Mientras el ministro del Interior, José Miguel Insulza, anunció una modificación a la Ley de Drogas, con el objetivo de endurecer las penas para los narcotraficantes, Joaquín Lavín hizo lo propio, ya que a través de sus parlamentarios introducirá -probablemente hoy- una iniciativa destinada a eliminar el indulto presidencial para este tipo de delitos.
La polémica por el indulto a los narcotraficantes suma y sigue. Con cada nueva intervención, ya sea de representantes del Gobierno o de la Alianza, queda más en evidencia que mientras La Moneda le está tratando de buscar una salida digna a un hecho que, a estas alturas, han criticado moros y cristianos, la oposición no cejará en utilizar el tema para dejar de manifiesto una debilidad del oficialismo, en una materia que no es menor desde el punto de vista ciudadano.
Para intentar bajarle los decibeles al debate, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, anunció que el Gobierno tratará de "introducir", en la legislación, una medida que haga más duras y drásticas las sanciones a los drogadictos y burreros -calificaciones que les da a los indultados-, eliminando las multas y confiscando "todos los bienes de los narcotraficantes", a través de una modificación a la Ley de Drogas.
Si se considera que el argumento de las autoridades, para bajarle el perfil a los indultos, es que lo que en verdad se hizo fue conmutar las multas, la medida anunciada por Insulza difícilmente aplacará la ira de la derecha. Esto, porque la Ley de Drogas N° 19.366 -promulgada el 12 de julio de 1995 y publicada el 18 de octubre del mismo año- ya contempla la confiscación de los bienes para los narcotraficantes.
El artículo 27 de la mencionada normativa reza "sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso los bienes raíces; los bienes muebles, tales como vehículos motorizados, terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios; todo instrumento que haya servido o hubiere estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en esta ley; los efectos que de ellos provinieren y las utilidades que hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica o las transformaciones que hubieren experimentado, como, asimismo, todos aquellos bienes facilitados o adquiridos por terceros a sabiendas del destino u origen de los mismos".
Incluso, el articulo siguiente -28 de la ley-, precisa el destino que se le dará a los elementos confiscados. Como que ingresarán al Fondo de Desarrollo Regional "para ser utilizados en programas de prevención y rehabilitación del uso de drogas". Similar aplicación se le daría a los recursos producto de las multas y subasta de especies.
Lavín se adelantó
En este contexto, no resulta probable que la Alianza por Chile acepte, de buenas a primeras, el anuncio gubernamental. Menos aún cuando los expertos de Joaquín Lavín ya elaboraron un proyecto alternativo para restringir la facultad de indulto presidencial, eliminándola para el caso de los narcotraficantes. E inmediatamente, el edil capitalino comprometió a los parlamentarios de la Alianza por Chile, particularmente a los que hicieron público el tema de los indultos, los RN Nicolás Monckeberg y el jefe de esa bancada Pablo Galilea, a presentar la iniciativa en el Congreso, lo que se haría en estos días, probablemente hoy mismo.
Esto, aunque aún queda pendiente si la mencionada restricción se ampliará a otros indultos, por el momento al menos, respecto al tema Joaquín Lavín señaló que "el resto" -aludiendo a indultos a otro tipo de delitos- se deben efectuar de forma "abierta, transparente" y "no en secreto" -como a su juicio se habrían hecho los denunciados por el sector-, recalcando que el beneficio nunca se debe entregar a reincidentes en ningún tipo de delito.
La postura del presidenciable opositor se debe a que, según reiteró, entre los indultados hay quienes habían reincidido antes de ser indultado y otros que lo hicieron pese a habérseles otorgado el ahora polémico beneficio. Además subrayó que aún cuando el Gobierno asegura estar actuando con "mano dura", en la práctica no ha sido así pues aplica el indulto.
"Una cosa son las palabras y otra son los hechos. Se dice mano dura en las palabras, pero cuando se indulta a 140 narcotraficantes y gracias a eso salen libertad…dejémonos de cuentos, eso no es mano dura, eso es otra cosa", sostuvo el alcalde de Santiago.
Por su parte, el diputado Monckeberg descartó que la derecha pretenda utilizar políticamente esta polémica, y acto seguido señaló que "no es verdad" que sólo se haya indultados a microtraficantes, como ha sostenido el Gobierno, destacando que "puedo garantizar que más de la mitad de los narcotraficantes condenados tienen una pena superior a los cinco años de cárcel".
Expuestas las cartas del Gobierno y la oposición en torno a la materia, es evidente que una vez más Lagos y Lavín se enfrentarán en el Congreso. Y sólo queda esperar a ver como se resolverá otros de los gallitos que se están haciendo habituales entre el líder indiscutible del oficialismo y su par de la Alianza por Chile. Tomando en cuenta que ya hay senadores y diputados de la Concertación que se han sumado a las críticas de la derecha, el panorama es incierto para La Moneda, que deberá apostar nuevamente a la famosa muñeca de Insulza para alinear a sus parlamentarios.
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