Desde el año pasado la justicia tramita una causa por la falsificación de una presunta carta del ministro del Interior, con la que se pretendía obtener un millonario préstamo en la embajada de Canadá. El acusado dice ser victima de un complot que logró sacarlo de la licitación del campamento Nueva Calama, de la División Chuquicamata de Codelco.
El 14 de enero de 2003 el ministro del Interior, José Miguel Insulza, recibió una noticia que lo descolocó. Desde la embajada de Canadá le consultaban por una carta de interés que había extendido a un ciudadano canadiense, de origen chileno, que intentaba conseguir un préstamo en ese país. El financiamiento era necesario para la construcción de 76 casas de veraneo para los empleados del ministerio.
Insulza reaccionó de inmediato y dijo que nunca había extendido tal documento. Por ello presentó el 22 de enero del mismo año una querella contra Clemente Segundo Ponce Molina, quien fue detenido al mes siguiente por uso malicioso de documento falsificado. Ponce obtuvo la nacionalidad canadiense, luego de salir del país en 1973, por motivos personales y no políticos, como fue la tónica de esos días.
Luego de estar 44 días detenido en Capuchinos, la defensa del inculpado logró su excarcelación y sólo el 21 de julio de este año decidió interponer un recurso de nulidad en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, el cual fue rechazado el miércoles pasado por la jueza, Rommy Rutherford.
El tribunal comunicó escuetamente a Daniel Castillo, abogado de Ponce, que "no configurándose los requisitos de la nulidad, no se hace lugar a la solicitud", por lo que inmediatamente el profesional interpuso un recurso de reposición. El que de todas formas tiene muy pocas probabilidades de ser aceptado, con el precedente anterior.
El recurso de nulidad se fundamentaba en las arbitrariedades e ilegalidades en que habría incurrido la embajada canadiense, "que en vez de proteger a un compatriota, permitió que la policía de Investigaciones entrará a la legación diplomática para interrogar a los funcionarios Patricio Cañete y María Soler, sin ningún tipo de autorización y por lo tanto vulnerando la Convención de Viena".
Al respecto, un parlamentario de la Alianza por Chile, que está al tanto del caso, señaló que ha realizado una serie de gestiones tendientes a esclarecer este caso, pero que todavía no "tiene ningún juicio formado al respecto". Más aún luego de la visita que realizó a la embajada para requerir información, la que no ayudó a despejar sus dudas, dado el hermetismo con que se manejan las misiones diplomáticas en este tipo de casos.
El enigmático señor Lira
Consta en el proceso rol 176.961 que Ponce obtuvo la carta en cuestión de manos de un personaje identificado como Aldo Lira González. Cuenta Castillo que su cliente conoció a Lira en la embajada de Canadá. "Este señor era conocido de unos empresarios de ese país, que tienen una sucursal acá en Chile y se lo presentaron".
Después de sostener algunas reuniones "(Lira) le dice a mi cliente que tiene un muy buen negocio en el ministerio del Interior, donde aseguraba que había trabajado antes y que por lo mismo podría conseguirle una carta de interés para gestionar el crédito. Lo cual quedó demostrado en el proceso que era falsa". De haberse concretado el supuesto negocio, "Ponce recibiría un 30 por ciento de las ganancias", según declaró "el falsificador" en el juzgado.
Consultado sobre el caso, Carlos Chacón, asesor jurídico del ministerio, dijo a El Mostrador.cl que "ese señor Lira no lo conoce nadie" y agrega que la falsificación era tan burda "que se equivocaron hasta en el apellido materno. Colocaron Insulza Caballero y no Insulza Salinas, como corresponde". Asimismo fue categórico en señalar "que nunca ha estado en los planes del ministerio construir un proyecto de semejantes características".
Respecto de Lira, en la causa figura que tiene una serie de antecedentes judiciales por estafas, una de las cuales tuvo como víctima a su hermana, a quien le falsificó un poder para poder vender acciones en la Bolsa, lo que le significó a ella una pérdida de 80 millones de pesos.
