Pese a que abogados de Pinochet han dicho reiteradas veces que tomaron la iniciativa de poner a su cliente a disposición del juez Muñoz para aclarar cuentas secretas en EE.UU., pudo saberse que esta comparecencia obedeció a una orden del ministro.
La cuidada estrategia que la defensa de Augusto Pinochet ha instalado en algunos medios de comunicación, en cuanto a que accedieron a presentar a su cliente antes de que lo citara el ministro Sergio Muñoz -quien investiga las millonarias cuentas en dólares del ex militar en el Banco Riggs-, tiene un bache, una cojera que la invalida. Esto, porque los hechos sucedieron de forma distinta, según pudo comprobar El Mostrador.cl.
El pasado 26 de julio, el magistrado tomó una decisión que hacía algunos días evaluaba en su fuero interno: interrogar al ex militar y estampar su testimonio en el proceso, a sólo seis días de que el Consejo de Defensa del Estado y abogados de derechos humanos, presentaran una denuncia por estos hechos. Muñoz quería que Pinochet explicara el origen de los fondos y evitar que pasara el tiempo y el ambiente se calentara más de lo necesario.
Conocida es la celeridad y precisión con que actúa el juez Muñoz, así que puso manos a la obra y le indicó a su actuaria que redactara un oficio dirigido al abogado Pablo Rodríguez, representante del anciano ex senador vitalicio, donde le ordenaba fijar domicilio para la diligencia.
Una vez que este documento fue recibido, los hilos de los abogados se movieron con rapidez y el cinco de agosto siguiente, el magistrado estaba sentado frente a frente a Pinochet en su casa de La Dehesa, preguntándole el origen de sus cuentas. "Son los ahorros de toda una vida de trabajo", fue la frase más importante de su testimonio.
Sin embargo, antes de que este hecho trascendiera sólo algunas semanas más tarde a través de la revista Siete + 7, en un artículo de la periodista Mónica González, la defensa del ex militar proclamó a los cuatro vientos que había puesto a su cliente a disposición de Muñoz, como si quisieran ayudar a la rápida tramitación de una causa criminal, ya que todos los fondos que ascendían, en una primera instancia a ocho millones de dólares, estaban plenamente justificados y así lo comprobarían con una auditoría. Hasta ahora esto no ha sucedido.
Cierto es que Pinochet y sus abogados pudieron haberse negado, pero fijaron de inmediato el lugar para la diligencia y accedieron así a la orden emanada del tribunal, hecho que se contrapone a la estrategia que han usado hasta ahora con el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia en la Operación Cóndor, donde se intenta evitar por todos los medios el interrogatorio a través de recusaciones y la realización de exámenes médicos, una táctica que no usaron con Muñoz.
Ironía ministerial
Entretanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, ironizó ayer con respecto a la justificación de la fortuna del general (R) Augusto Pinochet formulada por el abogado y representante legal de las empresas de éste en el exterior, Óscar Aitken Lavanchy, en una entrevista concedida a El Mercurio.
Eyzaguirre aconsejó poner atención en este caso, pues un asesor financiero mal podría garantizar rentabilidades anual de 30% sin cometer ilícitos, como una estafa.
"Si un empleado público de alta responsibilidad y dedicación exclusiva señala que va a acumular US$ 10 millones o US$ 15 millones y por eso está muy tranquilo (para) cuando cumpla 65 años, también debe denunciarse a la Justicia, porque lo más probable es que esté robando", comentó el secretario de Estado.
Cabe recordar que este domingo, Aitken Lavanchy dijo en la entrevista ya citada que el otrora gobernante podría acumular un caudal superior incluso a los US$ 15 millones gracias a los buenos manejos financieros que el estadounidense Riggs Bank habría hecho con sus dineros.
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Departamento de Delitos Tributarios del SII
