin ningún problema.
La dirección del establecimiento basó su decisión de marginarla en un informe que da cuenta del "escaso dominio del grupo curso" de la profesora y porque la inspectora ha debido "atender las quejas, desórdenes y peleas de sus alumnos durante los períodos de clase". Sin embargo, en un oficio requerido por la Corte sobre el particular, las autoridades reconocen que "no existe un procedimiento habitual para la evaluación de los funcionarios y tampoco existe un reglamento de evaluación docente elaborado ni por el colegio, ni por la Corporación municipal, por lo que no es posible remitir a la Ilustrísima Corte un ejemplar del mismo".
La contradicción es aún mayor, si se considera un informe de desempeño profesional, fechado en marzo de 2000 y firmado por la misma directora del liceo, quien califica a Hernández como una profesional "puntual y eficaz, que ha podido aplicar atractivas metodologías acordes al nivel de sus alumnos, logrando una excelente respuesta". En definitiva concluye el informe, su desempeño es "muy bueno".
Las contradicciones
La justicia también requirió una explicación a la Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín, de la cual depende el establecimiento y contra quien se interpuso el recurso. En la respuesta el secretario general del organismo, Mario Vargas Gutiérrez, admite que hay una relación entre la no renovación del contrato y la denuncia por tráfico de drogas.
El oficio remitido al máximo tribunal dice textualmente: "aceptamos plenamente que hay relación de causalidad entre la decisión de no renovar el contrato y el episodio de la alumna de 8°, pero no porque la motivación fuera impedir que se efectuara una investigación judicial, sino más bien porque el ánimo era no forzar a la dirección del establecimiento a una situación de convivencia laboral forzada con la recurrente, pues eso era lo que el sentido común hacía responsable".
Lo anterior se contradice con la versión del alcalde, Ramón Farias, quien respondió el 9 de enero de 2004 a una carta enviada por el abogado Nelson Caucoto. El jefe comunal señala en esa misiva que "la situación contractual de la Sra. Hernández Olivares es de total independencia" de los acontecimientos y «la renovación de contrato es condicionado por la evaluación del desempeño docente y de la necesidad de sus servicios".
Este caso deja en evidencia que los procedimientos para denunciar estos delitos no están, a lo menos, lo suficientemente claros en los establecimientos educacionales de San Joaquín. Y que si bien ahora se conoce este caso, otros pueden haber quedado en la impunidad debido a mal entendidos "gestos humanitarios" como éste, que tal vez buscaban darle a la alumna en cuestión una «segunda oportunidad».