¿Montaje?
El caso podría quedar hasta aquí. Pero el abogado Daniel Castillo, agrega un condimento que está muy de moda por estos días: la teoría del complot.
Esto porque paralelamente a la gestión del préstamo en la embajada, en enero, Ponce negociaba con los sindicatos de Codelco, la posibilidad de adjudicarse la licitación de una etapa del proyecto de integración Nueva Calama, a través del cual la División Norte de la minera reinstaló las viviendas de sus trabajadores en dicha comuna.
El inculpado actuaba como gerente de Norcan Chile S.A, sucursal de la canadiense Norcan International y el lobby para conseguir la venia de los sindicatos era necesario luego de que la oferta presentada en la etapa anterior había sido rechazada.
Según explicó el propio imputado, desde 2002 había iniciado los contactos con Codelco para entrar a la millonaria licitación. Con ese objetivo reunió a siete empresas de Canadá que serían las encargadas de proveer los materiales para la construcción de las modernas viviendas: Vicwest, La Flamme, St Lawrence Cement Inc, CGC, Gentek, Dakich Holding, Cona y Arxx Kay.
Jorge Godoy, gerente del proyecto de Integración Nueva Calama, por esos días, acusó recibo de la oferta del consorcio internacional y el 2 de agosto, le remitió una carta a Norcan donde daba cuenta de ello y le manifestaba la necesidad de remitir a más tardar el 8 del mismo mes una serie de precisiones técnicas y económicas para hacer viable la postulación. Norcan ofrecía construir "2133 viviendas del rol tipo b, por un monto total de 3.233.041 UF (unos 80 millones de dólares)".
Días después, el 21 de agosto, Paul D. Askin, presidente de Norcan International, recibe la notificación de la División Codelco Norte, sobre el rechazo de la oferta. Textualmente los ejecutivos señalan que "manifestamos a ustedes que los antecedentes entregados, además de constituir parcialidades que no dan cuenta de la solución integral que requiere la construcción de las viviendas, no cumplen requisitos básicos establecidos en las bases técnicas y administrativas".
Asimismo, los ejecutivos indican que "la División considera que los antecedentes entregados demuestran que la propuesta presentada no está respaldada por una adecuada y específica contraparte que haya demostrado indubitadamente su solvencia económico, financiera y legal para asumir un compromiso contractual de esta magnitud".
El imputado alega que finalmente las empresas que se adjudicaron el proyecto, lo hicieron a 23,5 UF, versus las 14,5 que ofrecía su empresa.
La versión de Codelco
Al respecto, Jaime Andrade, del departamento de comunicaciones de Codelco Norte, informó a este medio que la información preliminar que se tiene sobre el tema es que con la persona aludida y su empresa, no se llegó a ninguna etapa de formalización, pero efectivamente participaron otras empresas canadienses, lo que incluso obligó a viajar a algunos ejecutivos de la minera a ese país.
Andrade precisó que las constructoras que se adjudicaron el proyecto son chilenas, tanto el consorcio NDS, como Tesco. Ambas se encargaron de la edificación de 850 viviendas en la primera etapa y luego NDS se adjudicó la construcción de 1400 unidades de la segunda, la cual todavía está vigente. Por estos días se está en la evaluación técnica, legal y económica de la última etapa que contempla la edificación de 630 casas roles A, para los supervisores.
Finalmente, complot o no, el abogado de Castillo, solicitará a las compañías canadienses que participaron del consorcio, que soliciten a Canadá que se constituya una Comisión de Libre Comercio, en virtud del tratado que existe entre ambas naciones. Esta comisión debería esclarecer el por qué se desechó la oferta, si a la postre, Codelco terminó echando a toda la plana ejecutiva del proyecto Nueva Calama y, lo que es peor, los trabajadores tuvieron que cargar con el diferencial de los errores de cálculo en la construcción de sus viviendas.
